Miércoles, 27.03.2019 - 02:20 h

Se elevan a una veintena las causas judiciales pendientes del exalcalde de Atarfe

El último juicio fue suspendido por su estado de salud, por el que, según han concluido los médicos, no debe ser sometido a "situaciones de estrés"

El último juicio fue suspendido por su estado de salud, por el que, según han concluido los médicos, no debe ser sometido a "situaciones de estrés"

GRANADA, 19 (EUROPA PRESS)

El exalcalde de Atarfe (Granada), el socialista Víctor Sánchez, tiene alrededor de una veintena de causas judiciales abiertas, la última por la que iba a ser juzgado relacionada con la posible comisión de un delito continuado de prevaricación ordinaria y otro de prevaricación urbanística en el caso del cambio presuntamente irregular de la edificabilidad de unos terrenos del residencial Balcón de Cubillas, cercano al campo de golf.

Esta vista, que estaba prevista en la Sección Primera de la Audiencia Provincial el pasado 25 de marzo, fue suspendida sin embargo por la ausencia del acusado, que alegó razones de salud para no asistir. Entonces, el presidente del tribunal, Jesús Flores, ordenó que forenses del Instituto de Medicina Legal se personasen en su domicilio para elaborar un informe acerca de su estado, un documento que ya están estudiando las partes personadas.

Según han informado a Europa Press fuentes del caso, los facultativos han concluido que Sánchez tiene riesgo de rotura del aneurisma de aorta abdominal que sufre, "por lo que no puede ser sometido a situaciones de estrés". De hecho, el tribunal está barajando la posibilidad de no someterle a juicio.

Además de esta causa, y pese a que Atarfe es un pequeño pueblo del área metropolitana de Granada con 16.000 habitantes, Sánchez tiene por delante otros procedimientos penales, unos con fecha ya señalada de juicio y otros aún no, según la información recabada por Europa Press. Por ejemplo, en febrero de 2015, concretamente del 9 al 13, debería sentarse en el banquillo de los acusados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial por la venta supuestamente irregular de unos terrenos de equipamiento público a un promotor que, en lugar de construir un complejo para la tercera edad como estaba previsto inicialmente, edificó un total de 116 apartamentos de uso libre, en el llamado caso 'Espartero'.

Las causas que tiene abiertas proceden de denuncias interpuestas por Ecologistas en Acción, Salvemos la Vega y Adobe Compromiso Social, varios particulares, o el PP. Concretamente, los tres primeros presentaron varias denuncias relacionadas con el desarrollo urbanístico de Atarfe en marzo de 2007.

La primera está relacionada con el llamado caso de la Alcoholera, en el que está imputado tanto Sánchez como el arquitecto municipal, por el cambio de uso presuntamente irregular de un terreno industrial a residencial, que investiga el Juzgado de Instrucción 5 de Granada. El segundo es el de 'Espartero', por el que será enjuiciado, si su salud se lo permite, en febrero del próximo año; y el tercero, que instruyó el Instrucción 4 y que será enjuiciados previsiblemente por el Juzgado de lo Penal 4 --aunque todavía no hay fecha-- tiene que ver con la construcción de un colegio dentro de un instituto de Atarfe, con la consecuente pérdida de suelo público.MEDINA ELVIRA Y BRICOCEPINT

También en 2007 Ecologistas en Acción, Salvemos la Vega y Adobe Compromiso Social interpusieron una cuarta denuncia por el residencial Medina Elvira, que se encuentra a la espera de que la Audiencia Provincial fije fecha de juicio; y una quinta, el caso Bricocepint, por el que Sánchez fue juzgado en la Audiencia en enero de este año, del que resultó absuelto.

Durante los años 2008 y 2009 los concejales del PP en el Ayuntamiento de Atarfe también presentaron otras seis denuncias, entre ellas la del Balcón de Cubillas, que es la última que ha llegado a la Audiencia y que está pendiente de una resolución tras el informe de los forenses sobre el estado de salud del exalcalde. También tiene que fijarse nueva fecha de juicio de otro caso relacionado con la construcción de un residencial en la UER-12.

En este, la Audiencia se declaró incompetente para juzgar a Sánchez, para el que la Fiscalía pide cuatro años y medio de prisión, 18 de inhabilitación y multa de 6.000 euros, y remitió las actuaciones para su enjuiciamiento al Juzgado de lo Penal 4, que aún no ha señalado el día de la vista.

Los 'populares' también denunciaron la enajenación presuntamente irregular de suelos públicos en el SI-11, en lo que habría supuesto una presunta operación especulativa en beneficio del promotor que compró los terrenos y en detrimento de los intereses generales, un asunto que investiga actualmente el Juzgado de Instrucción 6 de Granada y por que el que están imputados Sánchez, el arquitecto y el interventor municipal.

También el mismo juzgado instruye otros dos casos tras una denuncia del PP, los dos por operaciones similares de enajenación; el primero en una urbanización de la localidad del SR-7, conocida como Los Pitres; y el segundo en el SR-2A de Atarfe.

En el año 2009, varios particulares afectados por las irregularidades urbanísticas denunciaron otros casos en los que se sentían víctimas del urbanismo desarrollado por el equipo de gobierno de Atarfe, del PSOE. Concretamente, la enajenación de aprovechamientos anticipados en fincas situadas alrededor del casco urbano del municipio antes de aprobar los Planes Parciales --que investiga el Juzgado de Instrucción 2--; o el desarrollo urbanístico de Ciudad Ilíberis --que instruye el número 6--.

Precisamente el de Ciudad Ilíberis también fue llevado por Ecologistas en Acción y Salvemos la Vega ante la Fiscalía General de Medio Ambiente en Madrid, además de otras dos causas --sobre la empresa municipal Proyecto Atarfe y la adaptación de las Normas Subsidiarias de Atarfe a la LOUA--, si bien éstas son archivadas al entender el Ministerio Público que ya estaban judicializadas, teniendo en cuenta que ya las investigaban otros juzgados granadinos.

A partir del año 2012 hay otras cuatro causas más. La primera ya no sólo imputa a Sánchez, sino también al que lo sucedió, el actual alcalde, el socialista Tomás Ruiz Maeso, por los posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y estafa en un caso derivado de la investigación relacionada con el residencial Medina Elvira y el campo de golf, por el que se enfrentan a dos años de cárcel y diez de inhabilitación, según la petición de la Fiscalía, del pasado mes de julio.

Este segundo caso sobre la urbanización se centra, fundamentalmente, en las licencias de primera ocupación otorgadas sin que estuvieran finalizadas las obras de urbanización, que posibilitaron que los promotores vendieran parte de las viviendas construidas sin reunir los requisitos mínimos de habitabilidad. También están imputados el arquitecto y el secretario municipal, así como varios promotores de la urbanización. El juez ha concluido ya la instrucción y ha convertido las diligencias previas en procedimiento abreviado, y en la causa están personados Ecologistas en Acción y la mayoría de los compradores de las viviendas de Medina Elvira.

También está pendiente un asunto relacionado con los locales de la Plaza de Toros de Atarfe, concretamente por su cesión a un banco a cambio de que condonara la deuda de 7,5 millones de euros a la empresa municipal Proyecto Atarfe. Fueron por ello denunciados ante la Fiscalía por el entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Manuel Aranda, los consejeros de Proyecto Atarfe pertenecientes al grupo socialista, pero también los dos de IU, que votaron a favor.

A este rosario de denuncias se suman además la que interpuso un particular, en junio de 2012, contra el Ayuntamiento y contra un promotor por haberle vendido éste un solar urbano en un suelo industrial clasificado como tal, sin contar con las infraestructuras de saneamiento; y una pieza separada derivada de la investigación del patrimonio del arquitecto municipal, que lleva Instrucción 6.

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