Sarkozy y su política de deportación de gitanos topan con la Iglesia

  • París.- El Gobierno de Nicolas Sarkozy ha cerrado hoy filas para defender la actual política de expulsiones de gitanos y rebatir las innumerables críticas que está generando, las últimas desde la Iglesia católica y el propio Papa Benedicto XVI.

El ministro francés, dispuesto a explicar a la Iglesia la expulsión de los gitanos
El ministro francés, dispuesto a explicar a la Iglesia la expulsión de los gitanos

París.- El Gobierno de Nicolas Sarkozy ha cerrado hoy filas para defender la actual política de expulsiones de gitanos y rebatir las innumerables críticas que está generando, las últimas desde la Iglesia católica y el propio Papa Benedicto XVI.

El ministro del Interior, Brice Hortefeux, ha sido el primero en responder y lo ha hecho invitando al presidente de la Conferencia Episcopal de Francia, el cardenal y arzobispo de París André Vingt-Trois, a un encuentro para analizar y explicarle su versión de esta polémica.

"Estoy plenamente dispuesto a recibir, si él lo desea, al presidente de la Conferencia Episcopal (...) acompañado de quien quiera", según Hortefeux, quien insistió en que estará "encantado" de escuchar "lo que me tengan que decir".

El cardenal ya le ha tomado la palabra y, a través de varios medios de comunicación galos, ha dicho que acepta su propuesta.

La reacción del ministro se produce después de que el Papa aludiera, sin citarla expresamente, a la ofensiva gala contra el colectivo gitano en un mensaje, tras la oración del Angelus de este domingo, en el que apelaba a saber acoger las "legítimas" diferencias humanas.

Y antes que el Pontífice, otros dos representantes de la Iglesia católica en Francia censuraron abiertamente las medidas del Ejecutivo contra los gitanos.

Uno de ellos, un sacerdote de Lille (noroeste), el padre Arthur Hervet, llegó a decir públicamente que reza para que Sarkozy tenga una crisis cardiaca que le impida seguir adelante con su "guerra" contra los gitanos.

"Rezo, os pido perdón, para que el señor Sarkozy tenga una crisis cardiaca", dijo este sacerdote, muy conocido por su apoyo a la comunidad gitana, tras oficiar la habitual misa dominical, aunque horas después precisó sus declaraciones en un comunicado.

Ni Hortefeux ni el ministro de Inmigración, Eric Besson, comentaron sus palabras y simplemente se limitaron a rebatir a quienes se empeñan en condenar algo que, según ellos, es totalmente legítimo y además se está haciendo en otros lugares.

Según Besson, las palabras que se están escuchando al respecto en las últimas semanas "dan la impresión de que estamos en la Segunda Guerra Mundial".

Se habla de "'nazi','fascismo', 'deportación'", dijo el ministro a la emisora de radio "France Inter", antes de calificar de "muy injustas" todas las críticas que llegan desde fuera a un país que lo está haciendo "mucho mejor que sus socios europeos en materia de ayuda a la reinserción" de colectivos de inmigrantes como pueden ser los gitanos.

Se refirió también al mensaje del Papa en el que apelaba a la "fraternidad universal", algo en lo que Francia aventaja a muchos otros países, agregó Besson.

"Somos el segundo país del mundo, después de Estados Unidos (...) en materia de asilo" y, según él, en el caso de los extranjeros en situación irregular, Francia aplica las normas "más respetuosas" con ese colectivo.

Otro miembro del Ejecutivo, el ministro de Agricultura, Bruno Le Maire, se sumó hoy a la polémica para recordar la vigencia del "principio de separación total de Iglesia y Estado".

Desde la oposición, sigue hablándose de política vergonzosa, peligrosa y racista no solo en lo que afecta a los gitanos, sino en términos de seguridad en general.

El ex primer ministro, Dominique de Villepin, escribe en un artículo que hoy publica "Le Monde" que en la bandera francesa hay "una mancha de vergüenza" causada por la "deriva inaceptable" del Gobierno en materia de seguridad.

Otro ex primer ministro, el socialista Lionel Jospin, habla en el mismo periódico de una "estrategia de tensión" que es "peligrosa para el país".

El Gobierno hace caso omiso y prosigue con las expulsiones y el desmantelamiento de campamentos ilegales. En menos de un mes, se han evacuado 88 instalaciones de ese tipo y se ha deportado a más de 200 gitanos, a los que se añadirán al menos otros 600 en los próximos días.

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