¿Se debe despolitizar el Tribunal Constitucional?

  • Un estudio de la Fundación Alternativas aboga por que cualquier reforma del Tribunal Constitucional (TC), cuyo objetivo sea recuperar el prestigio de la institución y evitar la "politización partidista", sea global, consensuada y dentro de un proceso más amplio de cambios en la Justicia.

EFE

Un estudio de la Fundación Alternativas aboga por que cualquier reforma del Tribunal Constitucional (TC), cuyo objetivo sea recuperar el prestigio de la institución y evitar la "politización partidista", sea global, consensuada y dentro de un proceso más amplio de cambios en la Justicia.

El estudio del experto en Ciencia Política Pablo José Castillo Ortiz, publicado por la Fundación Alternativas, afín al PSOE, realiza un análisis comparado con otras instituciones análogas de la Unión Europea, y concluye que cualquier estrategia que se adopte debe contar con un consenso político amplio como condición "indispensable".

El diagnóstico de la situación actual del Constitucional parte de episodios como los relacionados con la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña o la incapacidad de las fuerzas políticas para llevar a cabo la renovación de los magistrados que han cumplido su mandato, para resaltar la imagen "claramente deteriorada" del tribunal que estos acontecimientos trasladaron al debate público.

En este momento, el TC es uno de los órganos institucionales cuya renovación sigue bloqueada por la falta de acuerdo entre los políticos.

En concreto, cuatro de los doce puestos de magistrado que componen el tribunal están pendientes de renovación.

Uno de ellos permanece vacante desde que falleció en 2008 Roberto García Calvo y los otros tres están ocupados por Eugeni Gay, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera, cuyo mandato caducó en noviembre de 2010 y que llegaron a presentar su renuncia para instar al PSOE y el PP a llegar a un acuerdo para su sustitución, sin conseguirlo.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón anunció en su toma de posesión en diciembre su intención de lograr en tres meses esa renovación, todavía pendiente, y poco después el presidente del Constitucional, Pascual Sala, coincidía con él en que la Justicia "no debe politizarse".

Ante los problemas de legitimidad del TC, el informe de la Fundación Alternativas señala que una reforma del alto tribunal, en caso de llevarse a cabo, debe ser global y no quedar ceñida a aspectos concretos o parciales, y enmarcarse en una reforma más amplia de la Justicia.

"Dada su delicada situación, cualquier reforma de la institución ha de ser completa y en profundidad, evitando reformas parciales que a medio plazo puedan derivar en nuevas y agravadas dinámicas de politización partidista", indica el documento.

No obstante, apunta algunas posibles medidas susceptibles de ser consideradas para lograr un funcionamiento menos politizado del TC, entre ellas la instauración de un mandato vitalicio para los magistrados, como existe en otros tribunales constitucionales europeos.

En cualquier caso, advierte de que "debe tenerse muy presente" que, en un contexto de politización de la institución, esta solución puede tener también la consecuencia negativa de alargar en el tiempo una situación indeseable.

Igualmente, ve como una opción plausible la restricción de su composición a jueces de carrera, aunque no suponga necesariamente una mayor independencia.

El autor del análisis vincula los problemas del TC con un concreto modelo de relaciones entre la maquinaria del Estado y los partidos políticos, en el que incluye el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Por eso aboga también por una reforma que tenga presente el papel de las asociaciones profesionales en el gobierno de los jueces.

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