De Sijena a la Franja de Aragón: el vaivén político secuestra el patrimonio histórico

El patrimonio histórico-cultural es la memoria visible de los países. La huella que una nación deja en la historia y que, además de permitir seguir su rastro al historiador, hace posible la admiración de las generaciones siguientes, que se embeben ante construcciones magníficas o diminutos objetos que, sin embargo, tanto las unas como las otras, nos vinculan con quienes nos precedieron. El patrimonio es parte de la memoria de un país… Y es una fuente casi inagotable de conflictos.

Esta semana, en la que el ministro de Educación y Cultura ha dado orden de trasladar al cenobio del que un día partieron, los bienes del monasterio de Sijena que se encontraban en Cataluña, es buena prueba de ello. Y es que el de Sijena es probablemente el más conocido de todos los conflictos surgidos a raíz del patrimonio. Entre los años 80 y principios de los 90, las monjas del monasterio de Sijena vendieron por algo más de 630.000 euros 97 piezas de distinto tipo, además de firmar un convenio para depositar en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) las pinturas murales de la sala capitular del convento. Años después, en el 2015, un juez de Huesca anuló el acuerdo, argumentando que la compra-venta se hizo sin informar al Ministerio de Justicia ni al Gobierno de Aragón, como debiera haberse hecho ya que lo vendido eran bienes protegidos. Las autoridades catalanas, claro, presentaron recurso que aún está por resolver. Un año después, un juzgado ordenó a la Generalitat el traslado de las piezas a Sijena. Sin embargo, sólo fueron devueltas 51 de las 53 que custodiaba el MNAC -hay dos que está desaparecidas-, pero no las 44 que albergaba el Museo de Lleida, alegando que están protegidas por leyes catalanas y que no había sentencia firme.

Llegó entonces el delirio independentista y la aplicación del 155. Íñigo Méndez de Vigo, haciendo uso de la potestad que el 155 le da, ha dado orden de trasladar los bienes que faltaban por trasladar desde Lleida, dando cumplimiento así al requerimiento del juez. Y ayer, la Audiencia Provincial de Huesca respaldaba la decisión, al confirmar la sentencia de 2015 que obligaba a la devolución. En total, más de 20 años, entre sentencias, recursos y decisiones política, de enfrentamiento entre el Gobierno aragonés y el catalán a cuenta del patrimonio histórico-cultural.

De la franja hasta Córdoba: los conflictos internos

Aún cuando el de Sijena sea un capítulo que algunos puedan dar ya por cerrado, pronto reavivará otro que enfrenta, también, a Aragón y a Cataluña. Es el conocido como Conflicto de los bienes eclesiásticos de la Franja, una contienda que encara a un gobierno autonómico con otro a cuenta de los bienes eclesiásticos de las parroquias oscenses que a mediados de los 90 pasaron a depender de la diócesis de Barbastro-Monzón, en vez de hacerlo de la de Lérida.

El origen de este conflicto lo encontramos en una recomendación del que fuera arzobispo de Zaragoza, Elías Yanes que, siendo presidente de la Conferencia Episcopal, envió una notificación a la Santa Sede para que ésta aprobara la transferencia de 111 parroquias aragonesas, que dependían del obispado de Lérida, a la diócesis de Barbastro. En junio de 1995, el Nuncio Apostólico confirmó al arzobispo el visto bueno del Vaticano. Una decisión que no fue del todo bien vista por algunos y que despertó suspicacias. Para el arzobispo de Tarragona, Ramón Torella, la escisión de la diócesis leridana era la respuesta -negativa, claro- de las parroquias aragonesas a la creación de una conferencia episcopal catalana.

Sea como fuere, lo cierto es que las parroquias fueron transferidas. Y con ellas, todo su patrimonio artístico. Se despertó en seguida un conflicto que ha sido fuente inagotable de litigios, con la complicación añadida de que no sólo eran pleiteos administrativos, sino también canónicos. Aunque, en este caso, la Iglesia fue más rápida. En 2005, los jueces eclesiásticos dieron por zanjado el tema, decidiendo que las 113 obras en disputa, entre las que destacan el Frontal de altar de San Hilario, del siglo XIII, o la tabla, Nacimiento y Adoración de los Reyes Magos, del siglo XV, pertenecían a la diócesis de Barbastro. ¿Y punto? Claro que no. La obediencia eclesiástica no es lo que era. Porque la diócesis de Lérida emitió un comunicado asegurando que sí, que claro que aceptaba la decisión, pero que iniciaría el proceso administrativo para defender sus reclamaciones. Las mismas que las autoridades eclesiásticas habían denegado. Pero por si fuera poco, en 2006 apareció en el conflicto el Gobierno catalán, asegurando que permitiría el traslado de obras siempre y cuando se abriera más de un museo con ellas y que alguno de estos estuviera en territorio catalán. Una decisión que podría parecer razonable y que quizá por eso no salió adelante. Porque el Parlament, a iniciativa de CiU, obligó al Govern a mantener las obras en el Museo Diocesano de Lérida.

Ante tal enconamiento, los obispos de Lérida y de Barbastro acordaron devolver las pilas a Barbastro. Pero el Govern no lo permitió. Y el Gobierno de Aragón, que si por algo se ha caracterizado, fuere cual fuere su color político, es por la celosa protección de su patrimonio, interpuso en 2009 una querella criminal, renunciando a la vía civil. Una vía que, en 2012, a través de un Juzgado de Lérida, afirmaba en una sentencia la incompetencia del Gobierno de Aragón para actuar sobre unos bienes que se encuentran en Cataluña y que eran “patrimonio cultural catalán”.

Declaraciones incendiarias, manifestaciones en Aragón, palabras del Nuncio llamando a la calma. El resultado al que unos y otros condujeron la situación en la que hoy se encuentran los bienes: una disputa llevada al terreno de lo irracional, sin solución a la vista y en la que el consejero de Justicia de la Generalitat, en 2015, Germa Gordò, llegó a ofrecer la nacionalidad catalana a los habitantes de la Franja de Aragón.

La Catedral-Mezquita

Otro conflicto que recurrentemente aparece en la prensa es el de la titularidad de la Catedral-Mezquita de Córdoba, que además de ser uno de los grandes templos católicos de España, es el principal monumento de la ciudad. En este caso, no hay enfrentamiento entre comunidades vecinas, sino entre el Cabildo catedralicio -órgano responsable del gobierno y mantenimiento de la catedral- y la Junta de Andalucia. Su presidenta, Susana Díaz, aseguraba en 2015 que “la titularidad de la Mezquita de Córdoba tiene que ser pública (…) tiene que ser de los cordobeses”. Sin embargo, en ese mismo año, el Ministerio de Hacienda, a través de un informe, opinaba lo contrario, considerando que “la propiedad del monumento pertenece a la Iglesia”. Pero por si fuera poco, un año después, el Ayuntamiento de Córdoba emitió un informe en el que directamente negaba la posibilidad de que la Catedral-Mezquita pudiera pertenecer a alguien. Ante tal situación, salpimentada además con la creación y acción de plataformas y asociaciones que reclamaban la titulación pública del templo, la Iglesia defendió el orden actual del templo con un contundente aluvión de documentos que se remontaban hasta el siglo XIII, con la donación del templo de Fernando III el Santo al obispo Lope de Fitero en 1236, cuando los cristianos reconquistaron la ciudad y fecha que se establece como inicio de la titularidad del Cabildo sobre el templo.

El conflicto surge a raíz de uno más polémico: la inmatriculación de los bienes de la Iglesia. Hasta finales de los años 90, la Iglesia Católica no tenía reconocido el derecho a tener registradas sus propiedades. El Gobierno Aznar reformó la Ley Hipotecaria y, entre las nuevas medidas, se incluyó la equiparación del obispo con la figura del fedatario, permitiendo por tanto que se registraran las propiedades bajo la certificación del eclesiástico. Esto levantó ampollas, claro. Los defensores de la actual situación arguyen el sentido común: resulta evidente que desde hace más de 700 años, la Catedral-Mezquita esta bajo el gobierno y titularidad del Cabildo catedralicio, que ha velado por su mantenimiento.

Los detractores hacen lo propio afirmando que el monumento ha trascendido la importancia de una catedral, convirtiéndose en Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La solución aún no ha llegado. Porque lo cierto es que este conflicto, al igual que el de los bienes de la Franja, es latente. Está ahí. No condiciona el día a día político ni ocupa primeras páginas durante periodos largos de tiempo. Se aventa, casi siempre, en período electoral, cuando se espera obtener del conflicto con la Iglesia, réditos electorales. Pero no por ello deja de existir. Dormido, sí, pero está ahí, esperando a que la próxima campaña electoral lo despierta del letargo para ocupar propuestas y páginas de periódico. A veces, con un excesivo carácter boreal. Como cuando hubo quienes en Sevilla propusieron que la Giralda fuera de titularidad pública.

Colombia: centro del conflicto patrimonial

Pero no sólo en el territorio nacional surgen los enfrentamientos. Cuando un país ha tenido una historia como la nuestra, cuando un país fue un Imperio de carácter mundial, su huella supera las fronteras. En el caso español, los ojos hemos de dirigirlos a América. Pero, contra lo que pueda pensarse, la mayor parte de los conflictos no se refieren a bienes inmuebles o parecidos. La independencia de los territorios de ultramar zanjó cualquier reclamación al respecto y las propiedades que fueran del Estado español en el momento de la independencia, pasaron a las nuevas administraciones surgidas, sin mayor problema. Cosa distinta son los pecios y ‘tesoros’. Actualmente, hay dos frentes abiertos respecto a esto. Y los dos tienen como contraparte a Colombia.

El primero de ellos se refiere al conocido tesoro Quimbaya, un conjunto de piezas y objetos de oro y tumbaga de origen precolombino que el Gobierno colombiano regaló a la Corona española a finales del siglo XIX, con motivo del IV Centenario del Descubrimiento de América y como agradecimiento por la acción de la reina Maria Cristina en el laudo arbitral que resolvió el problema fronterizo entre Colombia y Venezuela en favor del primero. “Tengo la honra de poner en su conocimiento -dijo Carlos Holguín, presidente de Colombia, ante el Congreso de su país en 1892- que hoy he entregado a su majestad la Reina Regente los objetos de oro que componen la rica colección de antigüedades quimbayas enviadas por el Gobierno como obsequio a España”.

Pero el regalo se ha envenenado, aún con el criterio en contra del Gobierno colombiano. Porque varios particulares presentaron una demanda ante la Corte Constitucional de aquel país para obligar al Ejecutivo de Juan Manuel Santos a reclamar la vuelta del tesoro. Desde hace más de diez años, un grupo liderado por el abogado Felipe Rincón, sostiene que la entrega de las piezas fue ilegal y que por tanto tenían que retornar. En 2009, un juez le dio la razón y en 2011, otro se la quitó, considerando que no existía base para sus pretensiones. Pero Rincón no se arredró y en 2012 llegó a la máxima instancia judicial del país, que aceptó su recurso que, entre otras cosas, se sostenía en que el tesoro fue comprado con dinero público y regalado a la Reina Regente sin permiso del Congreso colombiano.

Años después, la Corte se ha pronunciado. Mediados del mes de octubre, falló en favor de Rincón y, por cinco votos contra uno, los magistrados instaron al Gobierno a reclamar y recuperar las piezas del tesoro, a pesar de las reticencias del Gobierno. La vicecanciller, Patti Londoño, al conocerse el fallo del tribunal, aseguró que “el acto unilateral del jefe de Estado de Colombia” fue una “manifestación de voluntad” de Colombia al ser “ el representante natural y legítimo” lo que hace que el acto de Holguín fuera un “acto legítimo”. Pese a ello, el Gobierno tendrá que reclamar el tesoro ya que no hacerlo sería, según la Corte, una violación de la Constitución colombiana que en tres de sus artículos prohíbe la enajenación del patrimonio cultural del país. Una papeleta incómoda, sin duda, para el Gobierno de Santos, que no quiere abrir enfrentamientos con España. Todas las esperanzas las tiene puestas en el proceso de reclamación, que debe hacerse a través de la UNESCO, y que espera, sea tan lento como para que su resolución llegue cuando él no ocupe la presidencia.

El ‘conflicto’ del San José

Pero a Santos los frentes en la política de patrimonio parecen acumulársele. Porque, junto con el tesoro, tiene encima de su mesa el conflicto que desde hace años se mantiene sobre el pecio del Galeón San José, en el que además, su postura no ha sido tan conciliadora. Desde su descubrimiento en 2015, Santos ha sostenido que el tesoro es colombiano y, por tanto, nadie puede reclamarlo.

El galeón salió, en 1708, desde Cartagena de Indias hacia España cargado de tesoros , entre especias, telas, oro y plata, bajo el mando del almirante José Fernández Santillán. En ruta hacia la Península, se topó con el The Expedition, un barco pirata inglés comandado por Charles Wager, que hundió le embarcación. Durante años ha permanecido en el fondo del océano, hasta que el Gobierno colombiano lo halló hace dos años, emergiendo de un tesoro valorado en 17.000 millones de dólares. Y el presidente Santos afirmó que el hallazgo pasaría a formar parte del patrimonio colombiano. El conflicto, pues, estaba servido.

La disputa legal es compleja. Santos afirma que al encontrarse en aguas colombianas, es propiedad de Colombia. Y lo afirma, entre otros argumentos, por una sentencia de Estados Unidos que declaró, en un conflicto entre el Estado colombiano y una empresa de cazatesoros, que el pecio pertenecía a Colombia. España, por su parte, ha tratado de velar por el patrimonio, sin reclamar el oro, que tiene diseminado por los océanos, en especial los que bañan la costa americana. Aunque lo cierto es que España poco a podido decir. Santos ha mantenido al Gobierno español alejado de todo lo relativo al galeón, temeroso de que el Ejecutivo de Rajoy reclamara para sí el oro.

Esto ha provocado años de desencuentros entre el presidente colombiano y el Gobierno español. A cada palabra de éste, llamando a la protección patrimonial, aquél respondía reafirmando, con tono bronco en muchas ocasiones, la titularidad colombiana del pecio y su contenido. Se llenaban así páginas y páginas de desavenencias. La última, este mismo año, cuando en junio, Santos, que tiene un grave problema de popularidad en su país, anunció que un inversor privado, de identidad desconocida, estaba dispuesto a financiar la excavación del San José. La réplica se la dio el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, que se trata de “un pecio de una nave de Estado que tiene inmunidad soberana y la condición de tumba subacuática” y sus restos deben ser tratados “como lo que son: patrimonio subacuático”. Una calificación de la que rehuye el Gobierno colombiano y que no es baladí, ya que en 1985 la Unesco declaró que las riquezas sumergidas eran un bien de toda la humanidad.