Miércoles, 27.05.2020 - 11:19 h
Ante la posibilidad de confinarles en sus casas

El Supremo advierte al Govern que sacar a los presos del 'procés' puede ser delito

Avisa de que si dan luz verde a esta medida identificará a los funcionarios que participen en ella por posible comisión de prevaricación.

Entregan sus credenciales los diputados presos
La Generalitat plantea la posibilidad de confinamiento para ellos. 

El Tribunal Supremo tomará medidas si la Generalitat permite que los líderes independentistas condenados por el 'procés' puedan confinarse en sus casas durante el estado de alarma. Fuentes jurídicas del alto tribunal advierten de que la Sala de lo Penal que preside el magistrado Manuel Marchena pedirá explicaciones a la Junta de Tratamiento de las cárceles y a los directores de cada centro identificando además a título individual a los funcionarios que respalden esta iniciativa por poder ser constitutiva de un delito de prevaricación.

La respuesta del alto tribunal, que condenó a los doce líderes de la deriva independentista catalana a penas de entre 9 y 13 años de cárcel, se produce después de que la Generalitat de Cataluña planteara la posibilidad de que los nueve condenados que permanecen en prisión puedan salir de la cárcel mientras dure el estado de alarma decretado por el Ejecutivo el pasado 14 de marzo. La Consejería de Justicia que dirige la líder de ERC Ester Capella anunció la intención de que se aplique esta opción a todos los internos sujetos al artículo 100.2 del Reglamento Peninteciario, que autoriza permisos laborales, y entre los que se encuentran los del procés.

Identificar a los funcionarios

Aunque esta consejería expone que se trata de una "medida inédita en una emergencia sin precedente", el Tribunal Supremo ya ha advertido de que pedirá explicaciones tanto a las juntas de tratamiento de los centros como a los respectivos directores de los mismos que autoricen la excarcelación. Las fuentes explican que se dirigirán a ellos para que, "a la mayor brevedad", expliquen el fundamento jurídico que justifica esta decisión e identifiquen de forma nominal a los funcionarios que han apoyado este acuerdo, puesto que se les podría exigir responsabilidades penales por un presunto delito de prevaricación.

Con todo, no es la primera vez que a los nueve presos del 'procés' se les aplica este artículo del reglamento. De hecho, el pasado mes de febrero el centro penitenciario de Lledoners ya dio luz verde a que los condenados salieran unas horas al día de lunes a viernes en el marco de este régimen de semilibertad y que contempla salidas para acudir a trabajar, cuidar de familiares y ejercer un voluntariado. Los nueve condenados en prisión se acogieron a esta medida, pese al criterio contrario de la Fiscalía. Tal es el caso del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras que abandonó la prisión para dar clases en Manresa. 

Aunque en todos estos casos anteriores los presos acudían a dormir a prisión, la medida que ahora pone sobre la mesa el departamento que dirige Capella implicaría un confinamiento de 24 horas en sus respectivos domicilios, tal y como se ha aplicado a los presos que gozan del tercer grado. Argumenta el Govern que el objetivo de esta propuesta es disminuir el riesgo de contagio de coronavirus en las cárceles de Cataluña y que, en caso de que las juntas de tratamiento dieran el visto bueno a la propuesta del Govern, la misma tendría validez hasta el día en que se levante el estado de alarma decretado por la emergencia sanitaria. 

De este modo, la Generalitat deja la decisión en manos de las juntas de tratamiento de las cárceles pese que el Ministerio del Interior ya descartó que la opción de confinar a los presos a los que se le aplique el 100.2. El departamento que dirige Ester Capella explica que la revisión de esta medida comienza desde hoy mismo en todos los centro penitenciarios. A lo largo de esta semana, las cárceles celebrarán juntas de tratamiento extraordinarias en las que se decidirán las medidas a aprobar y las cuáles se aplicarán de manera "inmediata". Se trata, según explica su departamento, de un procedimiento sin intervención de la secretaría de Medidas Penales, dependiente del Govern. "La decisión de la junta va directa hasta la mesa del juzgado de vigilancia penitenciaria que no informa a la Fiscalía para que se posicione", reza la decisión.  

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