El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado su plácet a Álvaro García Ortiz como nuevo fiscal general del Estado, en sustitución de Dolores Delgado, que presentó su dimisión este martes por motivos de salud al tener una dolencia grave en la espalda. El aval no ha sido unánime, pues solo ha recibido el voto favorable de 12 vocales, mientras que otros siete han cuestionado su idoneidad para dirigir el Ministerio Público por su posible vinculación con el PSOE, según han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
El Pleno del CGPJ ha aprovechado su reunión de este jueves para hacer el examen de méritos e idoneidad fijado en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para poder oficializar la propuesta de nombramiento que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez para suceder a Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado. Una vez superado este trámite será la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados quien realice dicho examen.
El informe de idoneidad, que no tiene carácter vinculante, consiste en un mero control de que el nuevo máximo responsable de la Fiscalía es elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. En este sentido, 12 vocales del órgano de gobierno de los jueces consideran que García Ortiz reúne los requisitos legales exigidos para ser nombrado fiscal general del Estado. Tiene acreditados más de 23 años de servicios prestados en la Carrera Fiscal, en la que ingresó en abril de 1999, fecha en la que fue destinado a la Fiscalía de Mahón (Menorca).
Según consta en el expediente de García Ortiz, tras pasar por Menorca, en 2002 se incorporó a la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela y desde 2004 ejerció como fiscal especialista en Medio Ambiente en Galicia, donde también fue fiscal coordinador especial de incendios. Allí, se encargó del caso por el hundimiento del Prestige. En marzo de 2020, con la llegada de Dolores Delgado a la Fiscalía General del Estado, fue ascendido a fiscal de Sala y a la jefatura de la Secretaría Técnica de la institución. "A la vista de la documentación recibida, cabe concluir que se cumplen en el candidato referido los requisitos exigidos por la legislación invocada", señala el acuerdo adoptado, según la propuesta presentada por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
Afectada la independencia
No obstante, el 'apoyo' no ha sido unánime, pues siete de los miembros del Consejo General del Poder Judicial creen que el requisito de idoneidad no se cumple, debido a su afinidad al PSOE, lo que podría afectar la imagen de independencia e imparcialidad de la institución, según han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces. Todo ello se debe a la participación de García Ortiz, en diciembre de 2019, en un acto político del PSOE de Galicia, denominado 'Laboratorio de Ideas', en el que, según explicó, acudió en calidad de fiscal de Medio Ambiente en dicha comunidad autónoma. De hecho, la foto de su intervención en el encuentro ha vuelto a difundirse en las redes sociales estos días tras conocerse la propuesta de nombramiento del Gobierno.
En concreto han sido los vocales José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Gerardo Martínez Tristán y Carmen Llombart, los que se han manifestado en contra de la idoneidad y han anunciado la formulación de un voto particular, que se conocerá en los próximos días.
En el seno de la carrera fiscal, la elección de García Ortiz como sucesor de Delgado ha causado cierto estupor, ya que era el 'número dos' de la hasta fiscal general del Estado, como jefe de la Secretaría Técnica de la institución. En este sentido, destacan su apoyo en todas las polémicas relacionadas con la gestión, sobre todo con la política de nombramientos, que en gran medida ha favorecido a miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) -asociación que precisamente presidió García Ortiz entre 2008 y 2012-. Asimismo, según fuentes fiscales consultadas, era el ejecutor de todas la decisiones de la ya exjefa del Ministerio Público.
División en el CGPJ
Cabe recordar que en este momento, el CGPJ se encuentra compuesto por 18 vocales más su presidente, Carlos Lesmes, debido a la jubilación de uno de sus miembros y al fallecimiento reciente de otra. No obstante, con la composición íntegra de los 20 vocales que había hace dos años y medio, cuando tocó realizar dicho control a Delgado, el órgano de gobierno de los jueces también se dividió, dando el mismo resultado que a su sucesor. Ello no suele ser habitual en este tipo de trámites, ya que la función del órgano de gobierno se limita a comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos por ley.
Sin embargo, en el caso de la que fuera fiscal de la Audiencia Nacional se eliminó hacer referencia expresa a la idoneidad debido a que su aterrizaje en la Fiscalía General del Estado tenía lugar solo un mes después de dejar el Ministerio de Justicia, que había dirigido los dos años previos. Los vocales discrepantes afirmaron que esta situación creaba "una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de independencia".
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