Se entrega a la justicia alto exfuncionario de Guatemala acusado de corrupción

  • El empresario guatemalteco Gustavo Alejos, exalto funcionario en el gobierno de Álvaro Colom vinculado a un caso de corrupción en el ente de la seguridad social, se entregó este lunes tras permanecer casi dos meses prófugo de la justicia, informó una fuente judicial.

"Efectivamente (Alejos) se entregó" al Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, encargado de investigar una trama de corrupción en el Seguro Social, dijo a la AFP Ángel Pineda, vocero de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala.

Alejos es requerido por las autoridades desde el pasado 27 de octubre por su presunta participación en negociaciones ilícitas en perjuicio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), según reveló una investigación de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU.

En relación con el caso han sido detenidas 11 personas, seis de ellas funcionarios del IGSS y el resto proveedores de medicamentos.

Alejos, quien fungió como secretario privado de Colom, es considerado uno de los principales operadores de la red, que manipulaba contratos con el IGSS por sumas millonarias aún no precisadas para obtener beneficios ilícitos.

En mayo pasado, otra investigación similar en el IGSS reveló un fraude millonario en la adjudicación de un contrato de medicina para enfermos renales, lo que condujo a la detención del entonces presidente de la institución, el militar Juan de Dios Rodríguez, así como del jerarca del Banco Central de Guatemala, Julio Suárez.

El caso fue hecho público un mes después de que la Fiscalía y la CICIG destaparon un fraude millonario en las aduanas nacionales, que derivó en la renuncia del entonces presidente Otto Pérez y su vicepresidenta Roxana Baldetti, señalados como los cabecillas de una estructura que cobraba sobornos a empresarios para la evasión de impuestos.

Pérez y Baldetti guardan prisión preventiva mientras se investiga su participación en el negociado, y un juez decidirá en enero si deben enfrentar juicio por tales hechos.

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