Sáenz de Santamaría deja la política tras ser excluida por Casado en el nuevo PP

"Soraya Sáenz de Santamaría se marcha de la política por dignidad". Así resume un antiguo colaborador de la exvicepresidenta del Gobierno de Rajoy su decisión de poner punto final a su etapa en la 'cosa pública'. Ahora su futuro se orienta hacia el sector privado y, en concreto, hacia el Ibex 35 donde ya está explorando opciones.

La que fuera números dos del Ejecutivo popular ha comunicado este lunes al líder de esta formación, Pablo Casado, su voluntad de "abandonar la actividad política y emprender otra etapa". Lo ha hecho tras un cara a cara en Génova 13 entre los que fueran finalistas en la primarias del partido este mismo verano. Fuentes del partido califican el encuentro de "cordial" y aseguran que ha durado en torno a una hora.

La exvicepresidenta ha mantenido una reunión esta mañana con Casado, a quien ha avanzado la decisión que ha adoptado tras una "profunda reflexión y desde el convencimiento de que es lo mejor tanto para la nueva dirección del PP" como para su familia y para ella misma. Santamaría explica su decisión en un comunicado facilitado a Efe, en el que expresa su gratitud mas profunda y la experiencia "impagable que ha vivido estos 18 años" en el PP.

Casado, efectivamente, había cerrado a Santamaría cualquier puesto de relevancia en la cúpula del PP. Tampoco había reservado para ella una "gran plaza" de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas. Se había llegado a hablar de la posibilidad de que la exvicepresidenta sea candidata a la alcaldía o la Comunidad de Madrid el próximo mes de mayo, pero en el PP descartaron inmediatamente esta posibilidad. "Casado quiere evitar lo que le pasó a Rajoy con Esperanza Aguirre, que su principal rival le haga sombra al frente de un cargo importante", señalan fuentes de la cúpula de Génova.

Excluida también del Congreso al no querer integrarse, el futuro de Soraya Sáenz de Santamaría mira ahora hacia el Ibex 35. Tal y como se contó en estas páginas, una posible opción es vincularse a alguna fundación de una de estas grandes cotizadas. Sáenz de Santamaría se encuentra perfectamente capacitada, como abogada del Estado, para ocupar un puesto de mando en cualquier compañía, pero el paso durante los próximos meses por una fundación serviría de tránsito para incorporarse más tarde a un cargo de relevancia.

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Desde luego, la ex vicepresidenta lo tiene muy complicado si se aplica la literalidad de la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, aprobada en marzo de 2015 y del que la propia Saénz de Santamaría llegó a decir, un año antes cuando salió del Consejo de Ministros, que venía a "cubrir un vacío legal, pero también una gran dispersión normativa".

En concreto, la ley establece en el apartado 1 de su artículo 15, que "los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado". Dos apartados más adelante, para que quede claro en qué consiste esa afectación, el artículo 15.3 subraya que "se entiende que un alto cargo participa en la adopción de una decisión que afecta a una entidad" cuando "suscriba un informe preceptivo, una resolución administrativa o un acto equivalente sometido al Derecho Privado en relación con la empresa o entidad de que se trate". Asimismo, se subraya la incompatibilidad "cuando hubiera intervenido, mediante su voto o la presentación de la propuesta correspondiente, en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado la decisión en relación con la empresa o entidad".

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Como vicepresidenta del Gobierno en las reuniones de los viernes del Consejo de Ministros durante siete años, pero también como máxima responsable de las principales comisiones delegadas que trataban los asuntos que luego se debatirían en los propios Consejos de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría pudo asistir prácticamente a debates sobre cualquier gran empresa española, especialmente en la primera legislatura, cuando la crisis económica obligó a legislar y decidir sobre todos los sectores productivos.

En cualquier caso, la ley también decide quién tendrá la última palabra. Será la Oficina de Conflicto de Intereses, cuya dirección se encuentra vacante, el organismo que también tendrá que dilucidar hasta donde llega la ley cuando añade que "la prohibición se extiende tanto a las entidades privadas afectadas como a las que pertenezcan al mismo grupo societario".