Lunes, 14.10.2019 - 23:06 h
Admite filtraciones desde el Consejo

Saracho dice que el exCeo de Ron ordenó financiar la compra de acciones en 2016

Confirma ante el magistrado que se encontró al banco en peor situación de la que esperaba y que financiaron gran parte de la ampliación. 

Emilio Saracho Popular
Emilio Saracho ha ratificado la versión que prestó en el Congreso en 2018. / EP. 

Emilio Saracho ha apuntado ante el magistrado que investiga la quiebra del Banco Popular que la entidad financió con 400 millones la compra de acciones por parte de clientes en la ampliación de capital de 2016 y que se trató de un movimiento que ordenó Francisco Gómez, exnúmero 'dos' del entonces presidente Ángel Ron, según informan fuentes presentes en la declaración. De esta forma el banquero se pronuncia en la misma línea que la CNMV, la cual ya puso de manifiesto este aspecto concreto en un informe que obra en el sumario de la causa.

El último presidente del banco antes de su debacle ha sido preguntado por este hecho concreto en tanto le llevó a la entidad a remitir un hecho relevante el 3 de abril de 2017 al regulador. En el mismo, se informó de diversos errores en las cuentas del ejercicio anterior con un impacto por importe agregado de 700 millones. Parte de esta corrección que Saracho comunicó a la CNMV se debió a esta operativa de compra de acciones que ahora achaca a la antigua cúpula de la entidad.

Las fuentes consultadas explican que Saracho ha restado importancia a esta modificación apuntando que no fue un aspecto especialmente significativo, pero subrayan que, tras la reexpresión de las cuentas del 3 de abril, se ordenó un informe de responsabilidades que finalmente señala al exconsejero delegado como responsable de haber coordinado de forma  verbal la financiación para la compra de acciones en la ampliación de capital del ejercicio 2016.

Cabe recordar que la financiación de clientes para la compra de acciones, como hizo el Popular hacer ahora tres años, no es una práctica irregular en sí misma; ahora bien, sí lo es contabilizar el dinero en las ratios de solvencia puesto que hay que deducirlo del capital. Con todo, Saracho ha reconocido en su primera sesión de declaración en la Audiencia Nacional que hizo todo lo que pudo por evitar la resolución de la entidad la cual se encontró mucho peor de lo que realmente esperaba. 

Retasaciones inmobiliarias: operación fallida

En este primer día de interrogatorio, Saracho ha sido preguntado por el magistrado instructor por todos los detalles que envuelven su corta presidencia del banco. Así, se ha remitido a su llegada a la entidad en febrero de 2016 afirmando que entre las personas que le propusieron que presidiera el banco fue la consejera Reyes Calderón, y que cuando aterrizó en el Popular apenas meses antes de su caída, se encontró un consejo de administración dividido. 

Al igual que hiciera en su declaración en la comisión de investigación del Congreso en julio de 2018, Saracho ha afirmado que intentó salvar al banco de la resolución que finalmente acometió la JUR. Entre los aspectos que estudió, se encuentran la venta del banco a un competidor, si bien tras analizar las opciones comprendió que no era una alternativa viable y que parecía una operación muy difícil. En esta línea, ha explicado al juez que esperaba noticias positivas de las retasaciones inmobiliarias las cuáles ordenó a su llegada al banco ante la buena marcha del sector. No obstante, este proceso resultó igualmente insatisfactorio, pues se encontró que la valoración de estos activos estaba 'inflada' en unos 1.600 millones de euros, aproximadamente.

Las fuentes consultadas han explicado que ha estado más comedido en esta declaración judicial que en su comparecencia en la cámara baja el pasado año si bien ha insistido en que en sus 108 días al frente de la entidad pudo corroborar que tenía un déficit de capital de 5.500 millones de euros. En lo que respecta al funcionamiento interno de la entidad, el banquero ha confesado que es consciente de que se produjeron filtraciones desde el interior de su Consejo de Administración pero no ha dado más detalles al respecto. 

El magistrado que comenzó instruyendo la causa, Fernando Andreu, abrió una investigación penal de cara a averiguar todos las presuntas irregularidades cometidas por los últimos gestores y que habrían llevado a la entidad a su resolución y posterior venta al Santander por un euro. El instructor le atribuye delito de manipulación de mercado por la presunta difusión de noticias falsas que tendrían como objetivo hacer caer el valor de la acción. Con todo, este asunto se abordará especialmente en la sesión de mañana en la que continuará el interrogatorio el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral y, tras él, preguntarán sus letrados Jesús Santos y Carlos Gómez Jara. 

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