Los duelistas lo tenían claro: de perfil se ofrece menos blanco. El nuevo presidente de Red Eléctrica de España (REE), Jordi Sevilla, ha decidido dejar en manos del Gobierno la decisión de comprar la compañía de satélites Hispasat , propiedad de ACS y de la italiana Atlantia tras el acuerdo por el que ambas empresas adquirieron Abertis. Red Eléctrica de España (REE) está participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en un 20%.
El anterior presidente de REE, José Folgado (PP), inició a finales de 2017 negociaciones con Abertis para adquirir Hispasat. Desde entonces, según fuentes al tanto del proceso, el precio reclamado por los nuevos propietarios se ha elevado: de los 1.000 millones negociados por la Abertis controlada por Caixa a los 1.300 que piden los nuevos propietarios. Es un precio que, según fuentes internas de la compañía, REE no está dispuesto a considerar. La operación no es una prioridad para Sevilla, algo que también confirma Abertis.
Abertis, está inmersa en su propia operación corporativa. Aún no está concluida al 100% la adquisición del gestor de autopistas, dueño de Hispasat, por parte de la constructora ACS y su competidor italiano Atlantia. Por ahora, el control accionarial de Abertis es de Hochtief, la filial alemana de ACS, a través de la que se lanzó la oferta de compra (opa), pero aún quedan pasos por delante. Ambas tienen que constituir de forma inminente la sociedad a través de la que controlarán de forma conjunta Abertis, aunque Atlantia tendrá la mayoría del accionariado, en concreto el 51%. El resto se lo repartirán ACS y su filial germana.
Una empresa estratégica
Oficialmente, REE asegura que nada ha cambiado en los últimos meses en lo que se refiere a la operación. Pero lo significativo es que el nuevo presidente de la compañía, el exministro de Administraciones de Zapatero Jordi Sevilla, cede los trastos a los ministerios relacionados con Hispasat -Transición, Economía y Defensa-para que sean ellos quienes decidan hasta qué punto Hispasat es una empresa estratégica para el Estado y cuánto se puede llegar a pagar por ella.
Hispasat controla, entre otros proyectos, los satélites de uso militar de Hisdesat (43% de Hispasat y 30% del Ministerio de Defensa) y eso condiciona cualquier proceso de venta. El anterior Gobierno de Mariano Rajoy barajó aplicar a la operación hasta cinco filtros: dos autorizaciones del Consejo de Ministros -una para Hispasat y otra para Hisdesat-; una autorización de inversión extranjera; un acuerdo de accionistas para concretar los términos de la venta, y el visto bueno de la secretaría de Estado de Telecomunicaciones que supervisa el espectro electromagnético en el que operan los satélites.
Sevilla tiene sus prioridades. Y todas ellas están enfocadas a digitalizar la compañía para colocarla en el centro del proceso de transición energética que se viene encima. La empresa está en pleno debate, con la CNMC y también con el ministerio que dirige Teresa Ribera, tanto de la tasa de retribución por su función de transportista único y operador de la red de transporte eléctrico (TSO) como del cálculo de la vida media de sus activos.
Mensaje al consejo
La aspiración del exministro para REE la detalló en el mensaje que dirigió a principios de septiembre al Consejo Asesor de la empresa: convertir la compañía "en verdadero brazo ejecutor de las medidas de transición energética". REE prevé para los próximos años un cambio radical en la arquitectura del sistema eléctrico porque durante la transición coexistirá un sistema de generación concentrado en disminución -el de las grandes empresas- y un sistema distribuido, de pequeños productores y autoconsumidores que irá a más.
El futuro que adelatan los analistas de REE está marcado por la duplicación de la potencia renovable instalada (eólica y, sobre todo, fotovoltaica); un salto en el despliegue de la generación distribuida; menos generación con carbón y nucleares y el gas como energía de respaldo. Todo ello complicará mucho la gestión de las redes (una malla de 44.000 kilómetros).
El reto está detectado. También las herramientas para afrontarlo. Sevilla las ha detallado ante su consejo: una planificación extraordinaria, autorizaciones aceleradas para las obras y ejecución rápida de las mismas. Y, sobre todo, inversiones que deben salir de la fijación de una retribución adecuada para las actividades de transporte... lo que apunta directamente al Gobierno y a la CNMC.
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