Serra y Todó aseguran que la subida salarial fue avalada por el Banco España

Barcelona, 21 oct.- El expresidente y el exdirector general de Caixa Catalunya Narcís Serra y Adolf Todó han defendido hoy la legalidad de los aumentos salariales aprobados para directivos en 2010, con la entidad en crisis, y han alegado que fueron avalados por el Banco de España y recomendados por consultoras externas.

Serra y Todó han declarado hoy como imputados por presunta administración desleal al frente de la última etapa de Caixa Catalunya (cuando ya se fusionó con Caixa Tarragona y Caixa Manresa) ante el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, a raíz de una denuncia que presentó la Fiscalía contra la antigua cúpula de la entidad.

Según fuentes judiciales, ambos han insistido ante el juez en la legalidad de las decisiones que tomaron en 2010, cuando se aprobaron sobresueldos para la cúpula, y han puesto como ejemplo de cumplimiento de la ley el hecho de que el Banco de España y el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) avalaran los aumentos de las retribuciones que son ahora objeto de investigación.

Concretamente, han argumentado ante el juez que el Banco de España conocía los sueldos de los directivos de la entidad de ahorro a través de los informes y memorias que se remitían periódicamente, sin que nunca objetara nada, y que el FROB mantuvo esas retribuciones incluso después de haber aportado 1.200 millones de euros a la entidad.

Según los imputados, la subida salarial cumplía la directiva europea de 2009 que, precisamente, limitaba las remuneraciones de los exdirectivos y la propia Generalitat tenía conocimiento de la misma a través de los informes que periódicamente recibían de la entidad.

Serra y Todó han asegurado también que los aumentos retributivos se aprobaron siguiendo la recomendación de varios informes encargados a tres consultoras externas y que aconsejaban subir los salarios de los directivos para adaptarlos al nivel salarial del mercado.

Además, han insistido en que las subidas pretendían servir como empuje económico a la entidad e incentivar al cuadro directivo porque una de sus principales preocupaciones era evitar que se fuera.

Tras prestar declaración ante el juez durante más de dos horas, Serra ha defendido también su gestión ante los periodistas calificando las subidas salariales de "legales", "leales" y hasta "convenientes", pese a que se produjeron en plena crisis.

El exdirigente socialista ha subrayado que "la lealtad del consejo de administración está más que demostrada".

Por otra parte, el juez ha desestimado la petición realizada por la asociación de usuarios de la banca, Ausbanc, de decretar prisión preventiva para Serra y Todó, propuesta a la que no se ha sumado la Fiscalía.

Hoy ha declarado también ante el juez como imputado Joan Güell, que fue vicepresidente de la comisión retributiva de Caixa Catalunya en representación de los impositores, un cargo que, ha argumentado, le correspondió por sorteo.

El imputado, que ha revelado que él y su familia son afectados de preferentes, ha dicho que no tuvo ninguna participación en la decisión de subir los salarios de los directivos, pero ha reconocido que votó a favor.

Según fuentes judiciales, tanto Serra como Todó han apuntado que, pese a que el voto del consejo de administración en que se aprobaron los sobresueldos era secreto, creen que los siete contrarios a la subida procedían de representantes de los trabajadores.

En concreto, los sobresueldos que son objeto de investigación se aprobaron en sendas resoluciones del consejo de administración de enero y octubre del año 2010, pese a que en julio de ese mismo año la entidad tuvo que acudir al FROB a pedir una primera ayuda de 1.250 millones. La caja recibió después dos ayudas más de 1.700 y 9.084 millones de euros.

Todó, que presidió Catalunya Caixa entre octubre de 2011 y mayo de 2013, ganó en la entidad un total de 4 millones de euros (3,1 en retribución fija y 0,8 en retribución variable) y se aseguró pólizas y planes de pensiones por valor de 8,2 millones, según la Fiscalía.

Pese a que Narcís Serra tenía un cargo representativo en la entidad, recibía "elevados emolumentos en concepto de dietas", que en 2006 llegaron a los 135.707 euros, hasta que entre 2007 y 2010 combinó las dietas con un salario, por lo que pasó a cobrar entre 236.000 y 260.000 anuales.