El Tribunal Supremo afronta un 2019 clave debido a la inminente celebración de uno de los juicios más trascendentales de la historia del país; el de la causa del 'procés' independentista. Sin embargo, antes de abordar este procedimiento, los magistrados de la Sala de Admisiones estudiarán un asunto más que relevante para el devenir de la instrucción de las causas de corrupción: la querella interpuesta contra el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por las grabaciones telefónicas en la trama 'Lezo'.
Según explican fuentes jurídicas a La Información, los magistrados que integran esta Sala de lo Penal -con su presidente Manuel Marchena al frente- abordarán a mediados del próximo mes una cuestión que provocó un auténtico cisma en el caso, puesto que mientras la Audiencia Nacional respalda que el instructor diera luz verde a una grabación entre el investigado Juan Miguel Villar Mir y su abogado Carlos Domínguez; el Colegio de Abogados denunció estos hechos y mostró su apoyo al letrado que llevó el asunto al alto tribunal.
La Fiscalía, por su parte, ha informado en contra de la admisión a trámite de la querella, cuya ponencia correrá a cargo del magistrado que instruyó la deriva soberanista, Pablo Llarena. Considera el Ministerio Público que Manuel García Castellón no ha cometido prevaricación con su actuación puesto que esas conversaciones mantenidas entre el letrado y su cliente y que, en principio, están protegidas por el derecho a confidencialidad entre ambos, nunca llegaron al juzgado.
No obstante, el letrado del expresidente de OHL entiende que el juez vulneró el derecho del secreto profesional al permitir a los agentes de la UCO la grabación de once horas de conversaciones mantenidas entre ambos (y también Javier López Madrid) durante los meses de diciembre de 2017 y febrero de este año. Denuncia la defensa que el juez se ha valido de esta decisión para adentrarse en la estrategia judicial de Villar Mir, investigado en la pieza número 3 de esta causa por la presunta donación de 2,5 millones de euros para adjudicarse el proyecto de tren de cercanías entre las localidades de Navalcarnero y Móstoles (Madrid).
La querella, que también se dirige contra un secretario judicial de la Audiencia Nacional, recoge que los hechos en cuestión están relacionados con una citación para que la Guardia Civil le tomara las huellas digitales al empresario. Su defensa pidió la suspensión de las citaciones y finalmente se sometió a dicha diligencia el 12 de enero de este año. Alega, además que las conversaciones privadas sobre este asunto se incluyeron en el atestado final elaborado por la UCO pese a que pidieron que no se incorporara a la causa.
Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional avaló la actuación del instructor y el criterio de la fiscal del caso, Ana Cuenca, quienes consideraron que había que investigar estas conversaciones entre abogado-cliente ante la sospecha de que podrían haber falsificado un certificado médico para evitar tener que ir a que le tomaran huellas. La Fiscalía del Tribunal Supremo fue más allá al recordar que la legislación sí permite este tipo de grabaciones siempre que existan indicios de delito que incriminen al magistrado y defendió que la creación de una pieza secreta para investigar este asunto concreto se hizo para proteger la privacidad de los implicados en el asunto.
Sea como fuere, aunque lo que se estudia en las próximas semanas es la querella concreta del letrado Carlos Domínguez, son muchos los abogados que van a estar muy pendientes de la decisión que adopte el tribunal de la Sala de lo Penal en torno a este asunto que tanta controversia genera en otras causas que también se instruyen en la Audiencia Nacional como puede ser La Rueda de las Televisiones o la trama Púnica.
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