El Banco Santander no ve motivos para que los accionistas que suscribieron préstamos con la compra de acciones en la ampliación del Banco Popular congelen los créditos adquiridos. La entidad que preside Ana Botín se opone de esta forma a la pretensión de los minoritarios formulada en la Audiencia Nacional alegando que nadie forzó a los querellantes a adquirir nuevos títulos y que no hubo instrucciones veladas para sacar adelante la operativa, acometida bajo la presidencia de Ángel Ron.
El pronunciamiento de la entidad, cuya imputación levantó la Sala de lo Penal, se produce después de que Emilio Saracho y Ángel Ron hayan sido interrogados en sede judicial por la caída y posterior resolución del Popular. La entidad que lo acabó adquiriendo por un euro se posiciona de esta manera ante la petición hecha por uno de los accionistas que solicitó con carácter urgente que se le suspendiera el pago que resta del total de 750.000 euros que destinó en la compra de nuevas acciones de la entidad. De acuerdo con el reclamante, los declarantes en la Audiencia habrían asegurado que se "forzó" a los clientes a solicitar dichos préstamos.
En concreto, el inversor apoya su tesis en parte de la declaración que prestó el último presidente del banco ante el magistrado José Luis Calama Teixeira. Tanto el instructor como el fiscal Anticorrupción del caso, Antonio Romeral, se mostraron especialmente interesados en conocer la versión de Saracho sobre los pormenores de la ampliación de capital de 2016 y los motivos que le llevaron a emitir un hecho relevante a la CNMV en abril del siguiente año. Al respecto, el banquero aseguró que ordenó una investigación interna apenas tres meses después de suceder a Ron en la presidencia del banco y que la misma puso de manifiesto que "la financiación de las acciones y la ocultación de forma tal que la auditoría interna no lo pudiera descubrir era probada".
"Carece de sentido"
El inversor basa su solicitud pues en la versión de Saracho el cual incluso aseguró que había un "montaje" para financiar con 400 millones la ampliación y que las órdenes que se dieron desde dentro del grupo fueron "verbales". Pero el accionista no solo se ciñe a la tesis de Saracho -desmentida tanto por Ángel Ron como por su exCEO Roberto Higuera- sino que se escuda además en el peritaje del Banco de España, que concluyó que "efectivamente existió financiación de acciones", y en el informe aportado por la CNMV al procedimiento. Dicho documento determinó que se cubrió la compra de 227,7 millones de acciones por un importe total de 284,6 millones de euros.
Sin embargo, todos estos argumentos son, a juicio del Banco Santander, insuficientes para declinar la balanza en favor de los inversores personados en el procedimiento judicial. De hecho, su defensa también se hace eco de los interrogatorios practicados hasta el momento y apunta que tanto Ron como Higuera y el exnúmero dos en la última etapa del banco Francisco Gómez, negaron ante el magistrado que se produjeran instrucciones veladas. Añade incluso que las mismas "carecían de sentido" teniendo en cuenta que en la ampliación de capital que acometió el banco en junio de 2016 hubo una "sobredemanda del 35,75%"
Curiosamente también echan mano del peritaje del Banco de España el cual en un momento determinado concluye que no tenían indicios para pensar que "sistemáticamente se financiase la adquisición de acciones propias". "En todo caso, insistimos, aunque a efectos dialécticos y de mera hipótesis se contemplase que pudiesen haber existido tales instrucciones generalizadas, nadie forzó al querellante a suscribir el préstamo en cuestión ni a destinarlo a la suscripción de nuevas acciones de Banco Popular, de ahí la absoluta improcedencia de la medida cautelar solicitada", sentencia la entidad.
Fuera del objeto de la causa
Sobre los pormenores del interrogatorio a Saracho, el Santander precisa que "ni qué decir tiene" que el asunto relativo al préstamo adquirido no forma parte del objeto de la causa. El escrito se basa en un auto del magistrado Calama Teixeira del pasado 17 de octubre según el cual el procedimiento se cine a dos cuestiones "claramente diferenciadas": la ampliación de 2016 y los hechos acontecidos hasta la resolución y venta de dicha entidad. "Por tanto, no forma parte de esta instrucción el análisis de las concretas circunstancias de la contratación del préstamo", razona el Santander.
El magistrado que comenzó investigando la caída del banco, Fernando Andreu, imputó a los expresidentes y exmiembros del Consejo de Administración del Popular por posibles delitos de falsedad documental, administración desleal, falsedad documental y apropiación indebida. Dos años después de arrancar la instrucción y tras incorporar el peritaje de los expertos del Banco de España, el actual instructor puso en marcha la ronda de interrogatorios que arrancó con Saracho. Tras la declaración de Ron la pasada semana le tocará el turno la que viene a José María Arias (exvicepresidente de la entidad) y Francisco Aparicio Valls (exsecretario del Consejo) a los que seguirán los exonsejeros externos José Ramón Estévez y Reyes Calderón.
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