Saracho se escuda en Auditoría y dice que no había salida: "Fue la Ley de Murphy"

Emilio Saracho ha aprovechado su segunda sesión de interrogatorio en la Audiencia Nacional para apuntalar la tesis que ya dejó caer ayer ante el magistrado que investiga la debacle del Banco Popular; esto es, que no había otra salida al negro panorama que afrontó la entidad en abril de 2017 más que su resolución y que la decisión de cuándo comunicar a la CNMV la reformulación de las cuentas no la tomó él sino el comité de auditoría, a instancias del auditor externo PwC. "Fue la Ley de Murphy", ha dicho el banquero en referencia a todos los acontecimientos ocurridos entonces y que derivaron en una fuga de depósitos de 16.000 millones de euros. 

Fuentes presentes en el interrogatorio consultadas por este diario explican que el banquero ha insistido en que se siguió la política de comunicación vigente en la entidad negando que se produjera manipulación de mercado para hacer bajar el precio de la acción. Así, ha insistido a preguntas del fiscal Anticorrupción Antonio Romeral que, en lo que respecta a la emisión del hecho relevante a la CNMV el 3 de abril de ese año, se produjo porque el comité de auditoría consideró que había que ponerlo en conocimiento del regulador cuanto antes, por lo que fue éste departamento y no él el que estableció el calendario de plazos. La CNMV, por su parte, instó a la entidad a comunicarlo al mercado estos hechos. 

En esos mismos días se produjo la dimisión del entonces consejero delegado del Popular y mano derecha de Ángel Ron, Pedro Larena. Preguntado sobre este hecho, Saracho ha señalado que se trató de una marcha dilatada en el tiempo y que, de nuevo, cuando se filtró a la opinión pública, la CNMV requirió que se comunicara al mercado. Por si fuera poco, una semana después, se produjo la Junta General de Accionistas del banco en la que Saracho puso la puntilla a esta cadena de acontecimientos al admitir públicamente que no había otra salida para la entidad que no fuera su resolución. "No tenía más opción que comunicar las noticias malas", ha dicho al respecto. 

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Saracho, que ha abandonado las dependencias de la Audiencia Nacional visiblemente tranquilo y relajado, no ha hecho referencia alguna en esta ocasión a su antecesor en el cargo, Ángel Ron, aunque tampoco ha asumido responsabilidad directa en la debacle de la entidad. Y ello pese a que el fiscal se ha mostrado especialmente interesado en averiguar por qué se precipitó de esta forma la difusión de noticias al mercado debido que ello desembocó en una fuga de depósitos de 16.000 millones en los últimos tres meses de vida del banco. Precisamente, la imputación de Saracho se sustenta en los acontecimientos finales de la entidad y en una presunta filtración de informaciones "perniciosas", tal y como denunciaron algunos consejeros, para hacer caer el valor de la acción.

Esta salida de depósitos que derivó en la intervención del banco (de acuerdo con las tesis del supervisor) se debió principalmente a las bajadas de rating que llevaron a los mayoristas a retirar las inversiones en la entidad. En lo que respecta a las publicaciones en prensa acerca de la situación crítica en la que se encontraba la entidad, Saracho ha vuelto a negar que él estuviera detrás de las filtraciones como ya hiciera ayer. No obstante, hoy ha ido más allá y ha asegurado que incluso podrían haber trascendidos asuntos de mayor calado como fueron algunas cartas del supervisor en las que advertía que el Popular estaba bajo el radar. 

A falta de que sigan desfilando exaltos cargos y directivos de la entidad por sede judicial, la versión de Saracho será tomada en cuenta tanto por el fiscal como por el magistrado José Luis Calama Teixeira en aras a intentar dilucidar si la difusión de información desde dentro del Consejo de Administración se hizo de manera intencionada. De hecho, el sumario de la causa cuenta con una carta que remitió a finales de 2016 el entonces dircom de la entidad, Carlos Balado, al exsecretario del Consejo Francisco Aparicio Valls en la que mostró su repulsa por las filtraciones que estaban saliendo desde dentro y que llegó a calificar de "perniciosas, irresponsables y desconsideradas".

Con todo, el banquero ha reconocido en sede judicial que comunicó a la Secretaría de Estado de Economía la alarmante salida de depósitos que acabó abocando el banco a la resolución de la JUR y a su posterior compra por parte del Santander, el cual sigue personado en las actuaciones puesto que aunque la Sala le levantó la imputación penal, le mantiene como responsable civil en caso de que tenga que responder económicamente por lo ocurrido en el Popular. Tras Saracho, el siguiente en desfilar en sede judicial será exvicepresidente Roberto Higuera, el cual está llamado a declarar los próximos días 8 y 9 de febrero.