El exdirector de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, no está conforme con el cauce de la investigación que sigue la Audiencia Nacional por los contratos que firmó la eléctrica con el entramado empresarial de José Manuel Villarejo. El policía considera que se le está causando indefensión porque las actuaciones, tras cinco meses de diligencias, siguen bajo secreto de sumario y porque también se ha "relegado a la nimiedad procesal" su testimonio como máximo responsable de seguridad de la eléctrica. Es por ello que adelanta que no descarta acudir al Tribunal de Estrasburgo ni tampoco interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
En sendos escritos remitidos a la Audiencia Nacional y a los que ha tenido acceso este diario, Asenjo lamenta que los investigadores han priorizado escuchar en sede judicial a José Antonio del Olmo, el exdirectivo díscolo con la gestión de la cúpula de la multinacional a la que le acusa de elaborar facturas falsas para costear los servicios del comisario jubilado. El que fuera director de funciones corporativas ha declarado hasta en tres ocasiones en sede judicial (las mismas que Asenjo, pero en calidad de testigo) para dar cuenta de su informe que recogería la existencia de facturas que desde Iberdrola niegan. Pero, al margen de estos hechos, Asenjo denuncia pérdida de imparcialidad del magistrado Manuel García Castellón.
Tras el último de los interrogatorios practicados al exdirector de Seguridad, su defensa anunció que interpondría un incidente de recusación contra el instructor. Lo que buscaba era apartarle de este macroprocedimiento por responderle durante su declaración que no creía lo que estaba contando, en relación a uno de los encargos concretos que Iberdrola efectuó a Villarejo. El magistrado, por auto del pasado 11 de marzo, declinó admitir a trámite el incidente y expuso que se había presentado extemporáneamente. La defensa de Asenjo responde ahora negando que se interpusiera fuera de plazo y le reprocha que no solo se limitó a inadmitir la causa de recusación sino que deliberó sobre el fondo del asunto.
La irrupción de Del Olmo
En sus escritos, Asenjo asegura que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 parece encontrar en el secreto que se mantiene en esta pieza "patente de corso" para no dar respuesta a todas sus pretensiones. Tras la apertura el pasado mes de octubre de esta parte separada del caso, Asenjo anunció su intención de declarar ante los investigadores en aras a reportar acerca de los encargos así como los audios que obran en el sumario de la causa de sus conversaciones con Villarejo. Sin embargo, la relación con los investigadores se ha tensado hasta el punto que anunció por adelantado que no respondería más preguntas relativas a las escuchas por considerar que estaban manipuladas y que, por lo tanto, son nulas.
La causa por las contrataciones que costaron a la eléctrica vasca poco más de 1 millón de euros está demostrando que existen dos posturas encontradas sobre este asunto. Por un lado, la del exdirectivo Del Olmo que insiste en implicar a la cúpula de la cotizada en la trama de espionaje que habría costeado con facturas falsas a través de su proveedora Casesa. Y, por otro, la versión que mantienen Asenjo en sede judicial y la empresa mediante comunicados acerca de que se contrataron los servicios de Cenyt entre los años 2004 y 2017 para labores de inteligencia y de investigación privada. Igualmente ambos desacreditan a Del Olmo e insisten en que su famoso informe que refrendó un notario en 2004 es falso y ni tan siquiera existe.
Nuevas vías de investigación
Por su parte, Anticorrupción y el juez se centran en averiguar de quien salió la orden de encargar estos servicios a Villarejo. El magistrado mantiene que con estas contrataciones se habría cometido delito de cohecho al tratarse de un policía en activo en el momento que se firmaron los contratos. Sea como fuere, en otro escrito diferente, Asenjo se hace eco de algunas publicaciones que apuntan que el Ministerio Público podría ampliar la actual investigación por los delitos de cohecho y revelación de secretos e incluir delito de alteración de precios de las cosas por un encargo concreto que afectaría directamente a Endesa en plena pugna por la OPA de Gas Natural.
Al respecto, el policía también descarta este extremo y precisa que, de haberse producido, estaría prescrito puesto que habría tenido en todo caso antes de 2005. Sea como fuere, la investigación en esta pieza decimoséptima del caso Tándem avanzó mucho las últimas semanas antes de que las actuaciones judiciales de todo el país se vieran paralizadas tras decretarse el estado de alarma.
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