Siete recursos cuestionan la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña

Madrid.- El Estatuto de Cataluña afronta la esperada sentencia del Alto Tribunal con siete recursos que ponen en duda su constitucionalidad presentados por el PP, el Defensor del Pueblo y cinco comunidades autónomas -La Rioja, Murcia, Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana.

Los recursos del Partido Popular y del Defensor del Pueblo tienen un carácter más general y afectan a numerosos apartados de la norma, mientras que entre los de las comunidades destacan la gestión del agua y el Archivo de la Corona de Aragón, como asuntos más polémicos.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña fue aprobado por el Congreso el 30 de marzo de 2006 y en referéndum el 18 de junio de ese mismo año.

Un mes después y a nueve días de la entrada en vigor de la norma, cien diputados del PP recurrieron ante el TC una serie de apartados e incisos de un total de 114 artículos, nueve disposiciones adicionales y dos finales, por entender que el Estatut es en realidad "una Constitución paralela" que quiebra los principios de libertad e igualdad establecidos por la Constitución.

Al del PP siguió el 19 de septiembre de 2006 el del Defensor del Pueblo, que presentó un recurso contra 112 artículos y cuatro disposiciones adicionales del Estatut.

El recurso señala siete motivos de inconstitucionalidad referidos al origen de los poderes de la Generalitat proclamado en el Estatuto, los derechos y deberes recogidos, el régimen lingüístico, la regulación del Síndic de Greuges, el Poder Judicial y la Administración de Justicia, el denominado "blindaje" de competencias y la bilateralidad de las relaciones Estado-Generalitat.

En el caso de las comunidades, Aragón recurrió el Estatuto por mostrarse en contra de que "los fondos propios de Cataluña, situados en los archivos de la Corona de Aragón y Barcelona, se integren en el sistema de archivos de Cataluña".

El Gobierno aragonés consideraba que el Archivo de la Corona -ubicado físicamente en Barcelona- era un ente indivisible que debía ser gestionado por las cuatro comunidades implicadas: Aragón, Baleares, Cataluña y Valencia, así como por el propio Gobierno central y que la regulación del Estatuto catalán modificaba las competencias del Gobierno aragonés en esa materia.

Baleares también denunció en su recurso que el Estatuto se apropiaba indebidamente del Archivo de la Corona de Aragón sobre el que los ciudadanos de las islas tienen unos derechos históricos irrenunciables.

Al igual que las anteriores, la Comunidad Valenciana recurrió el texto por aspectos relativos al Archivo de la Corona, aunque también impugnó el artículo por el que la Generalitat de Cataluña debía emitir un informe sobre cualquier trasvase de aguas entre cuencas, así como todo el modelo de financiación incorporado al Estatuto porque atentaba contra la solidaridad entre autonomías.

Precisamente, el asunto del agua centró los recursos presentados por los gobiernos de La Rioja y Murcia.

En concreto, el recurso de la Región de Murcia se dirigía contra varios aspectos del artículo 117 del Estatuto, relativo al agua y las obras hidráulicas.

El Gobierno de Murcia entendía que las normas del Estatuto suponían un blindaje del río Ebro, daban capacidad a Cataluña para decidir sobre asuntos que afectan a las nueve comunidades de la cuenca y limitaban la posibilidad de recuperar la transferencia de recursos hídricos prevista en el anterior Plan Hidrológico Nacional.

Aunque el tema del agua fue el principal motivo alegado por La Rioja a la hora de presentar su recurso, también impugnó otros aspectos como el sistema de financiación catalán, el principio de bilateralidad en las relaciones entre esa comunidad y el Estado y la participación de Cataluña en las instituciones del Estado.