Solís dice que acatará fallo sobre presencia de obispo luterano en gabinete

San José, 14 may.- El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, afirmó hoy que acatará cualquier fallo que emita la Sala Constitucional sobre un recurso de amparo presentado por un ciudadano en contra del nombramiento del obispo luterano Melvin Jiménez como ministro de la Presidencia.

"Cuando falle la Sala, que será un fallo profundo y entonado, acataremos el fallo y tomaremos las decisiones que haya que tomar", expresó Solís a los periodistas.

El mandatario dijo que "todo está bien" en este asunto y que esperaba que se abriera este debate sobre la investidura religiosa del ministro.

"Sabíamos que venía esta discusión y le doy la bienvenida para zanjar este tema de una vez. No veo que haya nada extraño en el debate que se ha producido", declaró el mandatario.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia acogió el martes, para su estudio, un recurso de amparo presentado el 23 de abril pasado por un ciudadano de apellidos Orozco Carballo contra el nombramiento del ministro Jiménez.

La Sala indicó que el trámite de estudio del caso no imposibilita a Jiménez de ejercer como ministro y obliga a la Presidencia a enviar un informe al respecto con su posición, para que luego los magistrados analicen el fondo del asunto y emitan una resolución, para lo que no hay un plazo establecido.

Según el recurso de amparo, el nombramiento de Jiménez infringe el artículo 142 de la Constitución Política que establece como uno de los requisitos para ejercer como ministro "ser del estado seglar".

En el escrito se solicita declarar nulo el nombramiento del ministro.

Tanto Solís como Jiménez han dicho que no existen roces con la Carta Magna, que data de 1949, pues interpretan que la prohibición solo se refiere a la religión católica, establecida allí mismo como la oficial del país.

Jiménez, de 57 años, dirige un ministerio que se encarga de manejar los asuntos internos del Ejecutivo, pero que además tendrá la vital misión de ser el puente entre el Gobierno y el Congreso más fraccionado en la historia reciente del país, con nueve partidos políticos representados.