La investigación que sigue la Audiencia Nacional contra el empresario Antonio Mas Samora -conocido como el 'Madoff catalán'- por una presunta estafa piramidal en la venta de espacios publicitarios ha puesto el foco en el movimiento de dinero que efectuó desde sus cuentas personales y de las mercantiles que administraba. El resultado de las pesquisas revelan que llegó a recibir transferencias por importe total de 201 millones de euros, muchas de las cuáles provenían de paraísos fiscales y de empresas pantalla creadas para dificultar el rastreo del movimiento de capitales.
Así lo acredita un informe remitido por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) al que ha tenido acceso La Información y según el cual existen serios indicios de la comisión de blanqueo de capitales por parte del principal acusado en este macroprocedimiento a través de sus mercantiles Publiolimpia y ATA Producciones. La Audiencia Nacional, que asumió la investigación el pasado verano ante el volumen de esta presunta estafa y el número de afectados, investiga si simularon la adquisición de espacios publicitarios en televisión para venderlos a todo tipo de inversores, entre los que se encuentran los empresarios Paloma Segrelles o Michael Domecq.
La documental incorporada al sumario y aportada por Bankia, recoge todo el entramado societario que estaría implicado en esta estafa aunque pone el acento en la sociedad Ata Producciones, constituida por Mas en Barcelona en el año 2003, y en Publiolimpia, mercantil clave en la causa. Con el objetivo de ampliar el negocio, el empresario creó ya en 2011 Medios de Comunicación ATA S.L. Las pesquisas han puesto sobre la mesa que esta última carece de empleados y pasó de no tener actividad y registrar un cifra de negocios de 0 euros en 2013 a facturar en el ejercicio siguiente 4.600 millones de euros.
De este modo, el equipo de cumplimiento normativo de la entidad determina que la documentación aportada por Mas Samora es insuficiente de cara a justificar el origen de los fondos porque estos no han sido generados por sus mercantiles. Respecto a Publiolimpia determinan que recibió transferencias de más de 200 millones de euros desde Suiza, Luxemburgo o Alemania en concepto presuntamente de "financiación privada", es decir, de inversores que luego volvieron a reembolsarse las cuantías aportadas tras moverlas por distintas sociedades del grupo.
Precisamente con ese fin se constituyó en Suiza la mercantil Neb Econopubli S.L. Los investigadores determinan que ostenta el 25% de la misma el empresario de nacionalidad marroquí David Benabou, del que no disponen más información. Esta sociedad, que nació en 2013 con un capital ligeramente superior a los 2,2 millones de euros, canalizó los préstamos concedidos por mercantiles domiciliadas en Luxemburgo y fue utilizada igualmente como cuenta puente de los fondos cuyo destino final eran para Publiolimpia.
Ingresos en efectivo de 300 millones
Los movimientos de la mercantil alcanzaron cuantías muy elevadas. De hecho, se ordenó el ingreso de transferencias por importe de cerca de 24 millones de euros desde las cuentas privadas de Antonio Mas o de 12 millones desde empresas de Luxemburgo, entre otras. También registró ingresos en cheque superiores a los 81 millones de euros y en efectivo de 309 millones. De nuevo en este punto el Sepblac remite a la Audiencia Nacional que el principal acusado no entregó más documentación relevante a la entidad bancaria dada la "sensibilidad y confidencialidad" de la información.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, asumió la causa ante la magnitud de la misma aunque mantuvo a los Mossos d'Esquadra al frente de la investigación, denegando de esta forma que fuera la UDEF la que se encargara de las pesquisas, tal y como solicitaron algunas víctimas de la estafa piramidal. Igualmente ordenó a los afectados que se agruparan en un total de nueve acusaciones para no enternizar las diligencias de este procedimiento, siguiendo así el protocolo de las causas complejas.
No obstante, esta causa también ha llegado a un juzgado mercantil de Madrid. En el marco de la misma se tramita el concurso de acreedores de Caná Cuatro, también implicada en esta trama. La empresa que controla la familia San Martín ha ofrecido a los inversores perjudicados un total de 10 millones de euros para evitar que se proceda a su liquidación y salvar así su capital social. Esta mercantil se presenta como la auténtica damnificada por los negocios de Mas y defiende que entró en situación de "insolvencia definitiva" después de que el empresario catalán no le devolviera las cantidades invertidas en el negocio ni los presuntos beneficios acordados.
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