Viernes, 13.12.2019 - 20:23 h
Tensiones en el mercado petrolero

La subida del crudo sorprende a España sin medidas de ahorro después de un año

La UE aprobó en junio de 2018 la directiva de eficiencia energética en edificios pero la trasposición a la legislación nacional sigue pendiente.

Gráfico precios petróleo.
Gráfico precios petróleo.

En junio de 2018, la Unión Europea (UE) aprobó una herramienta clave para consumir menos petróleo y gas y cumplir con los objetivos de descarbonización de la economía: la directiva de eficiencia energética en edificios. Un año después, la norma no se ha traspuesto a la legislación española. El plazo acaba en marzo de 2020. España suele trasponer las normas al límite o directamente con retraso. Pero en esta ocasión, el retraso puede salir muy caro. El petróleo ha subido un 39% desde enero y para un país que importa el 98% del petróleo y el gas que necesita -datos de Eurostat-, la factura es muy preocupante. En 2018, la factura petrolera ascendió a 33.728 millones, un 3% del producto interior bruto.

La directiva de eficiencia pendiente de trasposición en España es importante porque impulsa la sustitución en todos los edificios, nuevos y rehabilitados, de los combustibles fósiles por energías limpias. Las cuentas salen. Según la normativa que entró en vigor hace un año “cada 1% de aumento del ahorro energético permite reducir en un 2,6 % las importaciones de gas".

España supera en más de 20 puntos la tasa de dependencia energética de la UE. El porcentaje se sitúa en el 76%, según el Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España 2017 mientras que la media de la UE ronda el 53%. Es el flanco más descubierto y débil de la economía. La cuenta a vuela pluma estremece: 20 dólares de subida en el barril suponen 10.000 millones de impacto negativo en la economía, con efectos negativos en el consumo de los hogares, en el déficit público y en la deuda.

Importaciones en aumento

El panorama no se ha corregido desde el año 1973, con la gran crisis del petróleo. Desde 2008, las importaciones no han dejado de crecer. Aunque España ratificó el Acuerdo de París en 2016, la estrategia frente al cambio climático en la última década ha sido confusa, cuando no contradictoria. Sí y no a las medidas frente al cambio climático y a las emisiones de gases de efecto invernadero. Un ejemplo. En el año 2012, siendo ministro de Industria y Energía José Manuel Soria (PP), España se opuso a la directiva de eficiencia energética al considerar que penalizaba la economía y en concreto, al sector de la construcción.

Las contradicciones tienen su traducción en millones de euros. El Gobierno ha estimado que las exenciones y deducciones aplicadas sobre a los combustibles fósiles en relación al Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) ascienden 5.925 millones de euros al año, por encima de las ayudas anuales a las renovables, que ascienden a 5.674 millones.

Pese a todo, ha habido avances notables. No sólo con la ratificación del Acuerdo de París, sino con los planes esbozados en el último año. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) supone un  progreso, según coinciden los analistas. Por primera vez se contempla una reducción progresiva de las importaciones de hidrocarburos para disminuir la dependencia energética en torno a 15 puntos, para situarla en el 59%, aún por encima de la media de la UE, pero con un  ahorro de 75.000 millones hasta 2030.

Antídoto ante la crisis

El PNIEC elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera valora por primera vez la necesidad de ahorrar en energía. En opinión de los expertos, la transformación energética que impulsa Ribera puede ser un buen antídoto ante una posible nueva crisis en torno a los precios del petróleo. El riesgo a subidas bruscas del crudo existe. Los recortes de producción de la OPEP, la inquietud por el aumento de la tensión entre EE UU, Irán y Arabia Saudí y los problemas de producción en Venezuela o Libia amenazan la estabilidad de precios a corto plazo.

El retraso de España en la trasposición de la legislación comunitaria es coherente con la escasa preocupación de los organismos supervisores por la excesiva dependencia de la economía de las importaciones de gas y de petróleo. Ocupa, pero no preocupa. Sólo muy recientemente el Banco de España ha hecho alusión expresa a la necesidad de considerar también elementos de sostenibilidad en las valoraciones del sistema financiero sobre las empresas.

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