A las empresas que han invertido en centrales eléctricas de ciclo combinado, en regasificadoras, en gasoductos, en almacenes y en compra de materia prima no les llega la camisa al cuerpo. Temen por el futuro del negocio, amenazado por el despegue de las energías renovables, la caída de la demanda y los planes de transición hacia una economía descarbonizada que dirige la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, poco partidaria de los combustibles fósiles.
Naturgy, Iberdrola o Endesa, en España, y otras grandes corporaciones internacionales presionan para que Ribera mantenga las ayudas que venían cobrando por mantener sus centrales disponibles -170 millones al año-. Al menos hasta que estén en condiciones de cubrir el hueco en la generación de electricidad que dejará el cierre de las centrales de carbón más contaminantes y la clausura progresiva de los siete reactores nucleares.
Engie (la antigua GDF), Shell y Aliq han advertido a Ribera sobre la posibilidad de cerrar centrales de ciclo combinado si se recortan las ayudas. Las empresas tienen hechos sus cálculos. Creen que los más de 26.000 MW de potencia instalada en ciclos combinados pueden hacer el agosto a medio plazo ante la progresiva desaparición del carbón (10.000 MW de potencia instalada) y las nucleares (7.117 MW). Con una condición: que el Gobierno mantenga las ayudas necesarias para pagar salarios e impuestos. En ese caso, las empresas estarán en condiciones de aguantar hasta 2022 y recoger, al menos durante unos años, jugosos beneficios.
El gran objetivo
El objetivo de las empresas es convertir el gas en la energía de respaldo de las renovables. Su gran argumento: el almacenamiento de energía todavía no está desarrollado y sólo el gas puede asegurar el suministro en un sistema con tecnologías descartadas y tecnologías -las renovables- que producen electricidad de forma irregular.
Es todo un sueño porque la situación del sector gasista no es buena. En el año 2012, el Gobierno paralizó las inversiones en nuevas infraestructuras gasistas por la falta de demanda y por el déficit generado por la infrautilización de las instalaciones. El Gobierno del PP levantó la suspensión este año, pero el panorama sigue siendo malo para las empresas.
Según datos del operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), el porcentaje medio de funcionamiento a máxima potencia de las 50 centrales de ciclo combinado que existen en España apenas alcanzó un 15,5% en 2017. Siete plantas funcionaron por debajo del 1% de su capacidad.
En la orden ministerial de tarifas del gas 2018 también se retrata la mala situación del sector. De 3.017 millones de euros de costes previstos, más de 338 millones corresponden a la anualidad por los problemas en las regasificadoras de El Musel, Cartagena y Huelva, almacén Castor, Doñana, los pagos a la empresa estatal argelina Sonatrach por laudos arbitrales y déficits acumulados a 2014 y los de 2015 y 2016.
Labor de lobby en Bruselas
La preocupación por el futuro del gas no es solo en España. En Bruselas, el lobby del gas también trabaja a toda máquina.En 2017 se creó la asociación Gas por el Clima (G4C) para convencer a la UE de que el gas y el biogás son fundamentales para alcanzar emisiones netas cero de gases de efecto invernadero para 2050.
En España, los planes del Gobierno pueden ser una oportunidad, según creen las empresas gasistas. Muy probablemente, en 2021 sólo se mantengan activas cuatro de las 15 centrales térmicas en funcionamiento. Serán las de Aboño y Soto de la Ribera, ambas propiedad de EDP Energía y ambas en Asturias y las de As Pontes (Galicia) y Carboneras (Andalucía), propiedad de Endesa. Esos cierres, más los de las centrales nucleares que vayan cumpliendo 40 años dejarán oportunidades de negocio para cubrir la demanda. Al menos por un tiempo.
Para el Ministerio de Transición Ecológica, tanto el gas como las inversiones en grandes infraestructuras que conlleva tienen fecha de caducidad. Lo dijo Ribera en una de sus comparecencias en el Congreso: "Ojo con pasarse de frenada", en referencia tanto al empleo del gas como al desarrollo de grandes infraestructuras. Porque, en su opinión, las preguntas pertinentes sobre el negocio gasista son "qué, para qué, cuándo y hasta cuándo".
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