Miércoles, 23.10.2019 - 07:55 h
Con las puertas cerradas en el nuevo partido

Soraya explora opciones en el Ibex tras el veto de Casado a una gran plaza en el PP

La exvicepresidenta afronta dos años de incompatibilidad para un cargo ejecutivo en el sector privado. Las fundaciones del Ibex 35, su posible salida.

Pablo Casado se reúne con Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso
Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría en la reunión que mantuvieron en julio / PP

Soraya Sáenz de Santamaría no tiene cabida en el nuevo PP de Pablo Casado y ya orienta su futuro hacia el sector privado. La exvicepresidenta del Gobierno mira, de esta forma, hacia las grandes firmas del Ibex 35 después de comprobar que en la renovada ejecutiva de Génova no cuentan con ella para conformar la 'primera línea de fuego' de una formación que va a intentar volver al Gobierno lo antes posible. El problema para la vallisoletana, que este jueves no ha acudido a la reunión del grupo parlamentario, es el duro régimen de incompatibilidades que ella misma aprobó nada más llegar a La Moncloa.

Santamaría, efectivamente, se enfrentaría a una complicada 'travesía por el desierto' si decidiera continuar en política activa. Casado le ha cerrado el paso en la cúpula del partido y, según fuentes internas, tampoco cuenta con ella para una "gran plaza" de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas. Se ha llegado a hablar de la posibilidad de que la exvicepresidenta sea candidata a la alcaldía o la Comunidad de Madrid el próximo mes de mayo, pero en el PP descartan esta posibilidad. "Casado quiere evitar lo que le pasó a Rajoy con Esperanza Aguirre, que su principal rival le haga sombra al frente de un cargo importante", señalan las mismas fuentes.

El futuro de Soraya, por tanto, se orienta hacia el sector privado, tal y como ha avanzado Okdiario. Pero no es nada sencillo conseguir un cargo ejecutivo en una de las grandes firmas del país. La regulación de las incompatibilidades de los altos cargos del Gobierno es contundente, por lo que fuentes cercanas a la vicepresidenta apuntan que su futuro pasaría, más bien, por la fundación de una de estas grandes cotizadas el Ibex. Sáenz de Santamaría se encuentra perfectamente capacitada, como abogada del Estado, para ocupar un puesto de mando en cualquier compañía, pero el paso durante los próximos meses por una fundación serviría de tránsito para incorporarse más tarde a un cargo de relevancia.

Desde luego, la ex vicepresidenta lo tiene muy complicado si se aplica la literalidad de la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, aprobada en marzo de 2015 y del que la propia Saénz de Santamaría llegó a decir, un año antes cuando salió del Consejo de Ministros, que venía a "cubrir un vacío legal, pero también una gran dispersión normativa".

En concreto, la ley establece en el apartado 1 de su artículo 15, que "los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado". Dos apartados más adelante, para que quede claro en qué consiste esa afectación, el artículo 15.3 subraya que "se entiende que un alto cargo participa en la adopción de una decisión que afecta a una entidad" cuando "suscriba un informe preceptivo, una resolución administrativa o un acto equivalente sometido al Derecho Privado en relación con la empresa o entidad de que se trate". Asimismo, se subraya la incompatibilidad "cuando hubiera intervenido, mediante su voto o la presentación de la propuesta correspondiente, en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado la decisión en relación con la empresa o entidad".

Como vicepresidenta del Gobierno en las reuniones de los viernes del Consejo de Ministros durante siete años, pero también como máxima responsable de las principales comisiones delegadas que trataban los asuntos que luego se debatirían en los propios Consejos de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría pudo asistir prácticamente a debates sobre cualquier gran empresa española, especialmente en la primera legislatura, cuando la crisis económica obligó a legislar y decidir sobre todos los sectores productivos.

En cualquier caso, la ley también decide quién tendrá la última palabra. Será la Oficina de Conflicto de Intereses, ahora dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el organismo que también tendrá que dilucidar hasta donde llega la ley cuando añade que "la prohibición se extiende tanto a las entidades privadas afectadas como a las que pertenezcan al mismo grupo societario".

Los colaboradores de Santamaría comienzan a colaborar

Fuentes de Génova explican a La Información que mientras Soraya orienta su futuro hacia el ámbito privado los que fueran colaboradores más cercanos a ella ya están empezando a colaborar con la nueva dirección que capitanea Pablo Casado. Fátima Báñez, Álvaro Nadal, José Luis Ayllón, Alfonso Alonso... son nombres que, en un principio, se plantaron contra el nuevo presidente del PP pero que ahora están pasando de ese periodo de 'duelo' por la derrota en las primarias de julio a un papel más activo dentro de la estructura del partido.

Hay que recordar que varios de los altos cargos de Rajoy ya han encontrado acomodo profesional en la empresa privada. El caso más parecido al cambio que podría experimentar Soraya Sáenz de Santamaría es el de Fernando García Sánchez, antiguo Jemad, que ahora es presidente de la Fundación Iberdrola. Ángel Fernández Díaz, exjefe de gabinete de Íñigo de la Serna en Fomento, ahora trabaja en Airbus; Julio Gómez-Pomar, secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, ha fichado por el Instituto de Empresa; y Begoña Cristeto, secretaria general de Industria, ha fichado por KPMG. 

Antes de la moción de censura ya hubo una serie de altos cargos del Gobierno que ahora trabajan en grandes firmas. Un caso es el de Jaime Pérez Renovales, que fue subsecretario de la Presidencia con Soraya Sáenz de Santamaría en Moncloa y que ahora es secretario general y del consejo del banco Santander. Marta Fernández Curras, que fue la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos a las órdenes de Cristóbal Montoro, ha terminado fichando por el despacho EY; Miguel Ferre, que fue por su parte secretario de Estado de Hacienda, también ha acabado en el mismo bufete de abogados. Y su compañero en el Ministerio de Hacienda, el que fuera director general de Tributos, Diego Martín-Abril, ha sido contratado como asesor de Goméz Acebo & Pombo Abogados. Íñigo Fernández de Mesa, Miguel Temboury, José Manuel Vargas... el listado es amplio y todos ellos necesitaron el visto bueno de la Oficina de Conflictos de Intereses.

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