Suiza no quiso colaborar con la Audiencia Nacional para buscar el dinero que se perdió con la reventa de Alcoa en abril de 2020. Las autoridades judiciales helvéticas rechazaron el SOS lanzado por la juez instructora María Tardón para que comprobara si en las cuentas de una de las mercantiles que participó en la operación de compraventa de parte de la multinacional de aluminio se encuentran los 13 millones de euros que se sacaron de las cuentas de las plantas de Avilés y A Coruña para que el Grupo Riesgo pudiera adquirir más del 74% del capital social de la empresa propietaria de dichas fábricas.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, emitió el pasado 11 de marzo una comisión rogatoria a Suiza solicitando auxilio judicial para que, por un lado, le reenviaran documentos bancarios de Blue Motion Technologies, empresa a través de la cual el fondo de inversión suizo Grupo Parter era la antigua dueña de las dos plantas de Alcoa; y, por otro, se bloquearan de los activos de dicha mercantil en una cuenta en la entidad bancaria Sparkasse Schwyz hasta el importe de 13 millones de euros.
Posteriormente, a la espera de la respuesta de Berna, la magistrada Tardón dictó un auto el pasado 28 de septiembre en el que ordenó a los directivos del Grupo Riesgo imputados que ingresaran la cantidad millonaria que el fondo Parter prestó para que pudiera comprar la factoría, ya bajo la denominación de Alu Ibérica, y que previamente habría sido extraída de la caja de ambas fábricas. La juez exigió la devolución de los 13 millones de euros para garantizar la existencia de fondos que permitieran mantener la actividad de las plantas de producción de aluminio, si bien esta orden ha quedado ya sin efecto, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la revocara el pasado 29 de noviembre.
Un mes antes de conocer este 'revés', la magistrada instructora también obtuvo una negativa por parte de Suiza. El pasado 1 de octubre, el fiscal del Cantón de Schwyz Renzo Gervasini le comunicó que no podía acceder a la petición trasladada al entender que los hechos probados expuestos sobre la presunta "implicación criminal" de Blue Motion Technologies "no están suficientemente justificados ni substanciados y quedan, en gran medida, poco claros". Así consta en la respuesta traducida, a la que ha tenido acceso La Información, en la que se concluye que la "reventa (más cara)" de Alcoa "no debería tener ninguna relevancia penal, ni tampoco el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales".
"Únicamente fue una mediación"
El fiscal Gervasini señala en su escrito que, de la exposición de hechos probados que reproducen en la comisión rogatoria, se deduce que Blue Motion Technologies no fue la que compró las dos instalaciones de producción de aluminio, "sino que, al parecer, las dos sociedades españolas Alu Holding Ac Spain y Alu Holding Avl 2019 Spain, únicamente fueron creadas" por dicha mercantil. En este sentido, añade que "no se afirma ni tampoco se demuestra" que esta empresa suiza haya puesto capital a disposición de los nuevos propietarios de Alu Ibérica para la compra de las instalaciones en Avilés y A Coruña.
En opinión del Ministerio Fiscal suizo, con la venta de las plantas de aluminio al Grupo Riesgo, "únicamente se produjo una mediación" para que se concedieran unos "préstamos por un importe de 6,1 y 7 millones de euros a terceros". Unos préstamos que, según subraya el escrito de Suiza, Blue Motion en sí no concedió, "sino que fueron realizados únicamente a través de intermediarios". Todo ello le sirve al fiscal Gervasini para denegar la petición de la juez de la Audiencia Nacional, a la que además afea que no haya especificado la operación bancaria que supuestamente condujo al "desvío de capitales" para ayudar en la adquisición de Alu Ibérica (la antigua Alcoa).
Excesivos sueldos
Alcoa se vendió en julio de 2019 al fondo de inversión suizo Parter Capital, después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018, cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos fábricas. Sin embargo, el fondo no tardó mucho en quitarse de enmedio las dos plantas y en abril de 2020 fueron adquiridas por el Grupo Industrial Riesgo. La juez María Tardón investiga desde diciembre de 2020 las presuntas irregularidades en la venta de las plantas de A Coruña y Avilés tras admitir la querella presentada por la agrupación sindical Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP).
En el marco de esta instrucción, la magistrada designó el pasado mes de julio un administrador judicial para controlar “la actuación de los actuales gestores”. Un administrador que en varias ocasiones ya ha advertido a la juez de las conductas de los nuevos propietarios de las fábricas de aluminio, como los excesivos sueldos de algunos directivos, que alcanzaban hasta los 25.000 euros mensuales. Precisamente por este último aviso, la juez Tardón acordó suspender temporalmente dichas retribuciones a seis altos cargos de Alu Ibérica ante el riesgo de que el cobro de las elevadas cantidades formara parte de una operativa para distraer fondos de la empresa.
Esta decisión fue confirmada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el pasado mes de noviembre, si bien no hizo lo mismo con la orden relativa a la devolución de los 13 millones de euros que se utilizaron para la compra de las plantas. En ese caso, los magistrados de la Sección Tercera consideraron que la juez se precipitó a la hora de imponer esta medida cautelar, pues, según indicaron, se debe fijar en el momento que acabe la instrucción, y tras observar si existen indicios de delito que permitan llevar a los imputados a un juicio, con el objetivo de asegurar dicha cantidad ante una eventual sentencia condenatoria.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios