El Tribunal Supremo no se va a oponer a que ningún acusado del juicio por el procés lleve lazos amarillos en defensa de la causa independentista. Así de rotundo se ha mostrado el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, que ha replicado a la acusación popular que ejerce Vox que este tipo de emblemas se entienden como "símbolo ideológico" y están amparados por la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). De hecho, ha recordado la condena que interpuso por un caso similar Europa a Bélgica -país donde se encuentra huido Carles Puigdemont- para razonar su decisión.
En concreto, Manuel Marchena ha hecho alusión sin mencionarla a la condena que interpuso Estrasburgo el pasado mes de septiembre contra el mismo país que denegó la extradición del expresidente catalán por prohibir la entrada de una mujer que portaba velo en un tribunal. La corte argumentó en su decisión que se había vulnerado el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión de Hagar Lachiri, ciudadana de nacionalidad belga a la que se tuvo que indemnizar con 1.000 euros.
"Es cierto que no es religioso pero el rango axiológico con el que lo contempla el Convenio de Roma (para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales) es lo mismo. La Sala quiere interpretar que es un símbolo ideológico y no va a poner ningún obstáculo a que los acusados usen este símbolo", ha respondido Marchena a la expresa petición formulada por Pedro Fernández, abogado de la formación de Vox, que ejerce la acusación popular en el procedimiento.
El presidente de la Sala de lo Penal ha explicado que, aunque tanto en el caso belga como en el relativo a otra condena a Bosnia, los símbolos en cuestión fueron considerados de tinte religioso; en esta situación que nos ocupa lo es de carácter "ideológico", si bien el razonamiento para permitir que los acusados lo lleven lo que resta de procedimiento es exactamente el mismo. Cabe destacar que el único acusado que porta el lazo amarillo en la solapa de su chaqueta es Jordi Sànchez, expresidente de ANC y diputado de Junt Per Catalunya.
Reivindicación discreta desde el banquillo
El resto de exconsellers que pertenecieron al gobierno de Carles Puigdemont han vuelto a presentarse en esta segunda sesión de juicio con un pequeño pin institucional con el que pretenden legitimar los cargos que abandonaron tras la aplicación por parte del Gobierno de Mariano Rajoy del artículo 155 de la Constitución. La excepción aquí la protagoniza el que fuera responsable de la cartera de Empresa, Santi Vila, quien no lleva ningún emblema. Su abogado también se desmarcó este martes de la línea de defensa que sostienen el resto de letrados de acusados al asegurar que dimitió de su cargo precisamente para mostrar su disconformidad con la deriva soberanista y la convocatoria de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).
Sea como fuere, se trata de una simbología de carácter bastante discreto que no destaca especialmente en un Salón de Plenos abarrotado por público partidario y detractor de los acusados. Entre este último grupo de personas destacan sus familiares directos (se les permite llevar dos por cada uno de los encausados) los cuáles este mismo martes sí hicieron su llegada al tribunal con complementos en tono amarillo como bufandas, sudaderas y pañuelos.
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