Bogotá, 13 sep.- María del Pilar Hurtado y Bernando Moreno exjefa de inteligencia y exsecretario general de la Presidencia de Colombia, fueron acusados hoy formalmente ante la Corte Suprema de Justicia por operaciones de espionaje ilegal durante el gobierno de Álvaro Uribe.
En la misma diligencia, a la que Hurtado no asistió pues está asilada en Panamá, la Sala Penal del CSJ admitió como parte del proceso a tres excongresistas, siete jueces y un integrante del Consejo de la Judicatura que fueron víctimas del espionaje.
La trama fue uno de los mayores escándalos políticos del mandato de Uribe (2002-2010), quien niega tajantemente haber sabido de las escuchas ilegales cuando se llevaron a cabo.
En la vista de hoy, con la que se inició formalmente el proceso, la fiscal general Viviane Morales avanzó en la "formulación de la acusación" contra los dos exfuncionarios.
La fiscal imputó a Hurtado, que figura como reo ausente, los delitos de "concierto para delinquir agravado, abuso de función pública, peculado por apropiación, interceptación ilegal de comunicaciones y falsedad ideológica", así como por utilizar de forma indebida dinero público para soborno.
A Moreno, detenido desde agosto pasado, le acusó de concierto para delinquir agravado, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones.
"Para la fiscalía sí es gravísimo lo que los elementos probatorios nos muestran de la participación en un concierto para delinquir con el ánimo de desprestigiar a la Corte, a algunos congresistas y periodistas", declaró la fiscal Morales durante una audiencia preliminar en mayo pasado.
Al inicio de la sesión, los nueve jueces de la Sala Penal admitieron como víctimas a los excongresistas opositores Piedad Córdoba y Gustavo Petro, así como a la antigua legisladora oficialista Yidis Medina, testigo en una causa por irregularidades en las gestiones de la enmienda constitucional que facilitó la reelección de Uribe en 2006.
La Sala Penal aceptó en la misma condición a siete magistrados de la CSJ, Augusto Ibáñez, María del Rosario González, Sigifredo Espinosa, Yesid Ramírez y Marina de Pulido, así como a José Alfredo Escobar, del Consejo Superior de la Judicatura.
Por esta razón, la sala tuvo que constituirse con dos jueces titulares y siete conjueces, que reemplazan a los mencionados.
El periodista Carlos Lozano, director del semanario comunista Voz, no fue admitido como víctima, por falta de una argumentación suficiente, según los magistrados, como tampoco lo fueron la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH, con sede en París) y el movimiento Polo Democrático Alternativo (PDA).
Tanto la revista como las dos organizaciones se habían personado como víctimas de la trama de escuchas y seguimientos ilegales durante la gran parte de los dos gobiernos de Uribe (2002-2010).
La campaña fue montada por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que depende del jefe del Estado, y tuvo como objetivo magistrados, políticos de oposición, defensores de los derechos humanos y periodistas.
Hurtado, directora del DAS de agosto de 2007 a octubre de 2008, y Moreno, secretario general de la Presidencia en el segundo período de Uribe (2002-2010), son los dos más altos funcionarios del exgobernante implicados en esta trama.
La fiscal general emitió una orden de detención preventiva de ambos el 18 de mayo pasado, durante una audiencia previa de imputación de cargos ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Posteriormente, Morales pidió la captura de Hurtado con fines de extradición, solicitud que el pasado agosto fue denegada por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) debido al estatus de asilada territorial de la colombiana.
Los dos exfuncionarios fueron sometidos a una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General, que el año pasado los sancionó con la destitución retroactiva y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 18 años.
Al menos una veintena de antiguos funcionarios del DAS han sido procesados por su responsabilidad en esta trama, que también tiene a Uribe ante una investigación previa en la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes.
Uribe compareció el mes pasado ante este órgano parlamentario, donde una vez más negó cualquier vinculación con la trama del espionaje ilegal.
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