Aunque la Fiscalía Anticorrupción le seguía la pista desde el inicio de la investigación de la trama Púnica en 2014, no ha sido hasta ahora cuando el juez ha decidido citar como investigado a José Luis Cápita, el que fuera socio de David Marjaliza en varios 'pelotazos' urbanísticos de Valdemoro y Pinto (Madrid).
El magistrado que instruye una de las causas más antiguas de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, le tomará declaración el próximo 27 de noviembre tras recibir el resultado de las pesquisas encargadas a las autoridades suizas, país donde Cápita llegó a ocultar hasta 715.000 euros en diferentes cuentas opacas.
La Fiscalía Anticorrupción le imputa ocho delitos -blanqueo, malversación, cohecho, fraude, tráfico de influencias, delito fiscal, falsedad y corrupción urbanística- y le acusa de compartir titularidad con Marjaliza en más de una decena de sociedades de la trama que ambos habrían utilizado para desviar las mordidas obtenidas con la recalificación de terrenos.
Las fiscales del caso recuerdan al juzgado que la querella que dio inicio a esta investigación en junio de 2014 ya denunciaba la participación del ahora investigado en el presunto fraude de una promoción de 693 viviendas del sector de las Zanjas Norte en Valdemoro. Los hechos se remontan al año 2010 cuando el Ayuntamiento de dicha localidad, gobernado por el PP, modificó el plan urbanístico para alterar el precio de la categoría de las viviendas.
A tenor de las pesquisas del país helvético, la Fiscalía Anticorrupción concluyó que tanto Cápita como Marjaliza pusieron en marcha un circuito bancario de flujo de fondos en Suiza y Singapur a través de sociedades 'off shore'. Gracias a este entramado consiguieron "desconectar" las ganancias que le producían estas cuantías y reintegrarlas de nuevo en el circuito en Ginebra.
Sobornos para adjudicarse la construcción de colegios
Tampoco pasa por alto el Ministerio Fiscal la declaración prestada por Marjaliza en sede judicial el pasado mes de julio cuando reconoció el pago de sobornos en diversos municipios madrileños, algunos de hasta 600.000 euros, a cambio de adjudicarse la construcción de colegios. En concreto, se refieren a la "influencia" que ejerció en el consistorio de Pinto para participar en sus obras a través de Obrum.
De entre las sociedades que ambos constructores pusieron en marcha destaca Vancouver, la cual, a su vez, canalizó pagos de otras empresas implicadas en la trama tales como Waiter Music. De hecho, la última documentación aportada a la causa por el cerebro de la Púnica recoge facturas falsas giradas desde esta empresa dedicada a la promoción de eventos y actos con conceptos ficticios que el propio Marjaliza ordenó reflejar.
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