Sindicatos policiales aplauden penalizar a manifestantes con la cara tapada

Madrid, 10 oct.- Los principales sindicatos policiales han celebrado hoy que el Gobierno esté estudiando que sea considerado como delito manifestarse con la cara tapada, una iniciativa que puede contribuir, aseguran, a "desenmascarar" a los violentos en protestas que, en su mayoría, se desarrollan de forma pacíficas.

"El hecho de que alguien acuda a una manifestación que es un acto legal con la cara cubierta es que tiene algo que ocultar", ha asegurado a Efe el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, que ha aplaudido cualquier iniciativa encaminada a que los elementos radicales que empeñan manifestaciones pacíficas sean descubiertos.

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, avanzó ayer en una entrevista en ABC Punto Radio que el Gobierno está estudiando que el Código Penal contemple como delito manifestarse con la cara cubierta.

"No sé si el ir a una manifestación con la cara tapada debe ser tipificado como delito o como sanción administrativa ni tampoco si estas iniciativas pueden ser eficaces", ha apuntado el portavoz del SUP para quien, sin embargo, es "evidente" que los que se manifiestan con el rostro tapado van preparados para "reventar" esas protestas y, lógicamente, no ser descubiertos.

En esta misma línea, el secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Ignacio López García de la Torre, se ha mostrado a favor de la iniciativa del Gobierno, ya que "tranquilizaría a la mayoría de los ciudadanos que acuden a una manifestación y contribuiría a que los violentos no actuaran impunemente".

"No lo vemos descabellado", ha asegurado a Efe López que considera que el que haya personas con la cara tapada en protestas es "muy sintomático" de sus intenciones.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, subrayó ayer en el Pleno del Senado que el derecho de manifestación no es "ilimitado", aunque insistió en que el Gobierno no se plantea "en absoluto" modificar la ley que lo regula.

No obstante, recordó que el Ejecutivo va a modificar el Código Penal y la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana con el objetivo de que "los ciudadanos que se manifiesten libremente lo puedan hacer con absoluta libertad y en paz" y de esta manera "se cumpla el mandato constitucional".

Ya en el mes de julio la mayoría del Congreso de los Diputados apoyó una moción de CiU que, entre otras medidas, proponía la creación del delito específico de violencia urbana, así como de una nueva definición del delito de alteración del orden público y atentado.

La moción solicitaba al Gobierno una nueva regulación de las circunstancias agravantes en los actos de violencia urbana, como el uso de explosivos o líquidos inflamables o el lanzamiento de objetos contundentes, al tiempo que pedía una actualización del catálogo de infracciones y sanciones para adaptarlos a las nuevas conductas, como la ocultación del rostro, la resistencia pasiva, la desobediencia a la autoridad o el bloqueo de la vía pública.