Moncloa vela armas de cara a la histórica sentencia del 'procés'. El lunes es un día marcado en rojo, con un gabinete de crisis convocado para la ocasión y con la plana mayor del Gobierno en funciones movilizada para calibrar las consecuencias de la decisión del Tribunal Supremo y dar una respuesta oportuna. Pedro Sánchez se la juega -así lo reconocen en su equipo- y por eso quiere ofrecer una contestación a los independentistas que sea contundente y, a la par, que no provoque el efecto contrario. El objetivo es evitar el llamado 'efecto Estatut' y que el fallo, a pesar de que pueda asumir el criterio de la Abogacía y condenar a los procesados por sedición y no rebelión, no se convierta en una fábrica de secesionistas tanto en Cataluña como en País Vasco.
Fuentes de Moncloa pedían ayer paciencia de cara al inminente fallo judicial. "Tranquilidad" solicitaba un alto cargo del Gobierno en funciones mientras Sánchez anunciaba desde Alcorcón su propuesta para salir del bloqueo. En el gabinete del presidente tienen previsto leer con calma la sentencia y analizarlo para, a continuación, ofrecer esa valoración política tan esperada. Podrían pasar horas, por tanto, entre la comunicación del Supremo y la reacción de Moncloa. Pero habrá respuesta, aseguran las fuentes consultadas, descartando mantener el silencio que decidió adoptar el Gobierno de Rajoy tras el 1-O. Solo entonces habló con contundencia el Rey en su ya famoso discurso del 3-O.
Pero, ¿qué es ese 'efecto Estatut'? Dícese de la reacción que provocó la sentencia del Tribunal Constitucional en la ciudadanía catalana. En 2010 el alto tribunal declaró inconstitucionales 14 artículos del texto autonómico que salió del Parlament y que José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a respetar. Fue una bomba para el 'poble' catalán. A partir de ese momento el sentimiento independentista se disparó en una Cataluña donde, hasta ese momento, apenas un 20% de los catalanes apostaba por la creación de un Estado propio.
Para conocer la evolución de la opinión de los catalanes respecto a la relación que quieren tener con España es necesario echar mano del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). El equivalente al CIS nacional lleva preguntando desde 2006 lo mismo. "Cree que Cataluña debería ser..." La respuesta mayoritaria lleva siendo desde hace varios años "un Estado independiente" y es precisamente a partir de ese año 2010 cuando empieza a alcanzar cuotas reseñables. En 2012, justo los meses posteriores a la llegada de Rajoy al poder, le da el 'sorpasso' a las dos respuestas mayoritarias hasta ahora: que Cataluña sea "una comunidad autónoma" o que se convierta en "un Estado dentro de una España federal".
La independencia, por tanto, es la opción preferida por la mayoría de los españoles desde hace al menos siete años y lo sigue siendo a día de hoy. En el último sondeo del mismo CEO un 34,5% de los catalanes consideraba que la secesión era la mejor opción frente a 27% que apostaba por mantener su actual estatus como autonomía. Sí que es de mencionar que desde que Sánchez ha llegado al poder ese sentimiento independentista ha descendido al pasar del 38,8% de respuestas en julio de 2018 al citado 34,5% un año más tarde. El propio presidente en funciones suele presumir en público que su apuesta por el diálogo escenificada en Pedralbes ha tenido este efecto.
Las cifras son más contundentes cuando se pregunta a los catalanes directamente "¿quiere que Cataluña se convierta en un Estado independiente?" Las opiniones están más igualadas. Así, en el último año ha venido venciendo la opción del 'sí'. Pero en el último barómetro del CEO el sentimiento independentista descendió en picado para imponerse la opinión contraria a la secesión. En el siguiente gráfico se puede comprobar la evolución de esta cuestión a lo largo de los últimos años:
A medio plazo el plan de Sánchez para Cataluña es claro. Lo expresaba en la última página del adelanto del programa electoral con el que el PSOE concurrirá a las elecciones. "Apostamos por un Estado de las Autonomías fuerte y cohesionado. Mejoraremos la colaboración institucional con todas las comunidades autónomas y abordaremos el conflicto de convivencia en Cataluña impulsando el diálogo entre catalanas y también entre el Gobierno de España y la Generalitat, siempre dentro de la Constitución". No habrá referéndum, en conclusión.
Lo que pueda ocurrir a partir del lunes nadie lo sabe. En Moncloa tienen todos los escenarios contemplados: desde un incremento de la tensión y un nuevo incumplimiento de la legalidad que les lleve a aplicar de nuevo el artículo 155 hasta una victoria del independentismo sensato. Por eso para Sánchez la sentencia de este lunes es una bomba de relojería. Su equipo quiere medir al máximo la respuesta y por eso ha vaciado su agenda de actos a lo largo de la próxima semana para tomar decisiones de forma pausada y meditada. No quiere correr riesgos y cometer errores que puedan ser aprovechados por los independentistas.
En el equipo de Sánchez tampoco ha pasado desapercibido la actual división en el independentismo. Hay dos facciones que no coinciden en la estrategia que tiene que dar el Govern a la sentencia: por un lado, el equipo de Waterloo, liderado por Carles Puigdemont, que apuestan por una "respuesta más ruidosa". Del otro lado, el grupo de Oriol Junqueras, más pragmático y que quiere ofrecer una actitud más "cívica". Uno de los dirigentes más destacados de este segundo grupo, el vicepresident Pere Aragonès, estará el jueves 24 en Madrid en un desayuno informativo y el Gobierno central todavía no ha decidido sí acudirá al mismo.
Con quien sí puede contar Moncloa en esta situación de incertidumbre es con Foment del Treball. La patronal emitió el pasado jueves un comunicado pidiendo que las "reacciones políticas" a la sentencia del Supremo sean "administradas con responsabilidad" para "garantizar por encima de todo la convivencia y evitar que la legítima manifestación de la protesta afecte el normal desarrollo de la actividad económica y cohesión social". La organización que preside Josep Sánchez Llibre añadía que a partir de ahora "se abre una nueva etapa política para que desde el respeto mutuo, siempre dentro de la legalidad, se pueda superar el callejón sin salida actual entre Cataluña y el resto de España y, a través del pacto, se facilite la recuperación de la estabilidad y de la normalidad democrática e institucional".
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