El Santander insiste en la "muerte" del viejo Popular para sortear su imputación

  • Apunta que fue la administración la que "ordenó y ejecutó" su resolución y que existe una "innegable ruptura" con los anteriores gestores. 
Banco Popular
Banco Popular
EFE

El Banco Santander considera que es imposible que tenga que responder penalmente por la quiebra del Banco Popular. Por ese motivo ha vuelto a recurrir su imputación en la causa abierta en la Audiencia Nacional, aunque esta vez lo ha hecho ante la Sala de lo Penal del órgano después de que el magistrado instructor decidiera mantenerle como investigado en calidad de heredero de la entidad. Sin embargo, el banco se desliga completamente de lo que denomina el antiguo Popular hasta el punto de comparar la resolución que acordó la JUR el 7 de junio de 2017 con la "muerte de la realidad jurídica anterior". 

En un denso escrito al que ha tenido acceso La Información, los servicios jurídicos de la entidad que preside Ana Botín, trazan un auténtico divorcio con los anteriores gestores e insisten en que antes de la fusión con el Popular se había producido su resolución "ejecutada y ordenada" por los poderes públicos, lo que puede entenderse como su disolución material. Igualmente, y como ya expusieron en su primer recurso ante el magistrado José Luis Calama Teixeira, aseguran que la fusión por absorción "no tiene ninguna finalidad de fraude de ley", sino que se trata de una fusión real consecuencia lógica de la adquisición de Banco Popular y de la integración de la primera entidad en la estructura de Banco Santander en España.

El instructor de la causa les imputó en enero y ratificó su decisión el pasado 20 de marzo en un escueto auto en el que aseguró que era "evidente" que el Santander, que adquirió la entidad por el simbólico precio de un euro, tenía que responder en este procedimiento porque la transformación o fusión de una persona física no fulmina su responsabilidad penal. Siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, el juez alegó entonces que el Popular no se había extinguido sino transformado y, por ese motivo, tenía que responder penalmente por los hechos que aquí se investigan y que son, por un lado, irregularidades en la ampliación de capital de 2016 y, por otro, la difusión en el mercado de información falsa de la entidad para hacer caer el valor de la cotización.

Una fusión "incuestionablemente favorable" para las acusaciones

Ahora el banco vuelve hacer hincapié en los argumentos esgrimidos en su primer recurso con especial insistencia en que no discute en ningún momento la responsabilidad civil que tenga la entidad de la quiebra del Popular pero sí la penal. Al respecto aseguran una y otra vez que en ningún caso se puede entender que la sucesión universal implique una responsabilidad penal de la persona jurídica que lo heredera, en este caso el banco de Ana Botín. Y además, añade que la fusión en cuestión fue "incuestionablemente favorable para las acusaciones".

El escrito también apela al reglamento de la JUR para justificar que se acordó la venta del Popular mediante el mantenimiento de la personalidad formal, esto es, que no se garantizaría la continuidad del negocio si se hubiera "desgajado" y vendido a un tercero, por lo que el proceso de fusión por absorción se llevó a cabo de acuerdo con la normativa siempre con el fin de evitar la desaparición de la entidad en crisis. Con todo insisten en que aunque el Popular mantiene la misma personalidad, en el fondo se trata de una nueva entidad "porque sus dueños, administradores y patrimonios son distintos".

El "idéntico" caso de Caixabank

"La actuación del Banco Santander ha evitado el terrible impacto que hubiera tenido sobre el mercado financiero español el concurso de Banco Popular y se ha hecho sin que los contribuyentes tuvieran que soportar el coste de su intervención, a diferencia de lo que ocurrió en su día con muchas cajas de ahorro que precisaron de significativos apoyos públicos para asegurar su viabilidad, singularmente Bankia. Estos hechos determinan que Banco Santander no puede heredar la eventual responsabilidad penal del antiguo Banco Popular", añade el escrito. 

Además, y como ya hiciera en su primer recurso, el Santander vuelve a insistir en que existe un "precedente" en este asunto como es el de Caixabank, el cual no ha tenido que rendir cuentas con la Justicia tras la adquisición de Banco de Valencia, pese a que la excúpula de la entidad valenciana tiene varios frentes abiertos en la Audiencia Nacional. En este sentido insiste en que es un asunto "prácticamente idéntico" y que los magistrados tenían que haber adoptado la misma decisión "respetándose al mismo tiempo la finalidad del correspondiente mecanismo de saneamiento bancario aplicado por los poderes públicos"

Mostrar comentarios