Seis años de prisión a Griñan por el caso de los ERE y 9 de inhabilitación a Chaves

La sentencia del caso de los ERE ha dictaminado seis años de cárcel para el expresidente y exconsejero de Economía de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñan, más 15 años de inhabilitación para ocupar cargo público, por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en la concesión de ayudas a las empresas en crisis durante 10 años por valor de 680 millones de euros. El otro expresidente encausado, Manuel Chaves, sufrirá nueve años de inhabilitación.

Griñan era el máximo responsable de la cartera de Economía entre 2000 y 2009, que fue cuando se produjeron los hechos, y el juez ha optado por condenarle por no haber establecido los controles necesarios, ni antes ni después, para evitar que las ayudas del plan 31-L para empresas en crisis se adjudicara de forma fraudulenta, cuando se considera que era consciente de que eso era así. Fueron dos legislaturas, y sus dos exconsejeros de empleo en esa época, José Antonio Vera y Antonio Fernández, también cumplirán siete años de cárcel cada uno, mientras que sobre el director general de Empleo, Javier Guerrero, pesa una de las condenas más altas de todas, de ocho años de cárcel, junto con el exconsejero de Innovación y expresidente de IFA-IDEA, la agencia que instrumentó las ayudas, Francisco Vallejo. 

Al final, el juez ha condenado a 20 de los acusados y ha absuelto a dos de ellos. De los sentenciados, 12 tienen penas de prisión que van de seis a ocho años más la correspondiente inhabilitación para cargo público,  mientras que otros siete solo se consideran culpables de prevaricación, con penas inhabilitación. La sentencia no es firme y puede ser recurrida aún ante el Tribunal Supremo.

Según la sentencia, Griñán fue "plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó" al conceder las subvenciones de los ERE a través de las transferencias de financiación, según explica el magistrado Juan Antonio Calle Peña en un resumen de la sentencia. El expresidente asumió "la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31-L fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados", añade el juez.

En los anteproyectos de presupuestos en los que Griñán participó como consejero, se incluyó el uso de la transferencia de financiación al ente público IFA-IDEA, de la Consejería de Trabajo, dentro del programa para pagar subvenciones, como se decía en las memorias de los presupuestos, explica el magistrado. Por ello, Griñán aprobó que figuraran como ingresos las cantidades recibidas vía transferencia de financiación del programa 31-L, y que se incluyeran dentro del apartado "otros gastos de explotación", para equilibrar las cuentas.

"Y ello, a sabiendas de que el IFA-IDEA no tenía gasto alguno, ni realizaba actividad propia con esos ingresos, pues únicamente se limitaba a pagar", razona el ponente de la sentencia. "La presupuestación de estos gastos ficticios evidencia que la Consejería de Economía y Hacienda conocía que las subvenciones no eran concedidas por IFA-IDEA, sino por la Consejería de Empleo, pues de lo contrario, no hubiese sido necesario haber presupuestado los citados gastos ficticios", concluye el magistrado.

Dentro de los altos cargos condenados, el exconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía cuando se produjeron los hechos, y exdiputado nacional, Gaspar Zarrías, cumplirá 10 años de inhabilitación para empleo en cargo público, solo por un delito de malversación.

Por otro lado, la exconsejera andaluza de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez ha sido condenada también a nueve años de inhabilitación especial para cargo público por prevaricación.  Álvarez ha sido condenada como responsable de la elaboración y gestión de los Presupuestos andaluces que recogían la partida que pagaba las ayudas sociolaborales -mediante transferencias de financiación de la Consejería de Empleo al ente público IFA, encargado de abonarlas-. Fue también ministra de Fomento en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2009, así como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) desde junio del 2010 hasta junio del 2014, cargo al que renunció un año después de que fuera imputada formalmente en el caso de los ERE.

Los responsables de las carteras de Empleo y de Innovación, así como los altos cargos de la agencia IDEA, han sido los más castigados por la sentencia de la Audiencia de Sevilla, por considerar el juez que participaron directamente en la ejecución y el diseño del proceso administrativo fraudulento con el que se justificó el reparto millonario desde la Junta de Andalucía a las empresas y a muchos 'paracaidistas' que se vieron recompensados aunque no trabajaran en ellas. 

Dentro de los condenados, la exviceconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía Carmen Martínez Aguayo, cumplirá seis años de cárcel por malversación y 15 años de años de inhabilitación como autora de un delito continuado de malversación y prevaricación. Sobre el exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, recaén siete años de cárcel y 18 de inhabilitación. mientras que su homólogo en Innovación, Jesús María Rodriguez Román, tiene otros seis años de condena y 15 de inhabilitación. 

En la agencia IDEA, los exdirectores generales Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete, tienen postuladas dos condenas de seis años y medio y ocho años de cárcel, respectivamente, además de la correspondiente inhabilitación.  

Después de casi cinco años de instrucción y siete mese de juicio oral, este martes se ha publicado la sentencia que afecta a los 21 imputados por el caso de los ERE. Todos están señalados por participar directa o indirectamente en el procedimiento específico que se aplicó en Andalucía entre 2000 y 2009 para conceder ayudas de forma discrecional y arbitraria a empresas en crisis, lo que supuso un coste de 680 millones de euros a las arcas públicas sin que hubiera "ningún control" sobre ellos, según Anticorrupción.

Se trata de la sentencia sobre el procedimiento general en la concesión de las ayudas, que servirá de base para los casi 190 casos particulares sobre empresas que hay abiertos en los juzgados andaluces, que se tendrán que resolver más adelante. En muchos de esos casos concretos, además de los problemas con la legalidad de todo el proceso, se detectaron grandes cantidades de dinero que iban a parar a personas vinculadas a sociedades, pero que no trabajaban en ellas, con lo que la cuestión se complica sobremanera.