Se escucharon chiflidos cuando el secretario del Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires anunció la ausencia del expresidente de 85 años (1989-99), por problemas de salud señalados por su abogado Omar Daer.
La defensa de Menem justificó su ausencia por "problemas de hipertensión arterial, diabetes, esclerosis" y pidió que siga el juicio por videoconferencia, pero el secretario del tribunal consideró ilegible el informe médico y la presencia del ex mandatario pendiente de decisión.
Otro de los acusados ausentes fue el extitular de los servicios de inteligencia Hugo Anzorreguy, que iba a seguir la audiencia por videoconferencia desde una clínica de Buenos Aires, donde se encuentra hospitalizado por una infección.
Fallas técnicas impidieron la conexión con el tribunal presidido por el juez Jorge Gorini.
La audiencia empezó con una lectura de las acusaciones por parte del fiscal Roberto Salum, que junto a Sabrina Namer forman parte del equipo de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA que reemplazó a Alberto Nisman, hallado muerto en enero pasado.
"Esperamos condenas ejemplares", reclamó Diana Malamud, cuyo marido trabajaba en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y murió en el atentado que dejó 85 muertos y 300 heridos.
Desde el 18 de julio de 1994, cuando ocurrió el atentado en un barrio comercial de Buenos Aires, los familiares de las víctimas reclaman justicia.
La justicia argentina acusa a exaltos funcionarios de Irán de haber organizado el ataque contra la AMIA, y de haber encargado al grupo armado libanés Hezbolá de perpetrar el ataque, algo que Teherán niega.
Pero este juicio no es contra acusados del atentado en sí, sino los inculpados de haber ocultado pruebas y desviado la investigación.
Junto al ahora senador Menem, también están inculpados el destituido juez Juan José Galeano, que estuvo a cargo de la instrucción, Anzorreguy y un exdirigente de la comunidad judía.
Entre otros delitos se les imputa violación de medios de prueba, falsedad ideológica, encubrimiento, abuso de autoridad y peculado.
Este es el segundo juicio por la causa AMIA luego de una anulación en 2004 tras la absolución de todos los acusados argentinos de proveer el apoyo logístico.
Entre ellos estaba Carlos Telleldín, un vendedor de autos robados acusado de haber proporcionado la camioneta bomba que voló el edificio.
Telleldín, quien ya había purgado 10 años de cárcel preventiva, está nuevamente en el banquillo acusado de cobrar una coima de 400.000 dólares para inculpar falsamente a una decena de policías, también absueltos en 2004.
El exjuez Galeano está acusado del pago a Telleldín, que lo justificó al considerarlo imprescindible para esclarecer el atentado.
También están acusados dos ex comisarios por haber perdido cientos de horas de escuchas telefónicas, dos exfiscales, e incluso Ruben Beraja, quien era presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) en los 90.
"Es un juicio sumamente importante, que además tiene una participación destacada, como mascarón de proa, donde se trata, por un lado, el encubrimiento sobre todo de la pista siria (...)", dijo el secretario general de la DAIA, Jorge Knoblovits.
Menem está acusado de haber recomendado al juez de abandonar la llamada 'pista siria', que involucraba a un ciudadano de ese origen y cuyas familias estaban vinculadas.
Esta hipótesis supone una supuesta venganza del entonces presidente de Siria Hafez El-Assad, a quien Menem negó proveerle material militar bajo presión de Estados Unidos, pese a sus promesas preelectorales a cambio de fondos para su campaña.
Además de las pistas iraní y siria, otra línea nunca investigada apuntó a un grupo argentino de extrema derecha.
Tres asociaciones de familiares de las víctimas, enfrentadas a la dirigencia judía, y los policías falsamente acusados, se constituyeron en querellantes (parte civil) en el juicio.
Está previsto que unos 140 testigos desfilen durante este juicio, cuyo inicio se demoró tres años desde que finalizó la instrucción, iniciada en 2000 y por la que pasaron dos jueces, uno de ellos desplazado por demorar la causa.
A pedido de Memoria Activa, el jueves estuvo presente Paulo Vannuchi, veedor internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La cuestión AMIA resurgió dramáticamente en enero cuando el fiscal Nisman, a cargo de la causa desde 2004, fue hallado muerto en su departamento, en un hecho aún no esclarecido.
Nisman había acusado a la presidenta Cristina Kirchner de tratar de encubrir a los iraníes acusados por el atentado, al firmar en 2013 un memorandum entre Buenos Aires y Teherán para poder interrogar a los inculpados en Irán.
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