El que fuera exjefe de seguridad del BBVA y jefe de la Policía de Madrid, Julio Corrochano, afronta este viernes su cita en la Audiencia Nacional por su presunta implicación en el encargo de espionaje que hizo la entidad a José Manuel Villarejo. Lo hace después de que este jueves desfilaran por la sede judicial otros altos cargos del banco también implicados en la causa y quienes se acogieron a su derecho a no declarar a excepción del exdirector de riesgos y actual presidente de Distrito Castellana Norte, Antonio J. Béjar, el cual solo respondió a las preguntas de su abogado.
La gran ausencia de la jornada la protagonizó el exconsejero delegado de la entidad, Ángel Cano, el cual será interrogado por el magistrado el próximo 11 de julio tras justificar que se encontraba de viaje en el extranjero. También para ese día queda la declaración del responsable de contabilidad Ricardo Gómez, el cual tampoco cumplió con la citación judicial. El magistrado imputó a estos directivos tras sumar a la causa la información requerida al BBVA relativa a las cuentas desde las que se efectuaron pagos de hasta 10 millones de euros al entramado empresarial de Villarejo por este encargo que se efectuó los años 2004 y 2005.
Además de Corrochano, están citados para este viernes su sucesora como jefa de seguridad de la entidad, Inés Díaz Ochagavia; Nazario Campo Campuzano, miembro de este equipo del banco y el abogado Rafael Redondo, socio de Villarejo en el entramado empresarial que gestionaba estos encargos. A todos ellos el magistrado les imputa delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos por el conocimiento que pudieran tener de los pagos efectuados desde cuentas internas de la entidad. El entonces presidente la entidad, Francisco González, recurrió a sus servicios ante el intento de 'asalto' de Sacyr al banco.
Corrochano, nexo de unión
Los investigadores consideran que Corrochano actuó como nexo de unión entre el banco, en el que aterrizó en el año 2002, y el entorno del agente encubierto. Por ese motivo el magistrado acordó el pasado martes su imputación junto con la de otros siete altos cargos de la entidad, de los cuáles cinco siguen todavía vinculados. El interrogatorio del que fuera máximo responsable de seguridad del BBVA hasta su salida en 2015 queda en el foco de los investigadores que intentan averiguar si hubo cadena de mando en este caso de espionaje y si en la misma podría tener alguna responsabilidad el entonces presidente, Francisco González.
No obstante, y a tenor del precedente asentado este jueves, el exjefe de seguridad y el resto de imputados podrían escudarse en que esta novena pieza de la macrocausa se mantiene bajo secreto de sumario para acogerse a su derecho a no declarar. Se trata de una estrategia de defensa que adoptaron ayer el director de red de banca comercial Ignacio Pérez Caballero y el exresponsable del departamento de finanzas Javier Malagón Navas, a pesar de que Béjar sí respondió a su letrado. Los acusados han recurrido a abogados de prestigio, entre ellos el que fuera magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, en su litigo en la causa. El coste de la defensa de los ocho imputados en la causa será asumido por el propio banco en el marco de la póliza de seguro que cubre tanto a directivos como exdirectivos de la entidad, según las fuentes consultadas.
El área de seguridad
Las nuevas citaciones de esta pieza bautizada como 'Trampa' ponen de manifiesto que el foco está puesto no solo en los departamentos más puramente económicos sino también en el área de seguridad, teniendo en cuenta que algunos directivos de la misma ya filtraron información confidencial de clientes del banco en el marco de otros encargos del clan del agente encubierto que se efectuaron mucho después, en concreto entre los años 2012 y 2013. De hecho, la recepción el pasado mes de febrero por parte de información requerida al BBVA reveló la existencia de intercambio de correos electrónicos entre un directivo de este departamento -que trabajaba en el área de Corrochano- y un inspector jubilado de la Policía que le reclamaba datos sobre envío y recepción de transferencias de personas relacionadas con el despacho IP Balder. Este encargo se investiga en otra pieza de la causa, bautizada como 'Iron'.
En lo que respecta a Redondo, el magistrado Manuel García Castellón y los fiscales Anticorrupción de la causa le preguntarán por los contratos de Cenyt con el banco en tanto era él el que los firmaba en calidad de apoderado de la mercantil. El abogado es considerado como una pieza clave de esta presunta organización criminal y, de hecho, fue detenido a comienzos de noviembre junto con Villarejo en el marco de la misma operación. Sin embargo, mientras el agente encubierto sigue en prisión provisional, el letrado abandonó la cárcel en septiembre del pasado año tras abonar abonar una fianza que, aunque inicialmente se fijó en un millón de euros, el instructor le redujo a 100.000 euros.
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