El Tribunal Supremo da luz verde a investigaciones de Hacienda con carácter retroactivo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo casa doctrina sobre este asunto al estudiar el caso de la multinacional Oracle. El gigante tecnológico, que ha estado sujeto a inspecciones del fisco desde el año 2014, llevó su batalla legal hasta el final tras conseguir suspender una millonaria sanción de 25 millones. Su objetivo era que la Administración no pudiera poner la lupa en años anteriores tras corregir su dictamen pero el Supremo ha fallado a la contra y lo ha hecho facilitando que se puedan practicar nuevas liquidaciones en sustitución de las que han sido anuladas.
El pasado mes de junio, la Sala III admitió estudiar el recurso interpuesto por el gigante de California contra el fallo de la Audiencia Nacional de 2019. Los magistrados explicaron que el asunto suscitaba "cuestiones de interés general" y que había que esclarecer. La queja de la multinacional se centraba específicamente en que se habían acordado decisiones de calado que le afectaban de manera directa sin ni tan siquiera ponderar las repercusiones de una investigación con carácter retroactivo de la Hacienda Pública. Denunciaron que el TEAC les libró de la sanción, pero dio luz verde a indagar en ejercicios pasados casi de manera automática, sin estudiar el fondo de un asunto clave al tratarse de una sanción millonaria.
La multinacional también advirtió que en este caso concreto no había intereses públicos en juego; es decir, que la aplicación inmediata de lo acordado por el TEAC no era tan necesaria, máxime teniendo en cuenta que ya habían satisfecho la deuda de 35 millones ante el fisco. Sin embargo, el Supremo no les ha dado la razón. Aunque en principio consideró clave fijar los criterios que se siguen para suspender un acto administrativo, ha terminado inclinando la balanza a favor de los tribunales que ya se pronunciaron sobre su deuda. En el fallo, del que ha sido ponente el magistrado recientemente fallecido Nicolás Maurandi, explican que la Audiencia Nacional sí ha estudiado el asunto y sí ha barajado los riesgos. Prueba de ello es que decidieron dejar en punto muerto la sanción pero respaldaron que el fisco investigara ejercicios anteriores a los indagados.
De esta forma el alto tribunal da por zanjado un conflicto que arrancó en el año 2014 cuando Hacienda le reclamó una deuda de 35 millones de euros por irregularidades en el impuesto de no residentes entre los ejercicios 2009 y 2011. Hacienda puso el foco en Oracle Emea (que cubre las zonas de Europa, Oriente Próximo y África y está asentada en Irlanda) y en Entreprise Solutions, destinada a implantar soluciones para la gestión de los proyectos de software del negocio. El asunto acabó en manos del TEAC ya en 2018 ante el cual la firma presentó una pericial para probar que las liquidaciones estaban bien hechas. Sin embargo, el Tribunal Central no entró en el fondo de la cuestión dejando claro que su labor se ciñe a revisar exclusivamente los asuntos económicos.
Ahora bien, concluyó que la correcta calificación de las rentas pasaba por un análisis del productor de software que comercializa la californiana. Por ese motivo anuló el acuerdo de liquidación, le devolvió los 35 millones de euros reclamados por Hacienda y ordenó una investigación retroactiva. La empresa, disconforme con el resultado, llevó el asunto a la Audiencia Nacional. Este órgano se pronunció en dos sentencias de ese mismo 2018 y abril de 2019 que tampoco favorecían sus intereses porque vinieron a respaldar lo acordado por el TEAC. Aunque la firma esperaba librarse de la retroacción de la investigación, la Audiencia Nacional dejó esta puerta abierta aclarando que no afectaba la esfera jurídica porque se trataba de impulsar un proceso diferente al que terminó en la sanción devuelta. Un criterio que ahora respalda el alto tribunal y con el que se abre la puerta a nuevas pesquisas tributarias a Oracle.
Con esta derrota vivida por Oracle en el Alto Tribunal, el caso regresa de nuevo a la Agencia Tributaria que tendrá que dilucidar en un nuevo estudio del caso y cuál debe ser la cuantía definitiva a pagar por esa estructura fiscal. Lógicamente será inferior a los 35 millones de euros del primer procedimiento (28,8 millones de cuota y 6,1 millones de recargo) y 24,8 millones de varias sanciones. Se trata de la cifra más alta de las que se han registrado hasta la fecha por una empresa tecnológica, que a la postre es uno de los sectores más señalados por sus ingenierías fiscales con sedes en países como Irlanda o Luxemburgo. Está por encima de Microsoft, que ha sumado más de 30 millones en dos sanciones.
Pese a que esta es la batalla más cuantiosa de las que mantiene el gigante estadounidense, no es la única. Ya en 2018 volvió a ser inspeccionada una vez más por los Impuestos de Sociedades entre los ejercicios 2012 y 2015. El resultado fue el pago de otros 8,1 millones de euros, además de 1,2 millones por intereses de demora para la que ha ejecutado una provisión. ¿Cómo es la estructura fiscal de la compañía? Repite el esquema precisamente de Microsoft, pues cobra comisiones por la distribución de software cuya propiedad intelectual se encuentra en una matriz con sede en Irlanda, lo que reduce de manera importante el pago de tributos. En concreto, en los últimos años ha pagado apenas 10 millones de Sociedades.
Precisamente estas estructuras fiscales son las que tratan de atajar la llamada 'Tasa Google', aprobada por el Gobierno y que entró en vigor a principios de este año. Ni Oracle ni Microsft han movido ficha como sí lo han hecho las filiales de otras grandes firmas del sector como Google y Amazon. Estas dos últimas anunciaron recargos de un 2% y un 3%, respectivamente, sobre las tarifas en la publicidad y en la gestión de su plataforma de 'marketplace' para trasladar el coste de esta nueva figura impositiva.
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