La ministra de Educación y Formación Profesional, además de portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, apenas tardó un par de semanas tras su nombramiento en dejar bien sentada la que iba a ser su línea argumental. Lo hizo en una entrevista en El País. "La educación pública se ha convertido en una red subsidiaria de la concertada. Esto no puede ser. La educación pública es el eje vertebrador del sistema. No puede ser sustituida por la concertada". La ministra justificaba así su intención de eliminar el principio de 'demanda social' introducido por la LOMCE - la controvertida Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa impulsada por el PP - que, en su opinión, ha favorecido el desarrollo de la red de enseñanza privada-concertada frente a la pública.
Más allá del relato, cuya ejecución práctica a través de un proyecto de ley ha quedado desactivada por el precipitado final de la legislatura, los datos disponibles no permiten apreciar grandes diferencias entre las políticas que PP y Partido Socialista desarrollan en relación a la enseñanza concertada.
El gasto público para la educación concertada ha subido en todas las comunidades autónomas excepto en Aragón, Castilla y León, Murcia y País Vasco, donde ha disminuido, y en Canarias, donde se ha mantenido la inversión para estos centros que reciben en total en España más de 6.000 millones de euros, según la información recabada por EFE. Es decir, sólo una comunidad autónoma gobernada por el Partido Socialista, por dos de entre las gobernadas por el PP, ha reducido el esfuerzo presupuestario en respaldar la enseñanza concertada.
Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Baleares, Asturias y Cantabria no sólo no recortaron el gasto en ese segmento educativo, sino que en el año de referencia (2017) lo incrementaron en porcentajes que oscilan entre 4,7% y el 0,8%. De hecho, de los tres gobiernos autonómicos que más incrementaron su esfuerzo en respaldar con el presupuesto público la enseñanza concertada dos - Andalucía (4,4%) y Baleares (4,7%) - estaban gobernadas entonces por el PSOE.
El importe para centros concertados y subvenciones a centros de titularidad privada ascendió a 6.179,4 millones de euros en 2017, lo que supone un 2,0 % más que en 2016 (6.056,3 millones), según los datos proporcionado por el Ministerio de Educación a través de la 'Estadística del Gasto Público en Educación' correspondiente al año 2017.
Las transferencias corrientes a los conciertos y subvenciones a centros de titularidad privada supusieron hace dos años el 12,5 % del reparto presupuestario. Después de Galicia (6,1%), dos comunidades con gobiernos socialistas Baleares (4,7 %) y Andalucía (4,4 %) son las que más han subido el gasto público para la educación concertada entre 2016 y 2017, mientras que el incremento menor se ha registrado en Navarra (0,5 %). Esta estadística coincide en el tiempo con la aprobación del proyecto de ley del Gobierno sobre Educación, en el que se elimina el término "demanda social" para abrir nuevos centros concertados.
La educación en cifras
Por otra parte, el gasto público en educación en relación con el PIB fue del 4,24 % en 2017, por debajo del año anterior (4,25 %), el dato más bajo desde 2010, cuando ascendió al 4,91 %. Se trata de un porcentaje alejado de la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 5,1 %. Un porcentaje, el del 5 %, deseable para España y al que se suelen referir los distintos portavoces educativos de los partidos en el Congreso y que el PSOE exigió en su día al PP para continuar con los trabajos para un Pacto Educativo que al final no llegó a término.
En la estadística de Educación se especifica que en caso de reducirse los gastos financieros en el gasto público educativo, el porcentaje del PIB fue en 2017 del 4,20 % (4,22 % en 2016). El PIB para educación pasó entre 2010 a 2016 por los siguientes porcentajes: 4,91 %, 4,73 %, 4,47 %, 4,38 %, 4,32 %, 4,31 % y 4,25 %, según se recogía en una respuesta parlamentaria por escrito del Gobierno al PP el pasado noviembre.
En cuanto al gasto público total en educación en 2017, la mayor parte corresponde al Ministerio de Educación y a las consejerías y departamentos de Educación y universidades de las comunidades autónomas, con el 87,5 %, siendo la aportación del Ministerio al total del 4,7 %. El gasto de las administraciones educativas en su conjunto aumentó el 3,5 %, incrementándose para el Ministerio el 4,1 % y para el conjunto de las administraciones autonómicas el 3,6 %.
La Educación Infantil y Primaria, incluida la Educación Especial, supone el 34,3 %, Secundaria y Formación Profesional el 29,6 %, la Educación Universitaria el 19,9 %, y las becas y ayudas al estudio el 4,4 %. Por capítulos presupuestarios, el de personal representa el 59,8 % del total, que incluidas las cotizaciones sociales imputadas representaría el 68,8 %.
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