Primeras acciones penales contra el Gobierno por las mascarillas 'fake'. la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha interpuesto una querella criminal contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y otros miembros de su equipo ante el Tribunal Supremo. Los sanitarios denuncian que el Ministerio cometió una "negligencia" al suministrar material de protección que no estaba homologado poniendo en riesgo la salud de los sanitarios que trabajan para asistir a los contagiados por coronavirus.
El sindicato ya había recurrido en varias ocasiones al alto tribunal para pedir que se les suministrara por la vía de urgencia todo el equipo sanitario necesario en hospitales y centros médicos. En este caso dan un paso más y actúan contra el responsable de Sanidad por la presunta comisión un delito contra los derechos de los trabajadores, tipificado en los artículos 316 y 317 del Código Penal. Según informa el sindicato en una nota, las acciones se llevan a cabo ante el alto tribunal al tratarse de una persona aforada. El sindicato aclara que actúa contra el ministro y "los demás corresponsables" de la compra de mascarillas defectuosas, aunque no da más datos al respecto.
"La distribución desde el Ministerio de Sanidad de una gran partida de mascarillas FPP2, de la marca Garry Galaxy, modelo N95, a distintos Servicios de Salud de nuestro Sistema Nacional de Salud, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Esta circunstancia se ha visto agravada con posterioridad por la aparición de otras partidas de elementos de protección que tampoco están homologados, lo que pone bajo sospecha la gestión que se ha hecho de este tema por parte del Ministerio", reza la nota que también se hace eco de las información publicada por el diario El Mundo según la cual el Ministerio retiró este material cinco días después de descubrir que eran defectuosas.
34.000 sanitarios infectados
El sindicato denuncia una "profunda y creciente preocupación" por la "indefectible" gestión de la crisis sanitaria. La confederación pide soluciones "inmediatas e información clara" para el colectivo por parte de la Administración y alega que los médicos utilizaron estas mascarillas "con el convencimiento absoluto de su idoneidad y en la buena fe" que presumen al Gobierno. De acuerdo con las cifras hechas públicas este jueves por el Ejecutivo, más de 34.000 sanitarios han sido infectados con coronavirus desde el inicio de la crisis, lo que supone más de 1.000 más que en el día de ayer.
Igualmente sacan a relucir los datos de evolución de la pandemia -que hasta la fecha se ha cobrado la vida de 22.157 personas- para pedir al Ejecutivo que se replanteen la "práctica totalidad" de la gestión que están realizando desde que se decretara el estado de alarma el pasado 14 de marzo para combatir a la pandemia. Con todo, esta no es la primera acción penal que se presenta contra el ministro de Sanidad en el alto tribunal; el sindicato CSIF le denunció a finales de marzo por no dotar de material de protección a los sanitarios.
En lo que respecta a CESM ha pedido también al Tribunal Supremo que se acuerden medidas cautelarísimas también para que se les suministren equipos necesarios si bien la respuesta de la Sala ha sido hasta la fecha contraria a esta petición. No obstante, esta misma semana los magistrados de lo Contencioso, pese a denegarle esta pretensión, ordenaron al Ministerio de Sanidad que distribuyera de la manera más óptima posible todos los medios de protección con los que cuenta en la actualidad con el fin de frenar el contagio del coronavirus. Además, le encargó la elaboración de un informe quincenal que incluya las medidas adoptadas, los medios puestos a disposición de los profesionales sanitarios y la distribución de los mismos entre las comunidades autónomas.
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