El Tribunal Supremo ha rebajado la pena a Iñaki Urdangarin, pero el cuñado del rey Felipe VI no evitará la cárcel a no ser que el Constitucional suspenda provisionalmente la ejecución. La Sala de lo Penal del alto tribunal no ha escuchado a la Fiscalía, que había reclamado que su castigo por aprovecharse de su pertenencia a la familia real para recabar fondos de administraciones públicas de Baleares, Valencia y la Comunidad de Madrid a través del Instituto Nóos, se incrementara hasta los 10 años y lo ha dejado en 5 años y 10 meses al entender que no hay pruebas contra él en el delito de falsedad en documento público. Urdangarin fue condenado por la Audiencia de Baleares el 17 de febrero de 2017 a seis años y tres meses de cárcel por dos delitos fiscales, prevaricación, fraude, malversación, falsedad documental y tráfico de influencias.
El periplo judicial del caso Nóos termina con la sentencia del Supremo pero Urdangarin todavía puede presentar un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional y solicitar que, mientras no haya decisión definitiva de este último, se suspenda provisionalmente el ingreso en prisión. No existe una norma escrita que lo establezca y la decisión queda a discreción de los magistrados, pero la doctrina del Constitucional fija el límite para suspender la ejecución en los cinco años de cárcel, según fuentes fiscales. Una vez presentado el recurso de amparo -previsiblemente basado en el derecho a la tutela judicial efectiva- la Sala pedirá informe a la fiscalía del Constitucional que tendrá que manifestarse a favor o en contra de esa medida cautelar.
En una de sus últimas admisiones a trámite, la del recurso de los condenados por el caso Blanquerna -el ataque de un grupo ultra en la celebración de la Diada del 11 de septiembre 2013 en una librería de Madrid, en la que fueron agredidos varios políticos nacionalistas-, los magistrados suspendieron el ingreso en prisión con una condena de tres años y 11 meses de cárcel tras admitir sus recursos de amparo. "Este tribunal ha adoptado como una directriz general que la pena se sitúe por encima o por debajo de la frontera de los cinco años de prisión, por ser el límite que ha establecido el propio legislador penal para diferenciar entre las penas graves y las más graves", dijo entonces el Constitucional.
El tribunal mantiene la responsabilidad de partícipe a título lucrativo de Cristina de Borbón por los delitos de fraude y malversación de su esposo, pero no por sus dos delitos fiscales. La exonera de estos últimos gracias al recurso de Ana María Tejeiro, también considerada partícipe a título lucrativo de los delitos fiscales de Torres, su esposo y socio de Urdangarin en Nóos, lo que se hace extensivo a la infanta. La hermana del Rey permanece como responsable solidaria con su marido pero por una cantidad menor. En lugar de 265.000 tendrá que abonar 136.950 euros que ya abonó a lo largo del proceso.
En el caso de Torres, el tribunal reduce también su castigo, que pasa de ocho años y medio a cinco años y ocho meses. Los magistrados mantienen la condena por malversación y prevaricación al ser absuelto del delito de blanqueo de capitales por el que le condenó la Audiencia de Palma así como del de tráfico de influencias. Del primero se libra por falta de pruebas. Del segundo, por no reflejar los hechos probados su participación directa en esa conducta que sí se aprecia en Urdangarin. La Sala mantiene las penas del expresidente balear Jaume Matas (3 años y ocho meses), la de 15 meses de su exdirector de Deportes José Luis 'Pepote' Ballester; la de Gonzalo Bernal, exgerente de la fundación Illesport (15 meses); así como las de un año impuestas al exgerente del Instituto Balear de Turismo Juan Carlos Alía y su exasesor jurídico Miguel Àngel Bonet.
Anticorrupción solicitó 19 años
Con esta nueva rebaja, el esposo de la infanta Cristina ha conseguido disminuir aún más el tiempo que, previsiblemente, permanecerá en prisión. El fiscal del caso -ahora en excedencia- Pedro Horrach había solicitado inicialmente 19 años y medio durante el juicio celebrado en Palma de Mallorca a principios de 2016. El castigo se quedó en 6 años y tres meses porque las magistradas descartaron cualquier delito por la organización de las cumbres de Valencia Summit así como la participación de Nóos en la candidatura olímpica de Madrid.
Junto a Urdangarin, fue condenado su socio, Diego Torres, a ocho años y medio de cárcel. El motivo de su incremento de pena respecto al cuñado de Rey fue que, a la nómina de delitos que se achacaron a este último, Torres sumó el de blanqueo de capitales del que ahora le exoneran, lo que le supuso casi dos años más de condena. Según la sentencia de la Audiencia de Baleares, el Gobierno de esa comunidad autónoma contrató con el Instituto Nóos, del que eran propietarios por mitades Torres y Urdangarin, por el patrocinio del equipo ciclista Illes Balears y los eventos Illes Balears Fórum, celebrados en 2005 y 2006, cuya organización se concedió a dedo a Nóos por decisión personal del también condenado Jaume Matas en lugar de tramitarse mediante concurso abierto a otras ofertas tal y como la ley establece.
Los dos delitos fiscales del esposo de la Infanta se produjeron al cobrar sus honorarios a través de la sociedad Aizoon que compartía con su esposa. En lugar de tributar por el IRPF como le correspondía, lo hizo por el Impuesto de Sociedades, lo que le permitió pagar menos. El hecho de que esa sociedad patrimonial perteneciera también a Cristina de Borbón fue lo que motivó su acusación por parte del pseudosindicato ultra Manos Limpias, que solicitó ocho años para ella, aunque finalmente fue absuelta.
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