Barcelona, 12 dic.- Seis sociedades científicas integradas en la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) han alertado hoy del riesgo para la salud física, social y psicológica de las mujeres de modificar de la ley del aborto, porque conllevaría un aumento de la clandestinidad y de la mortalidad.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer en el pleno del Congreso que en "muy pocos días" presentará la reforma de la ley del aborto, una norma con la que, según la diputada socialista Elena Valenciano, el "ala dura del PP" pretende "recortar" la libertad de las mujeres.
En un comunicado, las seis sociedades de SESPAS, que tiene su sede en Barcelona, han manifestado su "preocupación" por el anuncio de recorte de la ley del aborto.
Actualmente, se practican más de 100.000 interrupciones voluntarias del embarazo en España cada año, es decir, unas 12 interrupciones anuales por cada 100.000 mujeres en edad fértil.
Según SESPAS, "existe evidencia científica de que la prohibición del aborto no implica una disminución de los mismos, sino que deriva en que éstos se produzcan en peores condiciones sanitarias".
Las sociedades científicas alertan de que "las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas sin un mínimo estándar sanitario suponen un alto riesgo de mortalidad materno-infantil por hemorragias, infecciones, envenenamiento y otras complicaciones".
"Contrariamente, la legalidad del proceso de interrupción deriva en la disminución de las tasas de mortalidad de las mujeres, con resultados inferiores a una muerte por cada 100.000 interrupciones", señalan en su comunicado.
Por ello, las sociedades científicas avisan de que "cuanto más restrictiva es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, existen más abortos clandestinos y en consecuencia más riesgo de morbimortalidad materna".
"Además, desde la perspectiva de la Salud Pública entendemos que los embarazos no deseados pueden ser un factor de riesgo de mala salud mental", añaden las sociedades, que también piden tener en cuenta que obligar a llevar a término un embarazo donde se diagnostiquen malformaciones fetales, "además de ser un riesgo para la salud, puede tener una grave repercusión económica y social".
El comunicado lo suscriben la Sociedad Española de Epidemiología, la Asociación de Enfermería Comunitaria, la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, la Asociación de Economía de la Salud, Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears y la Asociación Madrileña de Salud Pública.
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