Solidarios en Acción: Dar tu opinión en Venezuela puede costarte la cárcel

  • 22 artículos jurídicos establecen la pena de cárcel para quienes ejercen la libertad de expresión en Venezuela. Si un periodista realiza una crítica abierta al Gobierno de Hugo Chávez o se hace eco de las críticas de terceros, se expone a serias represalias de las autoridades.

En Venezuela, expresar tu opinión puede costarte la cárcel
En Venezuela, expresar tu opinión puede costarte la cárcel
iStockPhoto

"En Venezuela hay serias restricciones a la libertad de expresión; para quien decide tener posiciones críticas puede implicar desde la ruina económica hasta la pena privativa de libertad. De hecho, hay algunas radios y algunos medios que por las presiones se han autocensurado". Así resume Carlos Correa, director de la organización independiente Espacio Público con sede en Caracas, la difícil situación de los medios de comunicación en su país.

Correa es uno de los mayores defensores de los derechos humanos en Venezuela. Lleva quince años trabajando y luchando por la libertad de expresión e información en Venezuela y asegura que aunque aún existen medios críticos con el Gobierno de Hugo Chávez, "la libertad se ha ido constriñendo".

"Cualquiera que vilipendiare públicamente a la Asamblea Nacional (…) o al Consejo de Ministros será castigado con prisión de quince días a diez meses." "Todo individuo que en comunicación con varias personas (…) hubiera ofendido de alguna manera el honor, la reputación o el decoro de alguna persona, será castigado con prisión de seis meses a un año y multa de cincuenta unidades tributarias".

Estos dos extractos de los artículos 444 y 149 respectivamente del Código Penal venezolano dejan claras las duras consecuencias que puede suponer pronunciar una opinión en el país bolivariano, aunque la Constitución venezolana reconoce el derecho a la libertad de expresión en su artículo 57. En otros países, como en España, también se debe respetar la dignidad de toda persona, pero nadie puede acabar en la cárcel por criticar a un político o una autoridad.

No sólo organizaciones venezolanas como Espacio Público denuncian la situación, sino también muchas organizaciones internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, se ha mostrado más que preocupada por "una paulatina vulneración del ejercicio [del derecho a la libertad de expresión] en Venezuela y una creciente intolerancia a la expresión crítica" (PDF). Reporteros Sin Fronteras ha situado a Venezuela en el puesto 124 de 175 países sobre la libertad de expresión en el mundo (PDF).

Limitaciones del día a día

Pero Carlos Correa recuerda que el problema no es sólo la falta de libertad de expresión, sino también las restricciones en el acceso a la información… y sus consecuencias. "En Venezuela hay enormes dificultades para acceder a la información pública. De cada 100 peticiones de amparo o tutela [formuladas por los ciudadanos], más de 80 no reciben respuesta de las administraciones. Esto tiene implicaciones en la corrupción: cuando no tienes que rendir cuentas a nadie, la gestión pública se hace arbitraria", asegura el director de Espacio Público.

En Venezuela la Administración pública no realiza conferencias de prensa ni los funcionarios responden a preguntas que tienen que ver con su gestión, se queja Correa. Cuenta que en las pocas ruedas de prensa que ofrece el presidente Hugo Chávez, cuando hay visitas internacionales, "no dejan entrar a determinados periodistas o medios".

El año pasado el Gobierno chavista retiró la licencia de emisión a 34 estaciones de radio que no se amoldaron a las pautas oficiales, en enero de este año obligó al cierre en emisión abierta de Radio Caracas TV y recientemente ha inhabilitado al periodista Francisco Pérez por cuatro años para el ejercicio de su profesión "por publicar en un artículo la opinión de un tercero sobre la presunta corrupción en un ayuntamiento" según recuerda Correa.

A pesar de casos como estos, sigue habiendo medios de comunicación como Globovisión -con 6 procedimientos judiciales abiertos en su contra- que continúan siendo críticos con el Gobierno. Eso sí, el tiento a la hora de elaborar la información se ha incrementado, según Espacio Público.

"En los medios venezolanos si yo digo una incorrección política a ojos del Gobierno, la responsabilidad no es sólo mía, sino también del periodista y del medio que lo está retransmitiendo", explica Correa. "Esto implica una autocensura [de los medios] o que se autolimiten con los invitados a un programa, por ejemplo".

Defensa de la libertad de expresión

Espacio Público está conformado por un pequeño equipo compuesto por un abogado, sociólogos, periodistas y académicos que desde 2002 se han autoimpuesto el deber de luchar por el derecho a la libertad de expresión.

Con financiación de la cooperación internacional, realizan un seguimiento a la situación de la libertad de prensa y defienden a periodistas procesados por casos como el de Francisco Pérez. También ofrecen talleres tanto a profesionales de la comunicación como a comunidades de ciudadanos para enseñarles cómo ejercer la libertad de expresión y el derecho a la información a través de las redes sociales.

Todo ello les ha valido la apertura de un caso judicial por parte de la Fiscalía venezolana. La ONG internacional Human Rights Watch denunciaba recientemente la "persecución" que está sufriendo Espacio Público y su director por parte del Estado venezolano.

"No hemos tenido ninguna notificación oficial de que se vaya a lanzar ese proceso", apunta Carlos Correa. "Se nos ha hecho una campaña sistemática en los medios públicos criminalizándonos. Nos hemos sentido muy hostigados por los canales y cargos públicos, [pero] ese ataque es un modo de darnos la razón".

De cara a las elecciones legislativas

Espacio Público acaba de presentar a los distintos partidos políticos y a la sociedad venezolana una propuesta de "Agenda Legislativa" de cara a las elecciones parlamentarias de este domingo 26. Entre otras cosas, piden que se retiren del Código Penal 22 artículos que establecen la pena de cárcel para quienes ejercen la libertad de expresión, criminalizando la difamación, la calumnia o la injuria.

Correa pide que ese tipo de faltas se incluyan solo en el Código Civil y confía en que con la llegada de nuevas formaciones políticas al parlamento (en los últimos comicios no se presentaron por considerar el proceso irregular), pueda darse algún cambio en la situación actual.

"La Asamblea Nacional hasta ahora era un monólogo. Habrá que ver el panorama de la Asamblea [tras las elecciones], que será más diversa y eso abre camino", concluye esperanzado este activista por los Derechos Humanos.

Mostrar comentarios