Arranca la ronda de interrogatorios a exconsejeros del Gobierno madrileño implicados en la trama Púnica. El primero de ellos en declarar ante el magistrado Manuel García Castellón ha sido el que fuera responsable de la cartera de Medio Ambiente Borja Sarasola, el cual ha negado en reiteradas ocasiones haber participado en reunión alguna en la Asamblea de Madrid en aras a recaudar fondos para una presunta caja 'b' del Partido Popular regional, según informan fuentes jurídicas.
Sarasola, que ha respondido a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y de su letrado Joaquín Burkhalter, ha asegurado que es "imposible" que existiera dicho encuentro que le atribuye la UCO en tanto a la hora que los investigadores apuntan que se reunieron había sesión de control y estaban todos ella. De acuerdo con la Policía Judicial, el exconsejero del Gobierno habría participado en una reunión en la Asamblea de Madrid el 7 de junio de 2012 en la que estarían presentes el entonces vicepresidente del Gobierno regional Ignacio González y el exconsejero delegado de la Agencia Informática madrileña José Martínez Nicolás, ambos investigados en este caso.
Los agentes de la UCO exponen que en este encuentro González pidió que se reuniera un millón de euros para sanear la caja 'b' del PP regional, la cual había quedado maltrecha tras la "fastuosa" campaña que se encargó y diseño para las elecciones del año 2011 en las que Aguirre revalidó su victoria. Igualmente también buscarían recaudar fondos de cara a los próximos comicios de 2015, de acuerdo con la tesis de los investigadores que hoy ha desmentido Sarasola. Sí ha reconocido que Martínez Nicolás estuvo presente ese día en la sesión de control en calidad de alto cargo de un organismo dependiente del ejecutivo madrileño, como es el ICM, según fuentes consultadas por este diario.
No controlaba la agenda de Aguirre
El exconsejero madrileño sí ha reconocido, como ya consta en el sumario, que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le presentó en aquel entonces al informático Alejandro de Pedro, considerado como el 'conseguidor' de la red e implicado igualmente en la presunta financiación opaca del partido. Los investigadores apuntan que este empresario elaboró numerosos trabajos de mejora de imagen mediante campañas 'online' para el entonces equipo de Gobierno y que éstos fueron costeados con dinero público que saldría de las arcas de organismos públicos así como de la fundación vinculada al PP, Fundescam.
Sarasola no ha dicho nada más al respecto y simplemente se ha limitado a apuntar que él en ningún momento se encargó de las contrataciones de la Comunidad de Madrid. Tampoco ha señalado a ningún superior en concreto, bien sean Ignacio González o Esperanza Aguirre, pese a que las fiscales Anticorrupción sitúan a esta última en el epicentro de esta práctica que habría comenzado con motivo de su llegada a la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2003. Al respecto, sí se ha referido a su relación con la entonces líder del PP regional para apuntar que no controlaba su agenda pero que reservaba determinados huecos para actos relacionados con la formación.
Las obras de Génova, fuera de la causa
El exdiputado popular en la Asamblea de Madrid también ha sido interrogado por las obras de reforma de la sede del partido en la calle Génova aunque su letrado (que es el mismo que defiende a Bankia como entidad jurídica en la causa por la salida a bolsa), ha interrumpido a las fiscales apuntando que este asunto está fuera de la causa. Sobre lo que sí se ha pronunciado es acerca de su relación con algunos de los empresarios implicados en esta presunta caja 'b' del PP regional. Al respecto ha dicho que conocía a Juan Miguel Madoz Echevarría, administrador de Swat y que puede que hubiera coincidido en algún momento con el también empresario Daniel Horacio Mercado.
Los investigadores implican a Sarasola en esta dinámica al menos desde el año 2007. En concreto apuntan que sabía de primera mano que Ignacio González dio luz verde al desvío de fondos públicos desde la Comunidad de Madrid por importe de 195.727 euros camuflados en forma de subvención a Fundescam. Esta cuantía, según los investigadores, fue destinada a sufragar los gastos electorales del partido de ese ejercicio en el marco de una dinámica que también se llevó a cabo en las generales de 2008 y que, de acuerdo con el informe de la UCO, también conocía Sarasola.
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