La Audiencia Nacional archivó el pasado jueves la causa que mantenía abierta contra Mario Conde desde abril de 2016 por delitos, entre otros, de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y organización criminal. Los magistrados de la Sala, que confirmaron de esta forma la absolución decretada siete meses antes por el magistrado Santiago Pedraz, determinaron que los fondos que acumuló en sus cuentas de Suiza provienen de actividades empresariales previas a su entrada en Banesto. Para llegar a esta conclusión, la Justicia puso el foco en seis cuentas que el banquero tenía en Suiza.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 cursó una primera comisión rogatoria al país helvético el 21 de abril de 2016, apenas días después de su detención en el marco de la operación Fénix. En la misma solicitó a la Fiscalía de Ginebra información detallada de las cuentas que tanto Conde como su entorno (se han investigado a otras 17 personas más) abrieron en las entidades de UBS, Dreyfus Sons&Co L.T.D Banquiers (con sede en Basilea) y Crédit Suisse. La orden emitida por la Audiencia Nacional requería además que se identificaran a los titulares de las mismas así como movimientos bancarios y transferencias recibidas y realizadas.
El instructor, que amplió el auxilio judicial internacional en más de cinco ocasiones de acuerdo con el material obrante en el sumario de la causa al que ha tenido acceso La Información, buscaba concretar si el banquero y su círculo cercano cometieron delito de blanqueo de capitales con la repatriación de Suiza de 13 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción mantenía en su querella que cometió ocho delitos contra la Hacienda Pública al no haber pagado los tributos que gravarían los flujos de dinero depositado en dichas cuentas bancarias. Conde, por su parte, alegó que el origen de los fondos introducidos en territorio español procedían de la venta de la sociedad Antibióticos S.A y las subsiguientes inversiones y reinversiones en valores bursátiles.
Pese a sus explicaciones en su declaración en sede judicial y en escritos aportados a la causa en los que dijo que "jamás" se le podría sentar en el banquillo por estos hechos, la investigación judicial ahora finiquitada, se centro en indagar los movimientos de sus cuentas en el país helvético. Tanto es así que a la comisión rogatoria inicial ordenada por Pedraz en abril de 2016 siguieron otras ampliaciones durante ese ejercicio y el siguiente poniendo el foco especialmente en una cuenta abierta en noviembre de 2001 en Suiza junto con su hija (que también fue investigada en el procedimiento) y que se cerró en diciembre de 2010.
Igualmente indagó los movimientos de otra cuenta bancaria abierta en el fondo UBS la cual se cerró en agosto del año 2002, de acuerdo con la respuesta que remitió esta entidad a la Audiencia Nacional en junio de 2017. Con todo, el inspector de Hacienda al frente del peritaje encargado en la causa, José Hernani Lacasa, expuso en su declaración en instrucción en septiembre que resultaba "intrascendente" analizar el origen de los fondos -que se remontan a febrero de 1980- ya que lo que había que indagar es si se produjo o no delito tributario. Al respecto concluyó que, en los años que eran objetos de la investigación, no se produjeron incrementos patrimoniales ni ganancias de capital y, consecuentemente, no se generaron pagos de impuestos.
Pericial clave para el cierre de la causa
Precisamente, los magistrados de la Sección Tercera que dieron carpetazo definitivo a la investigación se apoyaron de manera especial no solo en el resultado de las comisiones rogatorias sino también en el dictamen del inspector de Hacienda asegurando que no tenían "razones para dudar" de sus conclusiones. Todo ello en contraposición con la tesis del Ministerio Fiscal que determinó que entre los años 1999 y 2014 se repatriaron 13,06 millones de euros ilícitos; 2,28 millones mediante ingresos en efectivo por personas de su confianza y otros 10,7 millones procedentes de transferencias de cuentas bancarias ubicadas en el extranjero.
Al respecto la Sala recuerda que la pericial determinó que los fondos obtenidos hasta el ejercicio 1996 debían considerarse ya como investigados, de acuerdo con el auto que se hace eco además de las sentencia dictadas por la propia Audiencia Nacional y ratificadas por el Tribunal Supremo en los casos Banesto y Argentia Trust. En ambos fue condenado por delito de apropiación indebida y se le impuso una responsabilidad civil que ascendió a los 26 millones de euros de los cuáles ha abonado hasta el momento 11,9 millones
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