Un total de 14 empresas suministradoras de agua han firmado este viernes convenios de colaboración con la Generalitat que suponen "un nuevo paso" para desarrollar las obligaciones de la Ley 24/2015 contra la pobreza energética, ha explicado en rueda de prensa el conseller de Economia y Conocimiento de la Generalitat, Jordi Baiget.
Las empresas se han comprometido con la Agència Catalana del Consum a conceder ayudas a fondo perdido, aplicar descuentos notables en el coste de los consumos mínimos de personas y unidades familiares en situación vulnerable, flexibilizar el pago y establecer un intercambio de información entre empresas, administraciones y entidades sociales.
Las distribuidoras que han suscrito los convenios son Agbar, Sorea, Anaigua, Comaigua, Gestaigua, Aigües de Sant Pere de Ribes, Aigua de Rigat, Aigües SVH, Aigües de Palamós, Aigües de Sabadell, Cassa, Aigües i Depuració, Aigües del Prat, Ematsa y Mina pública d'aigües de Terrassa, que en total suman unos tres millones de clientes y abastecen a una población de 5,9 millones de habitantes.
Las medidas tienen el objetivo de que el agua no sea "un factor de exclusión social", evitando que se lleguen a producir cortes del suministro y que se generen nuevas deudas, y llegarán a seis millones de personas en 235 municipios, el 80% de la población catalana, al que da servicio las empresas participantes --algunas localidades cuentan acuerdos con empresas a nivel municipal, sobre los que no se han dado datos--.
Baiget ha explicado que trabajan en el mismo sentido con las empresas de gas y luz, con las que aún no están en situación de firmar estos convenios, pero ha remarcado que existe esta voluntad, y ha añadido que no renunciarán tampoco a modificar la normativa sobre de bono social, "prácticamente inaplicable", aprovechando la nueva legislatura que empezará en el Estado.
DEUDAS ANTERIORES
El conseller ha anunciado que firmará un acuerdo con la Associació Catalana de Municipis (ACM) y con la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) para inyectar a estas entidades los 3,8 millones de euros del presupuesto de 2015 para pobreza energética que no llegaron a usarse, porque el proceso era complejo y enrevesado, y que servirán para enjugar las deudas de suministros --agua, luz y gas-- de 2014 y 2015.
El convenio, que se hará en presencia del tercer sector, agilizará el proceso y garantizará que se use este fondo, ante el hecho de que el año pasado solo se usaron 1,2 millones de los cinco disponibles porque muchas empresas no pudieron justificar las facturas, y de este modo las federaciones municipalistas podrán poner el presupuesto al servicio de entidades sociales para terminar con las deudas con suministradoras que tengan familias en riesgo.
COLABORACIÓN
El director general de Agbar, Ignacio Escudero, ha destacado la necesidad de colaborar entre empresas, administraciones, servicios sociales y entidades para lograr llegar al máximo de personas, a lo que el director de Sorea, Francesc Mayné, ha añadido que esta cooperación consigue llegar a las personas que realmente lo necesitan, lo que desde las empresas es difícil de distinguir y detectar.
El conseller ha remarcado el papel de la Agència Catalana del Consum para informar a las personas vulnerables y "hacer cumplir la ley", amparándose en el marco legal catalán, y trabaja para que no haya ningún corte que vulnere los derechos de las personas y, si se produce, la agencia sanciona a las empresas.
Actualmente tramita 98 expedientes sancionadores a empresas de suministros, que acabarán en sanciones que hasta ahora han sido de 10.000 euros, aunque se trata cada caso por separado.
Baiget ha destacado que la justicia social y la igualdad de oportunidades pasan por garantizar el acceso a los suministros básicos de luz, agua y gas a todas las personas, lo que "tiene que ver con el respeto humano y la responsabilidad colectiva", y ha reiterado el compromiso de la Generalitat y de las empresas firmantes contra la pobreza energética, mientras que el marco normativo catalán ha estado combatido por el Estado, ha lamentado.
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