Íñigo de la Serna, el exalcalde de Santander que dejó Cantabria para convertirse en ministro de Fomento, ha conseguido la autorización para convertirse en autónomo y asesorar a empresas privadas. El visto bueno -obligatorio para todos los cargos gubernamentales- ha llegado once meses después de abandonar el Gobierno de forma precipitada por la moción de censura y ceder la cartera a José Luis Ábalos.
De la Serna se quedó en paro después del adiós del Ejecutivo de Rajoy. Eso le obligó solicitar una indemnización por el algo más de año y medio que estuvo al frente del departamento responsable de las infraestructuras del país. Cobró 4.773,51 euros durante tres meses, lo que hizo un total de 14.479 euros como compensación económica.
Defenestrado del PP de Pablo Casado, De la Serna ha tenido que buscarse la vida en la empresa privada. Ahora ha recibido esta autorización para ejercer como trabajador por cuenta propia. En concreto, tiene el visto bueno para desarrollar actividades de consultoría de gestión empresarial, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Así consta en la resolución de la Oficina de Conflicto de Intereses que data del pasado 18 de marzo. Y es que como alto cargo que fue necesita pedir permiso al Ministerio de Política Territorial y Función Pública para poder dedicarse a labores que no sean incompatibles con sus responsabilidades ministeriales.
Hay que recordar que, después de cobrar la citada indemnización de 14.500 euros, De la Serna se incorporó a Nec Ibérica como consejero asesor y también al Banco Interamericano de Desarrollo. Más tarde fichó por Amrop Seeliger Conde, la firma de cazatalentos dirigida por Luis Conde y en la que su día también trabajó Esperanza Aguirre.
De la Serna fue, además, el primer ministro de Rajoy en anunciar que dejaba la política tras la moción de censura. Dijo que quería desempeñar su profesión -es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos-, pero se ha decantado finalmente por la consultoría. Antes de llegar a Fomento había sido presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y encabezó el Consejo de Municipios y Provincias de Europa, entre otros cargos. Estuvo dos décadas en la política.
No es el único alto cargo del Gobierno de Rajoy que se ha incorporado a la empresa privada en este tiempo. Soraya Sáenz de Santamaría, Rafael Catalá, Pedro Morenés... El último movimiento, según se ha adelantado en estas páginas, es el de uno de los colaboradores de la exvicepresidenta en La Moncloa, Juan del Alcázar, técnico comercial y economista del Estado que fue director general de la Administración Periférica del Estado y que desde la moción de censura estaba encuadrado en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Se hará cargo de una unidad de nueva creación, la de 'advocacy', en Banco Santander.
Otros cargos que acaban de recibir autorización para fichar por la empresa privada son Enrique Lasso, exdirector general de relaciones con las Comunidades Autónomas y entes locales de Presidencia, que se incorporará al grupo de restauración Restalia; Vicente Ferrer, que fue director de la Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social del Ministerio de Sanidad, que fichará por Zeg Servicios Auxiliares; y Carmen Vela, exsecretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía, que se incorporará al Patronato de la Fundación Azierta.
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