Antes del rescate

SEPI sospechó que el dueño de Plus Ultra usó a su mujer como 'testaferro'

El organismo público detectó que la titular real de las empresas que adquirieron la mayoría de las acciones no está presente en el Consejo de Administración de la aerolínea, según consta en el sumario de la causa.

Plus Ultra
SEPI sospechó que el dueño de Plus Ultra usó a su mujer como 'testaferro'.
PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) detectó que Plus Ultra no había aportado toda la información reclamada a la hora de solicitar el rescate de 53 millones de euros como consecuencia de la pandemia de la covid-19. La aerolínea no había acreditado suficientemente quiénes eran los socios mayoritarios, por lo que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) solicitó en noviembre de 2020 a la compañía un "requerimiento de subsanación, complemento y mejora de la solicitud" para que detallara, entre otras cuestiones, por qué la titular real de las dos sociedades que adquirieron más acciones de Plus Ultra "no parece estar presente" en su Consejo de Administración. Se trata de Aurora López López, esposa del empresario venezolano y administrador de la compañía aérea, Rodolfo Reyes Rojas.

El Gobierno dio luz verde a la concesión de este préstamo en marzo de 2021, después de que la SEPI analizara durante meses si Plus Ultra reunía todas las condiciones para recibir dicha cantidad, algo que tanto PP como VOX cuestionan ante un juzgado de Madrid, ante el cual presentaron sendas querellas que han derivado en la apertura de una investigación penal. Durante la tramitación, el Fondo de Apoyo requirió en varias ocasiones documentación y "aclaraciones" para estudiar la petición. La primera fue en octubre de 2020 y una segunda reclamación tuvo lugar un mes después para obtener una "justificación" de algunos puntos de la solicitud; la "mejora o complemento" de algunos aspectos financieros y fiscales sobre vuelos, así como un plan de contingencia por si la recuperación de la ruta se diera más lento de lo previsto, y un plan de transición ecológica, entre otras cuestiones.

En todo este requerimiento, la SEPI también solicitó una "aclaración de aspectos organizativos y de recursos humanos", en la que incluyó la identificación de los accionistas mayoritarios. Según consta en el sumario de la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, al que ha tenido acceso La Información, Plus Ultra informó a la SEPI de la titularidad real de los socios con más del 25% en el capital social e identificó a todos aquellos accionistas que suscribieron acciones en la última ampliación de capital de 9 millones de euros realizada el 25 de julio de 2018. En este sentido, indicó que Aurora López adquirió un total de 474.332 acciones por un importe de 2,89 millones de euros. Se da la circunsancia de que esta accionista es la titular de Fly Spain, cuya empresa matriz es Snip Aviation, sociedad que suscribió otras 368.782 acciones por el valor de 2,24 millones de euros, y cuyo presidente es Reyes Rojas, el principal administrador de la aerolínea.

De este modo, López se convertía en la propietaria mayoritaria de las participaciones de la aerolínea rescatada, si bien la SEPI elevó sus sospechas de por qué no aparece como miembros en el Consejo de Administración del Plus Ultra. Ante estas dudas, la compañía aérea afirmó que en realidad sí "está presente" a través de su marido, Rodolfo José Reyes Royas y otros dos miembros del Consejo de Administración de Snip Aviation, Raif El Arigie Harbier y Roberto Roselli Mieles.

Sin deudas pendientes

La juez Esperanza Collazos admitió a trámite las querellas de los partidos de Pablo Casado y Santiago Abascal el pasado 17 de mayo por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública, cohecho y tráfico de influencias contra el Consejo Gestor de la FASEE, dependiente de la SEPI, quienes aún no han sido llamados a declarar. En dicho auto, acordó una batería de diligencias para comenzar a investigar si con la concesión de la ayuda pública se incurrieron en dichos delitos y entre todas esas pruebas la magistrada instructora interesó que la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social aportaran las declaraciones trimestrales de IVA, pago de impuestos, declaraciones anuales del 'modelo 347', así como un certificado de deudas correspondiente a Plus Ultra y a Snip Aviation entre los años 2015 y 2019.

El certificado de posibles deudas ya ha sido entregada al juzgado por parte de la Agencia Tributaria, que señala que una vez "examinados los datos y demás antecedentes" registrados en su base de datos, no le consta que Plus Ultra o la empresa que preside el empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas tengan pendientes el pago de alguna deudas. Eso sí, subraya que tampoco "tiene conocimiento" si alguna de estas sociedades tienen alguna obligación tributaria incumplida.

Bloqueo temporal del rescate

El caso sobre el rescate de Plus Ultra cogió cierto impulso el pasado mes de julio cuando la juez paralizó la transferencia de la segunda parte del rescate, la correspondiente a 34 millones de euros, hasta que la compañía acreditara la necesidad de recibir dicha cantidad. Todo ello con el fin de evitar el riesgo de que el Gobierno hiciera una "entrega no justificada" que pudiera suponer un "menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior". Finalmente, la ayuda se desbloqueó el 9 de agosto, pero ello llevó a las acusaciones populares ejercidas por el PP y Vox a pedir una serie de medidas cautelares, que aún no han recibido respuesta. 

Por un lado, los 'populares' instaron a la constitución de una hipoteca sobre las aeronaves que Plus Ultra pudiera tener en su activo, una petición a la que se han opuesto tanto la defensa de la compañía como la Fiscalía de Madrid y la Abogacía del Estado, en representación de los miembros del organismo público, debido a que la aerolínea no tiene aviones en su propiedad. Por otro lado, Vox ha reclamado una caución a los socios de la empresa rescatada y el rastreo de vuelos, si bien, según han señalado fuentes jurídicas a este diario, la juez instructora aún no ha dado traslado de esta petición a las partes para que informen al respecto. No obstante, según obra en el sumario de la causa, la defensa de la compañía aérea se ha adelantado y se ha opuesto a la medida. De hecho, acusa al partido liderado por Abascal de utilizar datos "sesgados" y "sin rigor" para impulsar una investigación por "lo que sea".

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