Soraya sáenz dice que la ley de transparencia hará “más fuerte” a la democracia española

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró hoy en el Congreso de los Diputados “la democracia nos la dimos hace mucho años y se debe seguir construyendo y regenerando cada día” y que la Ley de Transparencia “puede y debe ser un paso más” en ese camino en lo que debe ser “una vocación de todos”, lograr una democracia más fuerte.
Así lo dijo en el Congreso de los Diputados, durante el debate del dictamen elaborado por la Comisión Constitucional sobre el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Tras señalar que espera que en el trámite de la ley en el Senado se sumen más grupos y que el Gobierno manifestó “desde el primer momento su máxima voluntad de diálogo”, Sáenz de Santamaría añadió que “la democracia nos la dimos hace bastante años y se debe seguir construyendo y regenerando cada día”.
“Esta ley puede, y creo que debe ser, un paso más, un paso humilde pero un paso en lo que tiene que ser y creo que es una vocación de todos, una democracia más fuerte y la transparencia hace más fuerte a la democracia”, dijo la vicepresidenta.
Por su parte, el diputado del PP, Esteban González Pons, destacó que, según Transparencia Internacional España con esta ley la administración pública española se hace “de cristal” y pidió a los grupos parlamentarios que voten “a favor de la claridad”, pues el país no puede continuar “en la opacidad y en la penumbra”.
Tras señalar que los grupos no pueden permanecer “de brazos cruzados” ante el clamor ciudadano por la transparencia, González Pons agregó que “la lucha contra la corrupción es de todos” y afirmó que “nadie puede afirmar” que su partido nunca será investigado por corrupción.
UNA LEY POBRE
Enrique Serrano, del Grupo Parlamentario Socialista, denunció que “se ha empobrecido” la Ley de Transparencia, pues no ha recogido las enmiendas formuladas por su partido, al tiempo que criticó, entre otras cosa, que sea un órgano administrativo el que decida la inhabilitación de cargos públicos en determinados casos. “No puede ser”, sentenció.
Hizo hincapié en la apelación que el PP hace a la Ley de Transparencia y la práctica de su grupo parlamentario, que “obstaculiza” el ejercicio por esta Cámara de una las funciones que le encomienda la Constitución: Controlar la acción del Gobierno. “No puede ser al mismo tiempo reclamar responsabilidad al Grupo Socialista en torno a esta ley y negar al grupo socialista y con él a toda la oposición cualquier iniciativa dirigida a pedir explicaciones”, añadió.
Por su parte, Jordi Janè (CiU) destacó que se ha mejorado el texto pero propuso que para las organizaciones con fines sociales sin ánimo de lucro se revise el deber de transparencia que la ley impone a las entidades privadas, siempre que lo que reciban de subvenciones públicas tengan un mínimo de 3.000 euros. Habría que poner, dijo, un límite distinto.
Por parte del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural intervino el diputado Joan Josep Nuet, quien aseguró que “la batalla de la Ley de Transparencia la ha ganado el aparato de agitación y propaganda del PP”, del que dijo que “se mueve entre Génova y Moncloa y que tiene en cada uno de los dos ámbitos sus peones”.
Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) comenzó su intervención diciendo que la Ley de Transparencia “debería estar pensada” para los ciudadanos y denunció que el texto que hoy se aprobó en la Comisión Constitucional el pasado mes de julio “está pensada para las Administraciones”. Para la formación magenta, esta norma “nace muerta” porque no considera que la información es un derecho fundamental.
El PNV, mediante su diputado Emilio Olabarría, anunció que su grupo retira las cuatro enmiendas que aún mantenía vivas, pues se han quedado “sin la percha” de la que colgaban, al tiempo que destacó el “parlamentarismo” que ha respirado la tramitación de la norma.
CAMBIOS POSITIVOS PERO INSUFICIENTES
Por parte del Grupo Mixto intervinieron Amaiur, ERC, BNG, CC, Compromís-Equo y Geora Bai. Rafael Larreina, de la coalición vasca, admitió que ha habido “innegables” cambios “positivos” en el texto, pero añadió que su formación echó en falta el diálogo con “todos” los grupos parlamentarios.
Por su parte, Alfred Bosch (ERC) manifestó que dejar que los catalanes voten y decidan sobre su independencia “también es transparencia y buen gobierno”. Asimismo, admitió que hay aspectos positivos, como la inclusión de la Casa Real en el ámbito de la ley, pero criticó que no haga mención alguna, por ejemplo, a altos cargos.
La diputada gallega Olaia Fernández Dávila (BNG) señaló que no se ha abordado “convenientemente” la inclusión de la Casa Real en dicha ley.
Por su parte, Ana Oramas, de Coalición Canaria, que también retiró sus enmiendas, anunció que en el Senado plantearán aspectos técnicos relativo al tratamiento de datos personales y defendió que la de Transparencia es una ley “para el siglo XXI de una democracia avanzada”.
Joan Baldoví (Compromís Equo) dijo que la Ley de Transparencia nace “vieja, corta y coja”, porque no recoge derecho de la información como un derecho fundamental y no alcanza a todas las instituciones.
Uxue Barkos (Garoa Bai) lamentó que no se haya producido conversaciones “con vocación de acuerdo” con el conjunto de todos los grupos parlamentarios cuando se trata de una ley que exige el “consenso convencido y absoluto de todos los grupos”.
EL DICTÁMEN
El texto debatido hoy, una vez votado, continuará su tramitación parlamentaria en el Senado. En caso de que la Cámara Alta no lo modifique, la ley quedará definitivamente aprobada pero si introduce cambios, éstos deberán ser ratificados o rechazados por el Pleno del Congreso.
El dictamen del Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno establece que la norma será de obligado cumplimiento para las entidades privadas que perciban del erario público más de 100.000 euros anuales o que la mitad de sus ingresos procedan de una subvención, “siempre que alcancen, como mínimo, 3.000 euros”.
La ley afectará también, según el dictamen, a los partidos políticos, a las organizaciones sindicales y a las organizaciones empresariales, así como a la Casa Real, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Tribunal Constitucional, al Consejo General del Poder Judicial, al Banco de España, al Consejo de Estado, al Defensor del Pueblo, al Tribunal de Cuentas, al Consejo Económico y Social “y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo”.
Además, señala que se creará un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que, entre otras cosas, velará por el cumplimiento de la propia Ley , iniciando las actuaciones necesarias para tal fin y los procedimientos sancionadores cuando corresponda.