¿Conexión Soraya-Cuatrecasas? El pacto con la Abogacía y un contrato, en el foco

Soraya Sáenz de Santamaría durante su intervención en el Congreso del PP.
Soraya Sáenz de Santamaría durante su intervención en el Congreso del PP.
Efe

Soraya Sáenz de Santamaría ha dado el salto a la empresa privada nueve meses después de ser cesada como vicepresidenta del Gobierno. Su destino es un despacho relacionado con uno de los hombres más ricos de España, Emilio Cuatrecasas, que, como hizo ella desde La Moncloa, intentó que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras no declararan la independencia unilateral. Empresario y expolítica unen ahora sus destinos en una 'joint venture' que no ha estado exenta de polémica por algunos hechos que les relacionaron en el pasado.

El fichaje es plenamente legal y no vulnera la normativa de incompatibilidades. Así lo ha considerado la Oficina de Conflicto de Intereses, el organismo del Ministerio de Política Territorial y Función Pública que ha autorizado el desembarco de Sáenz de Santamaría en el mundo de la abogacía. Pero en los seis años y medio de la abogada del Estado en La Moncloa han dado para mucho y es ahí donde aparecen estas coincidencias, para algunos casuales y para otros no tanto. Según la ley de incompatibilidades, Sáenz de Santamaría no podría prestar servicio en entidades privadas a las que les afectó alguna decisión en la que ella participó desde el Gobierno durante los dos años posteriores a su cese. Esta situación tiene vigencia hasta el 1 de junio de 2020.

La situación que más revuelo ha levantado en las últimas horas tiene que ver con la condena que recayó sobre Emilio (o Emili) Cuatrecasas en 2015 por ocho delitos fiscales. Sin embargo, el abogado pactó con el fiscal del caso y la Abogacía del Estado, un organismo que dependía del Ministerio de la Presidencia cuyo titular era Sáenz de Santamaría. Ese acuerdo libró a Cuatrecasas de la cárcel al admitir los ocho delitos contra la Hacienda Pública, pero tuvo que pagar 4,1 millones.

Un contrato con el artículo 155 en vigor

Otra conexión entre Sáenz de Santamaría y la firma que acaba de ficharla tiene que ver con un contrato que suscribió la Generalitat de Cataluña, entonces bajo el control del Gobierno central tras la aplicación del artículo 155, con Cuatrecasas. El Gobierno central autorizó al Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda a cerrar un acuerdo con el despacho catalán para el "asesoramiento legal para operación de deuda pública y financieras de la Generalitat de Cataluña y el sector público empresarial y las tareas de supervisión en materia del mercado de valores". 

El montante de este contrato fue de apenas 16.698 euros por un servicio de seis meses de duración. El documento fue suscrito por la directora de Servicios de Vicepresidencia, Natalia Garriga (que fue número dos de Oriol Junqueras y que llegó a ser detenida por participar en la organización del referéndum del 1 de octubre) y Emilio Martínez Poyatos, que ejerció de representante de Cuatrecasas. Hay que recordar que en la fecha de la firma del contrato quien ejercía la máxima autoridad en Cataluña era Administraciones Territoriales. A continuación se reproduce el documento en cuestión:

La hasta ahora miembro del Consejo de Estado también tuvo alguna relación pública con Emilio Cuatrecasas. Para ello hay que remontarse a julio de 2013, apenas un año después de la llegada del Gobierno del PP a La Moncloa. El escenario: la V edición de los 'Anuarios La Ley, prácticas para abogados', un evento en el que los grandes despachos exponían los casos más relevantes defendidos por sus abogados durante el pasado año. Allí la entonces vicepresidencia realizó anuncios de calado: una nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, la liquidación de 700 empresas públicas y la fusión de la Tesorería General de la Seguridad Social en un solo ente. 

Allí también estaba Antonio Hierro, socio y fundador de la práctica de Litigación y Arbitraje de Cuatrecasas. El jurista, que es abogado del Estado, tomó la palabra y reclamó la extensión del arbitraje como vía de resolución de conflictos frente a la Administración Pública. Un año y medio más tarde, en 2015 y con motivo del I Congreso Internacional de Arbitraje de CIMA (Corte Civil y Mercantil de Arbitraje), Sáenz de Santamaría destacó la importancia de ese arbitraje para solucionar los conflictos por la vía extrajudicial, dejando claro que esta práctica fue una apuesta del Gobierno del que formó parte.

Las relaciones con el independentismo

Cuatrecasas es un despacho con sede en Barcelona que defendió en todo momento su carácter catalanista a ultranza durante todo el desafío del 'procés'. Dentro del bufete se llegó incluso a debatir sobre la conveniencia o no de cambiar el domicilio, a la vista de que muchos de los potenciales clientes se cuestionaban su contratación dado que no se decantaba claramente en contra del independentismo en pleno conflicto del Estado con Cataluña, si bien al final el despacho no se movió de la ciudad condal

Soraya Sáenz de Santamaría
Soraya Sáenz de Santamaría se ha incorporado al bufete de abogados Cuatrecasas.

Fuentes del sector aseguran que "Cuatrecasas es de Cuatrecasas" para definir la política de relaciones del despacho. En el independentismo las fuentes consultadas recuerdan, por su parte, que fue una de las firmas que no quiso mojarse por el proceso que lideraron Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Es más, Lola García relata en su libro 'El naufragio' que el propio Emilio Cuatrecasas intentó hasta el último día que la Generalitat no proclamara la DUI. Viajó hasta Bilbao en su avión personal para intentar convencer al lehendakari, Íñigo Urkullu, de que mediara. E, incluso, el president le echó de su despacho reprochándole "con vehemencia que no defendiera al Govern durante los años más graves de la crisis"

Adiós a la política y a los 'sorayistas'

Soraya Sáenz de Santamaría desembarca en la empresa privada tras presidir durante más de seis años la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios que abordaba todos los jueves los asuntos que se iban a tratar en Consejo de Ministros. ¿Se tomó alguna decisión sobre Cuatrecasas? Nunca se sabrá porque los acuerdos del presidente con sus ministras tienen el carácter de secretas.

Lo que sí está claro es que su incorporación a la abogacía ha generado una sensación de alivio en el PP de Pablo Casado. Su fichaje llega en un momento en el que la cúpula del partido está 'purgando' de las listas a todos los 'sorayistas' y ya algunos van enfilando el camino de salida: Íñigo Méndez de Vigo ya lo anunció ayer y se espera pronto una decisión sobre Cristóbal Montoro, que enfilaría el camino de la jubilación. En su última declaración de bienes, por cierto, la exvicepresidenta comunicó tener un patrimonio de 608.998 euros y un pasivo de 303.533 euros.

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