SOS de García Castellón: busca un nuevo refuerzo para no retrasar más sus casos

Con la marcha de Alejandro Abascal al Juzgado Central de Instrucción número 1, el magistrado encargado de investigar las macrocausas más mediáticas como 'Tándem', 'Púnica', 'Lezo' o la relativa a los CDR de Cataluña se ha quedado sin un apoyo esencial. Por ello, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, ha solicitado a la Audiencia Nacional que le busque un nuevo juez que le ayude a sacar adelante todos los asuntos que recaen en su juzgado y evitar que se retrasen más tiempo todos procedimientos que tiene abiertos desde hace varios años.

El juez Alejandro Abascal, candidato a vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya renovación lleva estancada desde diciembre de 2018, era desde hace algo más de dos años el principal refuerzo de García Castellón. Desde su llegada a la Audiencia Nacional se ha ocupado de lleno de aquellos procedimientos que han ido recayendo en el juzgado, como las presuntas irregularidades en las cuentas del Grupo DIA, dejando el procedimiento listo para juicio y sentando en el banquillo al exconsejero delegado de la cadena de supermercados Ricardo Currás, entre otros. Ello ha permitido al titular del Juzgado a centrarse en causas mucho más complejas como el caso 'Tandem', que acumula una treintena de piezas sobre las labores de espionaje del comisario jubilado José Manuel Villarejo. 

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Además de estas tareas de apoyo, según han destacado fuentes jurídicas consultadas por La Información, García Castellón no solo consultaba con Abascal los avances de los macrosumarios que instruye, sino que también quería conocer su opinión antes de la toma de decisiones importantes como la imputación de empresas como personas jurídicas, debido a su amplio conocimiento del artículo 31 bis del Código Penal, sobre el que hizo una tesis doctoral. Entre los casos más destacados, el magistrado titular puso en el punto de mira -y posteriormente archivó- a Indra en el caso 'Púnica', en el marco de la investigación sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid. También mantiene imputado en el caso 'Tándem' al BBVA y estudia la posibilidad de hacer lo mismo con Iberdrola, Repsol y Caixabank.

Según consta en el acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional del pasado 21 de junio, el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, recibió el pasado 18 de junio un escrito del juez García Castellón en el que solicitaba "el nombramiento de un juez de apoyo" que esté bajo su dirección, "y sin funciones jurisdiccionales, que realice exclusivamente labores de colaboración, asistencia o asesoramiento". No obstante, la Sala de Gobierno acordó retirar el presente punto del orden del día hasta la próxima reunión, que se ha fijado para el próximo 19 de julio.

Ya cuenta con un juez de apoyo

Aun con la marcha de Abascal, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 cuenta con el apoyo de otro juez, Joaquín Gadea, que se incorporó a la Audiencia Nacional en enero de 2020, pero sin esas competencias jurisdiccionales, por lo que su actividad se centró en la agilización de resoluciones. A principios de este año, el CGPJ le otorgó dichas competencias y, por lo tanto, le autorizó a conocer los nuevos asuntos que ingresan en el juzgado y a realizar interrogatorios, lo que supuso una rebaja en la carga de trabajo del magistrado García Castellón. Tanto es así, que desde entonces ha dirigido varias de las declaraciones del caso 'Púnica', macrocausa que se abrió en octubre de 2014 y a la que ya se pretende poner punto final.

Gadea ha sido juez decano de Tarragona hasta septiembre de 2018 y fue uno de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que condenó a un año y medio de inhabilitación al expresidente de la Generalitat Joaquim Torra por desobediencia a la Junta Electoral Central (JEC) al no retirar los lazos amarillos de la fachada del Palau de la Generalitat durante la campaña de las elecciones municipales de 2019.

En cuanto a Alejandro Abascal, procedente del Juzgado de Instrucción número 4 de Fuenlabrada (Madrid), optó a principios del pasado mes de junio por la vacante en el Juzgado Central de Instrucción número 1, después de que el juez Santiago Pedraz reclamara a la Audiencia Nacional y al Consejo General del Poder Judicial que buscara un sustituto temporal hasta que llegue el nuevo titular de este órgano, Francisco de Jorge Mesas, destinado hasta finales de año en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen Organizado (UNODC). 

Plaza hasta diciembre

Pedraz cambió en diciembre de 2020 de juzgado, siendo su nuevo destino el Juzgado Central de Instrucción número 5, el encargado de investigar la parte de la presunta caja 'b' del PP que aún no ha ido a juicio, o el patrimonio de la familia Pujol, quienes fueron enviados a juicio a mediados del pasado junio. No obstante, como antiguo titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, y mientras llega su nuevo inquilino, este magistrado ha estado simultaneando los trabajos de ambos juzgados. Ante la excesiva carga de trabajo, la Audiencia Nacional finalmente convocó una plaza en comisión de servicio con relevación de funciones desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.

Aunque se presentaron nueve candidatos a la vacante, la Audiencia Nacional tan sólo presentó al órgano de gobierno de los jueces la propuesta Abascal. La propuesta de nombramiento, recogida en el último acuerdo de la Sala de Gobierno, destaca su experiencia en "procedimientos de especial complejidad en la lucha contra la corrupción (caso Lezo); delitos contra la Hacienda Pública de especial trascendencia (fraude de hidrocarburos); tráfico de drogas de organizaciones criminales nacionales e internacionales y delincuencia penal económica de trascendencia a nivel nacional (caso DIA)", todos ellos instruidos durante su etapa como juez de refuerzo de García Castellón.

Ahora en el Juzgado Central de Instrucción número 1 se encontrara causas nuevas como la relacionada con una presunta estafa con criptomonedas, a cuyo principal investigado, el empresario Javier Biosca, tendrá que tomar declaración después de que el juez Pedraz le enviara a prisión provisional tras ser detenido en Málaga, pero dejara su interrogatorio para más adelante.