Buenos Aires, 18 jun.- La Corte Suprema de Argentina imprimió hoy un duro revés a la reforma judicial promovida por el Gobierno de Cristina Fernández al declarar inconstitucional la polémica reforma del Consejo de la Magistratura y dejar sin efecto la convocatoria a la elección popular de los miembros de ese órgano.
En un fallo dividido, el máximo tribunal declaró inconstitucionales cuatro artículos de la ley recientemente aprobada por el Parlamento por la que se introdujeron cambios en la regulación del Consejo de la Magistratura, órgano de designación y remoción de jueces creado por la reforma constitucional de 1994.
Los jueces supremos también declararon inconstitucional el decreto por el cual el Gobierno realizó la convocatoria para la elección de candidatos a consejeros, que iba a celebrarse en simultáneo con los comicios legislativos de este año.
En su fallo, difundido por el Centro de Información Judicial, los miembros de la Corte aclararon que, si bien su decisión deja sin efecto esa votación de consejeros, no afectará los comicios para diputados y senadores nacionales.
Con relación al Consejo de la Magistratura, al declararse la inconstitucionalidad de los cambios, el fallo determina que ese cuerpo se riga por la anterior ley "para evitar una parálisis de su funcionamiento".
La reforma impulsada por el Gobierno de Fernández y aprobada gracias a la mayoría oficialista en el Congreso aumentaba de 13 a 19 el número de miembros del Consejo de la Magistratura y contemplaba su elección por votación popular en candidaturas partidistas.
Esos cambios eran el aspecto más polémico de un conjunto de reformas en el Poder Judicial propuestas por Fernández para lograr una "democratización" de la Justicia.
Pero las modificaciones fueron seriamente cuestionadas por partidos de oposición, asociaciones de magistrados y de abogados, muchos de los cuales acudieron a los tribunales en contra de una reforma que, a su juicio, suponía una "partidización y politización" de la Justicia.
Según el fallo de la Corte, por seis votos contra uno, "no es posible que bajo la invocación de la defensa de la voluntad popular, pueda propugnarse el desconocimiento del orden jurídico, puesto que nada contraría más los intereses del pueblo que la propia transgresión constitucional".
Tras conocerse la decisión del Supremo, el jefe de Gabinete de Argentina, Juan Manuel Abal Medina, tachó al fallo como "una afrenta al pueblo argentino".
"La profundización de nuestra democracia requiere de la participación del pueblo en todos los poderes esenciales del Estado, más aun en el Poder Judicial", dijo Abal Medina en declaraciones a la agencia oficial Télam.
El jefe de Gabinete señaló que los argumentos "en contra de la democratización de la Justicia son débiles, no sólo desde el punto de vista técnico sino que son absolutamente peligrosos desde el punto de vista político, porque lesionan los principios y valores fundamentales de la democracia".
"Quienes así no lo entienden, indiscutiblemente, le tienen temor al voto de la gente, a la expresión del pueblo. Le temen, en definitiva, al ejercicio de la soberanía popular", afirmó.
"Vamos a respetar el fallo, como siempre nuestro Gobierno ha respeto los fallos", aseguró por su parte el ministro de Justicia, Julio Alak, en declaraciones al canal C5N.
El ministro no precisó si el Gobierno piensa recurrir a tribunales internacionales ante la decisión de la Corte, aunque sostuvo que el derecho a que el ciudadano vote a los funcionarios públicos está consagrado no solo en las leyes argentinas sino en acuerdos internacionales suscritos por el país suramericano.
Con la decisión de hoy, la Corte Suprema de Justicia avaló un fallo de primera instancia de la jueza María Servini de Cubría, del fuero federal electoral.
La semana pasada, la magistrada había determinado que la reforma del Consejo de la Magistratura era inconstitucional y suspendió luego el proceso para la elección de los miembros de ese órgano, que iba a llevarse adelante en simultáneo con los comicios parlamentarios, con primarias en agosto y elecciones en octubre próximo.
La decisión de Servini de Cubría fue apelada por el Gobierno de Cristina Fernández mediante un recurso extraordinario para que fuera la Corte Suprema la que se pronunciara sobre el fondo de la cuestión.
El máximo tribunal emitió su fallo un día después de que la jefa de los fiscales de Argentina, Alejandra Gils Carbó, elevara a la Corte un dictamen en el que consideraba constitucional la reforma.
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