Un 53 % del transporte público urbano en España se financia con la venta de billetes, mientras que el 47 % restante se cubre con recursos y subvenciones públicas, según un informe de la Asociación del Transporte Público Urbano (ATUC) a partir de datos del Observatorio de la Movilidad Metropolitana.
El informe, elaborado a partir de los datos de catorce ciudades, señala que A Coruña es la ciudad con un sistema más autosuficiente, ya que logra sufragar tres cuartas partes del coste total del sistema con los ingresos de los billetes.
En el lado opuesto está Tarragona, la ciudad donde se aportan más fondos públicos en relación al coste total, un 63,6 %.
El estudio destaca también que Madrid es la ciudad que más ingresos tarifarios obtiene, con 880,1 millones de euros, que sirven para sufragar la mitad del coste del sistema de transporte público urbano.
Por su parte, Barcelona cubre el 56,8 % de sus necesidades financieras con lo que ingresa por billetes y abonos, aunque en estos datos no figuran los correspondientes a autobuses metropolitanos y tranvías, mientras que en Valencia un 56,2 % de los gastos se cubren por esta vía.
El secretario general de ATUC, Jesús Herrero, ha destacado la necesidad de desarrollar una Ley de Financiación del Transporte Público que permita una "mejor reordenación de los recursos y garantice la calidad en el servicio".
De acuerdo con ATUC, este sector genera más de 25.000 empleos en España y mueve más de 5.000 millones de euros anuales en facturación, permitiendo que más de 3.000 millones de personas puedan viajar cada año.
Así se financia en Europa
La Ley de Financiación del Transporte Público es común en el resto de Europa. Esta norma permitiría conocer cuántos recursos va a recibir una ciudad para financiar el sistema de transporte público con antelación y a un plazo mínimo de cinco años.
La norma incorporaría además vías de financiación alternativas, como sucede en otros países como Francia o Alemania. En el país vecino, está vigente el “Versement Transport”, un sistema de tasa directa de la que se hacen cargo empresas privadas con plantillas a partir de once empleados y situadas en localidades de al menos 10.000 habitantes.
El ejemplo alemán, por su parte, consiste en un impuesto llamado “Mineralösteuer”, un céntimo “verde” que grava el consumo de productos petrolíferos para financiar el transporte público, y que responde a la máxima europea de “quien contamina, paga”.
Al mismo tiempo, la norma permitiría hacer un reparto más equitativo de las subvenciones estatales, que en la actualidad se rigen en un 85% por el déficit del billete, mientras que el 15% restante tiene en cuenta aspectos muy importantes como la demanda, la longitud de línea y los criterios medioambientales. Esto implica que haya ciudades que reciben 0,05
euros por habitantes, y en cambio otras superan los 20 euros.
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