La decisión de la Fiscalía de Suiza de cerrar la investigación sobre las presuntas comisiones irregulares relacionadas con las obras del AVE a La Meca allana el camino a la Fiscalía del Tribunal Supremo para que ponga punto y final a las pesquisas que inició hace algo más de un año y medio sobre el patrimonio del rey Juan Carlos I. Una investigación que se nutre en gran parte de la documentación recabada por las autoridades helvéticas, por lo que la conclusión alcanzada por el fiscal Yves Bertossa puede incidir en la decisión que finalmente adopte el Ministerio Público español, ya que no ha podido establecer un vínculo entre la donación de 100 millones de dólares que hizo Arabia Saudí a la Fundación Lucum, de la que era beneficiario el Rey emérito, y la adjudicación del tren de alta velocidad en el desierto.
La Fiscalía del Alto Tribunal, competente para investigar al exjefe del Estado por su aforamiento, tiene previsto cerrar en las próximas fechas las tres líneas de investigación, que se encuentran en su recta final pendiente de recibir la información reclamada el pasado mes de febrero a Suiza para esclarecer las "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales". Una de ellas, precisamente las primeras diligencias que se iniciaron, están directamente relacionadas con el presunto cobro de comisiones que don Juan Carlos habría recibido por mediar en el negocio sobre el AVE que conectaría las ciudades de Medina y La Meca.
Por este motivo, fuentes jurídicas consultadas por La Información señalan que entenderían que el Ministerio Público español no viera ningún indicio de delito en este punto, ya que Bertossa tampoco los ha encontrado en la donación que el rey Juan Carlos ordenó hacer a la empresaria germanodanesa Corinna Larsen. En concreto, el fiscal suizo no descarta el "deseo de ocultación" que hubo en el traspaso de 100 millones de dólares que el monarca saudí Abdul Aziz Al Saud -fallecido en 2015- hizo en 2008 a la Fundación Lucum, cuya cuenta en el banco Mirabaud se cerró en 2012 con un saldo de 65 millones de euros, que directamente fueron transferidos a una cuenta de Larsen en el paraíso fiscal de Las Bahamas. No obstante, no ha podido acreditar que esta operativa tuviera relación con la adjudicación del AVE a La Meca. Por este motivo ha exonerado de un posible delito de blanqueo de capitales a la examiga del Rey emérito, al asesor fiscal Arturo Fasana, y el abogado Dante Canónica, entre otros. Cabe destacar que Juan Carlos I en ningún momento ha estado investigado, ni ha sido citado a declarar, en el procedimiento seguido por la Fiscalía Suiza.
Las mismas fuentes consultadas, que subrayan que ambas fiscalías son independientes, destacan que previsiblemente esta primera parte de la investigación, que provocó un terremoto político, mediático y la salida de España del monarca a Emiratos Árabes Unido, el 3 de agosto de 2020, no tendrán ningún efecto penal, ya que los hechos ocurrieron antes de junio de 2014, fecha en la que habría perdido la inviolabilidad tras abdicar en Felipe VI. Aún así, advierten de que no se puede afirmar con rotundidad si este privilegio dejó de 'proteger' a Juan Carlos I tras dejar la Casa Real o en cambio es vitalicio, ya que no existen precedentes en los que apoyarse.
Apoyo en Suiza
Los fiscales españoles encabezados por el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se han apoyado en gran medida en el fiscal Bertossa, a quien han recurrido en varias ocasiones para aclarar si don Juan Carlos ha cometido delitos fiscales con el presunto cobro de comisiones irregulares. La última comisión rogatoria librada fue el pasado 24 de febrero en la que se reclamó información de todas las cuentas en Suiza de la Fundación Zagatka entre los ejercicios 2014 y 2019, entidad que pertenece a Álvaro Orleans-Borbón, primo lejano del ex jefe del Estado. Este último auxilio judicial estaría relacionado con la segunda línea de investigación abierta para esclarecer si el emérito y otros miembros de su familia habrían pagado viajes y otros servicios a través de tarjetas de crédito con fondos opacos procedentes, presuntamente, de donaciones del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, que a su vez se habrían canalizado a través de cuentas bancarias a nombre del coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga.
Así, según las fuentes fiscales consultadas por este diario, la conclusión del fiscal de Suiza dada a conocer este lunes no afecta en nada en los plazos previstos por la Fiscalía española, pues "ni ayuda ni dificulta" a los representantes del Ministerio Público para decidir si presentan una querella en el Tribunal Supremo o finalmente dan carpetazo en bloque a las tres patas que forman la investigación sobre la fortuna que Juan Carlos I podría tener oculta. Hace unas semanas, las mismas fuentes señalaron que los fiscales encargados de este procedimiento no pensarán en ello hasta que no tengan en su poder y analicen toda la documentación reclamada a las autoridades helvéticas para obrar con todas las garantías y el máximo rigor, lo que podría producirse después de las fiestas navideñas.
Regularizaciones fiscales
De hecho, aunque todo apunta a que finalmente la investigación no acabará siendo judicializada, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, firmó a principios de diciembre un decreto para ampliar otros seis meses -hasta junio de 2022, aunque dicho plazo no es obligatorio agotarlo- la tercera línea de investigación, cuyo plazo caducaba el próximo día 17. Se trata de la investigación abierta a raíz de una denuncia del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), y por la que se rastrea la existencia de 10 millones de euros en una cuenta activa en el paraíso fiscal de la isla de Jersey que el emérito habría intentado mover.
Por otro lado, la defensa de don Juan Carlos, ejercida por el abogado Javier Sánchez-Junco, trabaja para impedir que la Fiscalía finalmente presente acciones penales por delitos fiscales, por lo que aconsejó realizar dos regularizaciones ante la Agencia Tributaria. La primera tuvo lugar el 9 de diciembre del año pasado por el importe de 678.393 euros en relación al uso de las tarjetas con fondos del empresario mexicano entre los años 2016 y 2018. La segunda llegó el pasado 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas durante varios ejercicios que ascenderían a más de 8 millones de euros relacionados con determinados gastos por viajes y servicios realizados por don Juan Carlos a cargo de la Fundación Zagatka, en la que se encontraba como beneficiario hasta junio de 2020. Ahora, aunque el Ministerio Público considera que el ajuste fiscal fue voluntario, queda por comprobar si éste ha sido completo y veraz, motivo que justifica la petición de información complementaria a Suiza, que aún está por llegar.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios