Los sindicatos CCOO y CSIF han empezado a presionar al Gobierno para que vuelva a activar parte de las restricciones en los servicios de atención al público que se establecieron durante el estado de alarma, como medida de protección a los trabajadores que desempeñan sus tareas en las oficinas ubicadas en zonas en las que se ha restringido la movilidad por la elevada incidencia de contagios por Covid-19 en esta segunda oleada del virus, según confirman fuentes de ambos sindicatos. Comisiones Obreras se ha dirigido ya en dos ocasiones a la ministra de Función Pública y Política Territorial, Carolina Darias, para solicitarle que convoque con carácter de urgencia la Mesa General de la Administración General del Estado al objeto de negociar las posibles medidas a adoptar para proteger a los empleados públicos ante el incremento de los contagios en determinadas zonas del territorio español.
CCOO y CSIF entienden que el marco regulatorio acordado para el periodo de nueva normalidad y concretado en una resolución del pasado 17 de junio del secretario de Estado de Función Pública, Francisco Hernández Spínola, no da respuesta a la situación generada en los territorios más azotados por esta segunda oleada del virus y que ya están sometidos a restricciones de movilidad, y consideran que se deben establecer unas pautas de actuación más similares a las que estuvieron en vigor durante las diferentes fases de salida del periodo del 'estado de alarma' y que establecían mayores restricciones en la apertura de las oficinas de atención al público.
Fuentes de CSIF explican que dado que el Ministerio de Sanidad ha decidido restringir al 50% el aforo de los lugares públicos, ésa debería ser la referencia que se debería tomar en los comités de prevención y seguridad en el trabajo a la hora de negociar la limitación de la actividad presencial en las oficinas de atención al público de la Comunidad de Madrid y del resto de territorios bajo restricciones a la movilidad impuestas por las autoridades.
CCOO y CSIF - desde UGT se entiende que la resolución reguladora de nueva normalidad ya da el marco necesario para hacer frente a esta situación - consideran que el Gobierno se debe mover para reforzar la prioridad de la atención a distancia en este contexto, aprovechando también el marco jurídico proporcionado por el acuerdo alcanzado entre Gobierno y sindicatos para reconocer el derecho al trabajo a distancia en la Administración a 2,5 millones de empleados públicos, que entre otras cosas permite trabajar a distancia un máximo de 4 días a la semana.
La situación se produce cuando las oficinas de atención al público todavía no han recuperado la normalidad total tras el cierre de oficinas que tuvo lugar durante el estado de alarma y que agravó el colapso de determinadas gestiones relacionadas con el reconocimiento de prestaciones a los afectados por los ERTE o a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. Por ese motivo, desde CSIF se hace especial hincapié en que cualquier nueva medida de restricción a la norma operativa de las oficinas de la Administración que se adopte como consecuencia de esta segundo ola de la Covid-19 debe garantizar la adecuada prestación de servicios públicos, especialmente en las áreas más sensibles como Seguridad Social o los Servicios de Empleo.
Hay que recordar que durante el estado de alarma la práctica totalidad de las oficinas de atención al público de la Administración permanecieron cerradas y que su reapertura se produjo de manera progresiva, al compás del acceso de los distintos territorios a cada una de las fases de transición que desembocaban en la nueva normalidad, y mediante un sistema de restricciones al aforo y cita previa obligatoria.
La resolución del secretario de Estado de Función Pública para la nueva normalidad establece la priorización de la atención telemática y telefónica en los servicios de atención al público y la apertura de la atención presencial siempre con cita previa y limitaciones al aforo. CCOO y CSIF entienden que ese marco no es suficiente y que es necesario establecer un protocolo específico de actuación en las áreas más afectadas por los rebrotes para garantizar la protección a los empleados públicos.
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