La propuesta de Dolores Delgado para suceder a la actual fiscal general del Estado, María José Segarra, no solo ha desconcertado a gran parte del sector de la judicatura sino que ha pillado por sorpresa también a muchos de sus colaboradores más cercanos en el Ministerio de Justicia que estaban al margen de los planes más inmediatos de la hasta este lunes responsable de este departamento, según fuentes consultadas por este diario. Las reacciones conocidas en las últimas 24 horas tras hacerse público su nombramiento ponen de manifiesto cómo Delgado afronta un mandato complicado para dirigir una institución que se rige por el principio de independencia y de obediencia jerárquica.
Una de las primeras tareas que tendrá que afrontar la fiscal de la Audiencia Nacional va a ser precisamente intentar alejarse de ese perfil político adquirido desde junio de 2018 cuando aterrizó al frente del Ministerio de Justicia. Precisamente, su apuesta por la Fiscalía General del Estado en tan escaso margen de tiempo ha puesto en alerta a gran parte de la carrera judicial que califica el movimiento de Pedro Sánchez de "insólito y lesivo" no porque cuestionen sus méritos sino por su lugar de procedencia. A estos temores puestos de manifiesto por el sector más crítico con Delgado, se suma la postura de la mayoritaria Asociación de Fiscales que apuntó sin tapujos a su temor por ofrecer una imagen de "politización y falta de independencia".
De momento, y en aras a cumplir con lo estipulado en el artículo 57 del Estatuto del Ministerio Fiscal, Delgado tendrá que renunciar a su acta de diputada en el Congreso ante la incompatibilidad de este cargo con el que será su nuevo cometido. Fuentes de la carrera judicial consultadas por este diario aseguran que, incluso aunque no lo recogiera la Ley, sería un gesto a todas luces ineludible por cuestiones éticas teniendo en cuenta que está en juego la quiebra de apariencia de imparcialidad de un organismo que todavía tiene mucho que decir en la causa de la deriva soberanista, la cual Sánchez está dispuesto a 'desjudicializar' a toda costa.
El centro de todas las miradas
Prueba de la sorpresa que causó su nombramiento por parte de Pedro Sánchez es que se convirtió en la auténtica protagonista del acto de traspaso de carteras a su sucesor, el hasta ahora portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso, Juan Carlos Campo. Las conversaciones entre los asistentes a la ceremonia giraban en torno a su futuro al frente de la Fiscalía y lo insólito de este movimiento, que ha traído a muchos a la memoria lo que ocurrió en el año 1986 cuando el jurista Javier Moscoso, entonces ministro de Presidencia del Gobierno de Felipe González, recaló de un día para otro al frente de la Fiscalía General del Estado.
Por ese motivo, el principal reto pasa no solo por intentar unir a los integrantes de la carrera fiscal sino también por evitar ofrecer una imagen politizada de un Ministerio Público que insiste en reivindicar su autonomía frente al Ejecutivo de turno. Y ahí estará la clave bóveda para Delgado especialmente cuando las cuestiones de la Fiscalía tengan que ver con el proceso soberanista catalán. Mucho tiene que decir todavía el Tribunal Supremo en lo que respecta a la pieza abierta contra Carles Puigdemont y el resto de exconsellers que están pendientes de ser juzgados en el Tribunal Supremo.
Al respecto, resalta el cambio de criterio adoptado por la Abogacía General del Estado durante el mandato de Delgado como ministra de Justicia puesto que suavizó su acusación hasta dejarla en delito de sedición. El cambio de postura de los servicios jurídicos del Gobierno chocó con la mantenida por la Fiscalía del Tribunal Supremo. Los cuatro fiscales de Sala al frente del 'procés', encabezados por el fiscal Javier Zaragoza, mantuvieron en todo momentos que los hechos relacionados con el 1 de octubre de 2017 y la declaración de independencia fueron constitutivos de rebelión.
Los desafíos de la Fisacalía
Las fracciones en la causa soberanista se han dejado sentir hasta hace apenas unos días, cuando la Abogacía falló en sentido claramente contrario al Ministerio Público en lo que respecta a la inmunidad de Oriol Junqueras. El hecho de que la Abogacía propusiera excarcelar al líder de ERC para acudir a Estrasburgo tras reconocerle su inmunidad provocó una enérgica reacción dentro de los sectores más críticos del sector que temen que este gesto podría ser entendido como un "blanqueo de la extorsión" de ERC teniendo en cuenta que se filtró en plena negociación de investidura de Pedro Sánchez con la formación independentista.
Delgado también llega a la cabeza de la Fiscalía General del Estado cuando faltan apenas unos días para que arranque el juicio contra Josep Lluis Trapero para quien la Fiscalía pide 11 años de prisión por delito de rebelión. Otra de las 'patatas calientes' para la sustituta de Segarra será la postura a adoptar en caso de tuviera que posicionarse ante posibles indultos de los 12 líderes del procés condenados por el delito de sedición, sin olvidar la causa abierta recientemente en el alto tribunal contra la diputada de JxCat en el Congreso Laura Borràs por adjudicar presuntamente contratos a dedo o la causa de los CDR que sigue la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo.
El próximo paso para encauzar su elección lo protagoniza mañana el Consejo de Ministros, donde será propuesta para suceder a Segarra. Tras ello, el CGPJ se reunirá en Pleno este jueves para examinar su idoneidad y, una vez traslade sus conclusiones al Consejo, éste se dirigirá al Congreso. La futura fiscal general del Estado deberá comparecer en la misma cámara que le reprobó por sus lazos con Villarejo en aras a buscar el 'plácet' de los grupos parlamentarios. Aunque su dictamen no es vinculante, sí será un medidor el sentir general de la clase política con la hasta ahora diputada del PSOE. Finalmente, el último paso correrá a cargo del Rey, que es el único que puede nombrarla de manera oficial, tras la propuesta del presidente del Gobierno.
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